La polémica costumbre del kirchnerismo de señalar a empresas evasoras de impuestos, parece haber encontrado un interesante límite. Es que, en los últimos días se supo que Lázaro Báez, el polémico empresario patagónico y supuesto testaferro de los Kirchner, ha sido artífice de una maniobra millonaria de evasión impositiva mediante la utilización de facturas apócrifas.
Si cupiera alguna duda, baste saber que el propio Báez ha decidido acogerse a una moratoria fiscal por unos 75 millones de pesos, admitiendo en el acto el delito referido.
El caso involucra a la constructora Gotti SA, una de las mimadas del oficialismo a la hora de otorgar millonarios contratos de obra pública.
Según reveló diario La Nación hace unos días, hay dos investigaciones judiciales en curso que investigan esa empresa: una, por cerca de $ 13 millones, quedó en Buenos Aires, en manos del juez en lo Penal Económico Rafael Caputo; la otra, por los $ 62 millones restantes, fue girado al Juzgado Federal con competencia en Comodoro Rivadavia.
“Caputo deberá verificar si con el acogimiento a la moratoria la firma Gotti SA cubrió la pretensión fiscal por los impuestos impagos, que en su momento llegaron a estimarse en más de $ 400 millones, en tanto que en Chubut deben primero determinar si aceptan su competencia o devuelven el expediente a Buenos Aires”, asegura el matutino.
Sin embargo, habría otra empresa vinculada con Báez que también es sospechosa de evadir unos $ 6 millones: Palma SA. En ese expediente, el contador y supuesto prestanombre del empresario, Fernando Javier Butti, fue llamado a indagatoria por esa presunta evasión fiscal.
La imputación es grave, pero deja al descubierto las grietas de la ley de moratoria y blanqueo de capitales que promovió la Casa Rosada y que provocó que cerca del 50% de las empresas en la mira de la Justicia se acogiera a la posibilidad de pagar sus deudas en cuotas y, a cambio, obtener la extinción de la acción penal cuando completaran el cronograma de pagos. Un verdadero despropósito.
“Gotti SA podría cerrar así uno de sus capítulos judiciales más incómodos, que incluyó otros múltiples flancos débiles. Entre ellos, con el juez del fuero en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, quien investigó si la constructora dibujó gastos por $ 20 millones a través de las mismas usinas de facturas apócrifas que la firma sueca Skanska, que luego echó a su cúpula local y admitió ‘pagos ilegítimos’ a funcionarios kirchneristas”, insiste La Nación.
Hay que recordar que Báez creó la firma Austral Construcciones en mayo de 2003, sugestivamente lo hizo en el preciso momento en que Néstor Kirchner llegó al poder.
Pero hay más datos curiosos que nadie investiga. Por caso, en Palma SA trabaja Diego Palleros, el hijo del traficante de armas que fue procesado durante el gobierno de Carlos Menem. Palleros se encuentra casado con Irene Báez.
Lo interesante del caso es que todo confluye en un sugestivo domicilio: Pasaje Carabelas 241, donde aparece la firma “Invernes”. En la Patagonia aseguran que el nombre se debe a “Inversiones Néstor”, en alusión al fallecido ex presidente.
Esa es una de las empresas que debe investigarse para entender la matriz de la corrupción oficial, especialmente en lo referido a sobreprecios en la obra pública.
Será el principio del fin de la impunidad.