Con bombos y platillos, este miércoles el Gobierno nacional anunció un nuevo sistema para el registro de vehículos y la impresión de formularios, cédulas verdes y chapas patente por parte de la Casa de Moneda, lo que, en teoría, produciría un millonario ahorro para el Estado Nacional, además de incluir una tecnología más eficiente.

 Así lo explicaron en la sala de Conferencias de la Casa de Gobierno el ministro de Justicia, Julio Alak y el secretario de Justicia, Julián Álvarez; este último no casualmente vinculado a La Cámpora.

"El nuevo sistema de registración automotor tiene tres ejes fundamentales: una administración más eficiente y transparente de los recursos del Estado; más innovación tecnológica para hacer más eficiente el sistema de registración en la Argentina y una  simplificación del procedimientos de trámites", detalló Alak.

Sin embargo, el funcionario no dio precisiones acerca de cómo se implementará y por qué se lleva adelante una medida que no era urgente frente a la necesidad imperiosa de llevar adelante otros cambios en ciertos estamentos del Estado.

Lo que más suspicacias provoca es el acuerdo que el gobierno refrendó con la entidad que nuclea los concesionarios de autos del país (ACARA), lo cual fue presentado como una acción tendiente a un "ahorro muy importante en cuanto a los recursos".

Sobre las sospechas acerca de esa entidad, escribió hace años Santiago O'Donnell, al denunciar que muchos de los trámites que allí se hacen sirven "para financiar ciertas actividades del Ministerio de Justicia, por ejemplo sobresueldos para muchos empleados de la cartera y los haberes completos de casi la mitad de los 45 profesionales que trabajan en la Oficina Anticorrupción". El dato lo admitió el entonces secretario de Justicia, Jorge Pérez Delgado, ante la consulta de diario La Nación. En esa nota, se describieron perfectamente los curros de ACARA:

El cobro de placas patentes y documentación del auto lo maneja Acara, una entidad gremial empresarial que agrupa al 90% de los concesionarios de autos.

La entidad de concesionarios funciona como "ente cooperador" del Ministerio de Justicia. ¿Qué es un ente cooperador? Gracias a una ley de 1985, los distintos ministerios pueden delegar ciertos negocios en manos de "entes cooperadores".

Lo que el Estado recauda a través de estos "entes" no aparece en el presupuesto nacional: son "cajas" que no auditan los organismos de control de Estado y que sirven, por ejemplo, para pagar sueldos de personas que trabajan para el Estado, pero tributan como autónomos bajo contrato con los entes cooperadores. Por medio de este mecanismo, decenas de empleados del Ministerio de Justicia, incluyendo casi la mitad de los 45 empleados de la Oficina Anticorrupción, cobran su sueldo directamente de Acara.

El sistema también sirve para hacer contrataciones directas, sin pasar por el proceso licitatorio, como hizo Acara en 1997, cuando le compró 1,5 millón de cédulas verdes a la imprenta Ciccone Calcográfica.

De los entes cooperadores del Ministerio de Justicia -entre ellos hay entidades muy conocidas, como el Colegio Público de Escribanos y la Editorial La Ley- también salen los fondos para pagar el alquiler de la oficina del Ombudsman nacional y la compra de edificios para crear nuevos juzgados comerciales y partidas para financiar, por ejemplo, la construcción de la cárcel de Ezeiza.

Al menos esto es lo que reconocen importantes funcionarios del Ministerio de Justicia, porque no existen mecanismos para monitorear el manejo de estos fondos ni evitar que se empleen en campañas políticas o cosas peores.

Los gremios estatales llevan años intentando colocar un veedor en el ministerio para monitorear el uso de estos fondos, pero hasta ahora han fracasado.

Casualmente, la Oficina Anticorrupción abrió una carpeta para revisar el funcionamiento de los entes cooperadores al descubrir por medio de declaraciones juradas, que funcionarios de igual jerarquía perciben distintas remuneraciones.

"Varios ministerios tienen entes cooperadores, que vienen a conformar, de algún modo, un Estado dentro del Estado. Y no es el único: hay cientos de profesionales que trabajan para el Estado, pero cobran sus sueldos de los organismos internacionales, y esto produce grandes distorsiones. Un abogado puede estar cobrando 2000 pesos por mes del Estado y a su compañero de oficina, que hace el mismo trabajo, le paga 7000 pesos por mes el Banco Interamericano de Desarrollo. Este es uno de los temas pendientes para una futura reforma del Estado", dijo un joven funcionario del Ministerio de Justicia.

Además de financiar gastos ocultos del Ministerio de Justicia, los usuarios de automóviles financian el funcionamiento de Acara. El ente cooperador tiene un edificio en la calle Lima al 200 que, más que una repartición pública, se asemeja a un hotel cinco estrellas: paredes recién pintadas, muebles nuevos, guardias de seguridad en cada piso, decenas de secretarias jóvenes, impecablemente vestidas en idénticos uniformes de blusa blanca, saco y minifalda gris. En la recepción brilla un cartel plateado con el nombre Edificio Acara inscripto en letras de molde.

Ni en el ministerio ni en Acara nadie quiso informar el monto de la comisión que Justicia le paga al ente cooperador para que le administre los registros de automotor.

"Son cifras que no manejo. Acara se queda con una comisión, pero no le puedo decir qué proporción", dijo Pérez Delgado.

Oscar Cortis, gerente de Acara, explicó que esa entidad tiene dos fuentes de ingresos: las cuotas sociales de sus 800 socios, que pagan un promedio de 100 pesos por mes, y la comisión que perciben por manejar los fondos del ministerio. Cortis no quiso ir más allá. "¿Qué es esto, una inquisición? Esta es mi casa y yo no tengo por qué dar información que le compete exclusivamente al Ministerio de Justicia", señaló, ofuscado.

Lo interesante es cómo el Ministerio de Justicia, por medio de Acara, le traslada sus costos ocultos a los automovilistas.

A falta de un "bono para la construcción de cárceles" o un "fondo especial para la Oficina Anticorrupción", Acara le cobra a cada registro automotor un precio exorbitante por formularios comunes y corrientes y artículos de librería de uso obligatorio.

Así, por ejemplo, cada legajo de auto debe guardarse en una carpeta de cartulina verde con un sello del ministerio. Por esta carpeta, similar a tantas otras que cuestan centavos en las librerías, Acara les cobra 20 pesos cada una a los registros del automotor.

El "formulario 60", de dos carillas por triplicado, tres hojas en total, Acara lo cobra 15 pesos cada uno. Los "formularios 12", 16 pesos cada uno. Las placas, que le cuestan seis pesos, las vende al doble. Los precios, por supuesto, los fija el Ministerio de Justicia.

Como se ve, un negocio para unos pocos, que se verá complementado con un convenio con otra entidad sospechada de hechos de corrupción: la Casa de la Moneda a cargo de Katya Daura, amiga íntima de Amado Boudou. Ese organismo se encargará ahora de confeccionar formularios y otros elementos relacionados con el rubro automotor.

Por lo que pudo saber Tribuna de Periodistas, el "curro" se llevará adelante a través de la creación de la Subsecretaría de Coordinación y Control Registral, la cual estará manejada por miembros de La Cámpora, a través del propio Álvarez. "Necesitan hacer guita para la campaña 2013", aseguraron fuentes oficiales a este medio cuando se consultó el motivo por el cual se hacía este repentino cambio.

El propio el secretario de Justicia quedó en off side cuando debió explicar por qué había tanto interés en los cambios del sistema registral actual. Solo atinó a decir: "Porque hoy en la Argentina tenemos cosas que registrar". No es chiste.

Diego Golberg
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