Hace algunas semanas, funcionarios del kirchnerismo empezaron a sugerir en voz baja —sobre todo frente a ocasionales periodistas— que la seguidilla de delitos en la Capital Federal y en la provincia de Buenos Aires, podría deberse a un estudiado plan para "desestabilizar" al Gobierno nacional.
Como quien no quiere la cosa, el fiscal Luis Comparatore inició de oficio un expediente judicial que busca investigar si el descontento social podría "aprovecharse" para "boicotear la actividad del Estado". Es decir, si en nombre de la protesta, hay quienes quieren hacer un golpe al oficialismo.
En su escrito de denuncia, el funcionario —célebre por “cajonear” todas las denuncias efectuadas por profesionales de TDP— repasa los recientes "cacerolazos" contra algunos funcionarios del Poder Ejecutivo, los cuales fueron encuadrados dentro del "ejercicio legítimo" del derecho de "peticionar ante las autoridades", incluido en la Constitución Nacional.
No obstante, advierte que "la ecuación conformada por el descontento de una parte de la población, la adopción de medidas de seguridad en zonas consideradas sensibles, que involucran el apartamiento de autoridades, así como también perjudican las acciones ilegales que antes se llevaban adelante en la zona, pudiera mover a quienes vieran frustrada su actividad ilegal, o a quienes pretendieran aprovecharse de una situación de malestar que ha tomado estado público, a determinar la concentración de ilícitos en sectores de la ciudad o del conurbano determinados, con el fin de boicotear la actividad del Estado nacional en dicha materia o encender el clamor popular".
En ese sentido, el texto pide que se refuerce la seguridad "en las zonas consideradas de mayor sensibilidad a efectos de conjurar la agresión contra la seguridad pública".
Los detalles de ese documento se conocen al mismo tiempo que ha trascendido que el Ministerio de Justicia de la Nación inició una acción judicial contra los que se manifestaron ayer contra el secretario Guillermo Moreno. Imposible creer que se trate de una coincidencia.
En todo caso, es la exteriorización del temor que en estos momentos se vive en Casa de Gobierno por la catarsis que la sociedad ha comenzado a mostrar frente a la falta de respuestas oficiales. Lejos está de cesar ese movimiento, por más que se intente lo que se intente por parte del poder.
El propio Fernando De la Rúa intentó inclusive el siempre cuestionado Estado de Sitio y de nada le sirvió. La solución es siempre mucho más sencilla: escuchar con humildad el clamor popular.
Carlos Forte
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