En medio de una dura interna que viene llevándose adelante entre el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y su superiora, Nilda Garré, el hermano de esta última, Raúl, su jefe de Gabinete de asesores, presentó su renuncia este miércoles al cargo, en medio de un fuerte conflicto entre la administración kirchnerista y las fuerzas de Seguridad, tal cual fue anticipado por TDP hace dos días.

El hermano de Garré fue el encargado de escribir la resolución que modificó los salarios de las fuerzas, dando inicio a las protestas de la Prefectura y la Gendarmería, que se niegan a volver a sus cuarteles hasta no tener una respuesta a sus reclamos.

La renuncia quedó plasmada a través del decreto 1891/12, que lleva las firmas de la presidenta Cristina Kirchner, el jefe de Gabinete de ministros, Juan Manuel Abal Medina, y la propia Nilda Garré.

Raúl Garré redactó el decreto 1.307/12, resolución que debía encargarse de regularizar la situación salarial en Gendarmería y Prefectura, pero su aplicación fue lo que activó la protesta que ya lleva ocho días, dado que efectivos y suboficiales de ambas fuerzas alegan que sus ingresos se vieron reducidos entre 30 por ciento y 60 por ciento.

Días atrás, Abal Medina reconoció que la liquidación de sueldos fue "desastrosa" y responsabilizó por el hecho a las cúpulas directivas por intentar mantener sus "privilegios" salariales, que ascendían hasta los cien mil pesos.

En ese contexto, ayer el Ministerio de Seguridad realizó una denuncia penal contra contra el ex director Nacional de Gendarmería Héctor Schenone y su ex segundo Juan Obdulio Sainz, por los delitos de "administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública" y "tráfico de influencias".

De acuerdo con la denuncia, existieron "algunos casos" en los que, gracias a fallos judiciales "se habían liquidado diferencias mayores al 800 por ciento respecto del haber o sueldo mensual".

Se profundiza el conflicto

El conflicto con Prefectura y Gendarmería por los sueldos se profundizó luego de que el Gobierno rechazara las pretensiones salariales de los manifestantes y el pedido para dar marcha atrás con sanciones contra efectivos.

El vocero de los suboficiales de Gendarmería, Raúl Maza, aseguró que el Gobierno se les "rió en la cara" y anunció como represalia que se levantarán el 50 por ciento de las puestos que esa fuerza tiene desplegados en todo el país.

Tras ocho días de protesta, el Gobierno dijo que "es imposible ofrecer un básico de 7 mil pesos en cualquier área pública" y denunció "una verdadera industria del juicio" en torno a los haberes de efectivos de Prefectura y Gendarmería, que involucra a miembros de los servicios contables de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, abogados próximos a ellos y jueces.

Durante una conferencia de prensa en el Palacio de Hacienda, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, anunciaron que iniciarán "acciones judiciales" por los amparos en los haberes. Los ministros aseguraron que con la aplicación efectiva del decreto que modifica la escala salarial "la enorme mayoría de efectivos verá mejorada su situación", ya que hará remunerativo entre el 80 y 90 por ciento del haber.

"Hemos constatado, por lo que hay acciones judiciales presentadas, que las modalidad de pago presentaba deficiencias y están al borde de situaciones que son delictuales", sostuvo Abal Medina tras advertir que gran parte del total de los juicios se hallan tramitados en los mismos juzgados, uno de ellos en Río Gallegos", que está a cargo de la jueza Ana Álvarez, "casada con un comodoro estrella, vinculado a crímenes de lesa humanidad".

Desde Río Gallegos, la magistrada rechazó las acusaciones, negó que su esposo tenga causas por delitos de lesa humanidad y dijo que evalúa responder judicialmente ante lo que consideró una violación al principio de división de poderes. En simultáneo, los agentes de Gendarmería rechazaron la propuesta del Gobierno, señalaron que Abal Medina, se les "rió en la cara" y llamaron a "levantar el 50 por ciento de los puestos" de trabajo como medida de fuerza.

"La medida no se levanta y hemos llamado a nuestros camaradas a levantar el 50 por ciento de los puestos. Los puestos no se van a descuidar, pero el 50 por ciento se va a levantar", señaló el vocero Raúl Maza tras tomar la palabra frente a cientos de efectivos en las escalinatas del edificio Centinela, en el barrio porteño de Retiro.

Según explicó Abal Medina, aunque el decreto 1307 -firmado el 31 de julio tomando en cuenta un fallo de la Corte Suprema de Justicia- disponía que ningún miembro de ambas fuerzas percibiría menos que el mes anterior, la liquidación de los sueldos realizada por Prefectura y Gendarmería redundó en fuertes reducciones salariales en los niveles más bajos del escalafón, que desataron el conflicto.

El funcionario afirmó que "se garantiza que en la próxima liquidación de sueldos nadie cobrará menos que en agosto" e incluso en la mayoría de los casos los sueldos se verán "enormemente mejorados", salvo los haberes altísimos por irregularidades, principalmente "en las cúpulas" de las dos fuerzas. "El efecto del nuevo decreto es la mejora de los básicos de los escalafones más bajos por sobre los altos. Simplemente un dos o tres por ciento, esos que cobraban sumas desorbitantes, van a ver disminuidos sus salarios", indicó Abal Medina, respecto de la consecuencia de medidas judiciales.

En estas horas, se habla de los últimos días de Nilda Garré al frente de la cartera de Seguridad. ¿Será así?

Agencia NA y Redacción de TDP
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