La formulación de un Decreto para bajarles los sueldos hasta un 60% a los integrantes de las Fuerzas de Seguridad, obtuvo la respuesta correcta que debe recibir un gobierno que cree tener impunidad para disponer del bienestar de todo el mundo y destruir familias e instituciones, sin ningún tipo de resistencia, alegando que “el 54%” los votó.

Jugar a ser Dios no es el papel de un estadista y aún cuando lejos esté de serlo, la presidenta no tiene derecho a disponer del trabajo y el salario del personal de las Fuerzas de Seguridad, solo por el hecho de que, debido a la Ley y a una reglamentación interna, los cuadros están impedidos de realizar protestas ni reclamos colectivos.

El hartazgo llegó a las filas de la Prefectura y de Gendarmería, que valientemente han reaccionado en defensa de sus salarios, a quienes sin mediar consulta, les ha sido recortado brutalmente, con el fin oscuro de “amarrocar” dólares, para continuar con el latrocinio estatal, a espaldas de un pueblo que ha comenzado a reaccionar.

Prefectura y Gendarmería son dos Fuerzas nacionales indispensables para la seguridad del país, aún cuando el kirchnerismo les haya otorgado funciones de policía interna, que son actividades eventuales establecidas en la Constitución y que este gobierno las ha transformado en permanentes, para defender a sus socios megamineros y petroleros.

Nilda Garré y Horacio Verbisky han hecho lo posible por destruir (y lo han conseguido) a las Fuerzas Armadas. El próximo paso, de ambos, ha sido destruir las Fuerzas de Seguridad, lo que tan bien empezó a hacer la Ministra Garré, con la Policía Federal.

Hoy el kirchnerismo tocó el nervio de dos Fuerzas emblemáticas en el país: Prefectura y Gendarmería. Comenzó por destruirles el salario, mediante un Decreto firmado por la presidenta, que “tiró la piedra y se fue al exterior”, aunque ya ha tenido que pegar la vuelta por el inmensurable escándalo que se armó en Argentina. En nuestro país hay efectivos de ambas fuerzas que viven en las villas, la policía debe hacer adicionales y otros trabajos para completar un sueldo digno y todos los funcionarios del gobierno, que llegaron a ocupar un puesto en el Estado, procedentes de Río Gallegos, ostentan millonarios pisos en los principales edificios de Puerto Madero. Es obvio que nadie va aceptar mansamente que le metan la mano en su magro bolsillo, ¿no?

El hartazgo llegó a las Fuerzas de Seguridad y está bueno que eso haya sucedido. El fin del atropello era previsible. El gobierno nacional tiene cada vez menos margen para jugar a Dios y está cada vez más cerca de que al final de su mandato, el pueblo le pida a todos sus integrantes, con la presidenta a la cabeza, que rindan cuentas ante la Justicia.

Rubén Lasagno
OPI Santa Cruz