El 28 de septiembre se celebró el Día Internacional del Derecho a Saber, desde que en 2002 organizaciones no gubernamentales se reunieron en Bulgaria con el objetivo de promover el derecho de acceso a la información pública para todas las personas y los beneficios de la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los gobiernos.

A nivel mundial, esta discusión está saldada. Los países avanzan hacia el gobierno abierto, en una clara muestra de los nuevos estándares a los que se comprometen los Estados.

En la Argentina esto no sucede. A nivel nacional, pese a la existencia Decreto 1172/03, el acceso a la información pública retrocedió. Actualmente, es imposible conocer qué medidas se adoptan a fin de implementar esta norma. En la web de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en la sección de “Acceso a la Información”, se publica información actualizada del Programa Fútbol para Todos, pero el último informe de gestión sobre la aplicación del Decreto es de 2008.

El Jefe de Gabinete, en la sesión informativa en la Cámara de Diputados de la Nación en junio pasado, sostuvo que en 2011 se respondieron satisfactoriamente el 82% de las solicitudes recibidas. Un porcentaje muy alto e imposible de corroborar ya que no hay información disponible.

En su gira oficial por Estados Unidos, la presidenta dijo que los funcionarios no tienen la obligación de responder preguntas en una conferencia de prensa o a la ciudadanía, sino que basta con publicitar los actos.

Una idea que contrasta con los números de Abal Medina pero que sí se observa en la práctica: el Estado no brinda información. Lo que sí hay, en cambio, es un desinterés alarmante en las políticas públicas a favor de la transparencia.

Desde el Poder Legislativo, las iniciativas para regular el derecho a la información estuvieron signadas por una historia de fracasos. Hace algunas semanas presentamos un proyecto de acceso a la información pública que garantiza el pleno ejercicio del derecho y avanza hacia formas de gobierno abierto.

Las políticas de transparencia requieren de gobiernos abiertos y a los que les dé la luz pública. Las prácticas corruptas florecen en ambientes oscuros y sin información.

Como legisladores debemos sancionar una Ley de Acceso a la Información Pública y colocar a nuestro país al nivel en el que están la mayoría de los países de América Latina.

Manuel Garrido