Finalmente, la Cámara de Diputados se prepara para la última sesión ordinaria del año, la cual será el próximo miércoles y abordará una serie de temas acordados entre oficialismo y oposición, los cuales incluyen, entre otros, un proyecto venido con modificaciones del Senado que elimina beneficios para quienes cometan el delito de violación seguida de muerte, y una iniciativa sobre donación de sangre sin discriminación de género. Se trata de otro en que la ley de información pública no tuvo lugar.

Tal es así, que varias organizaciones no gubernamentales ya reclaman la falta de tratamiento en el Congreso de los diferentes proyectos sobre el Acceso a la Información Pública, debido a la pérdida de estado parlamentario de los mismos.

“Las organizaciones firmantes lamentamos nuevamente la falta de tratamiento en la Cámara de Diputados de la Nación de los proyectos de ley referidos al Acceso de la Información Pública, un derecho humano fundamental para la democracia y con un amplio reconocimiento constitucional e internacional”, dice el comunicado.

“El silencio legislativo tendrá como consecuencia la pérdida de estado parlamentario de un proyecto de ley que recibió media sanción del Senado hacia fines de 2010, algo que ocurrirá en los próximos días. Los escasos avances generados en esta materia a nivel provincial y municipal, así como el insuficiente decreto presidencial vigente desde 2003, no alcanzan para garantizar el efectivo ejercicio de este derecho”, agrega.

El pasado 5 de noviembre, la Presidenta decretó levantar el secreto de los decretos del Ejecutivo, lo que demostraba un signo para avanzar con una ley demasiado postergada por el Gobierno nacional, aunque lo hizo “con excepción de aquellos que, a la fecha, ameriten mantener dicha clasificación de seguridad”.

Luego, tomó la decisión de que la Argentina se incorporase a la Alianza por el Gobierno Abierto. “De acuerdo a esa intención, nuestro país se comprometió a aumentar la disponibilidad de información sobre las actividades gubernamentales. Curiosamente, Argentina es uno de los pocos países de la alianza que no dispone de una normativa nacional sobre acceso a la información pública”, resaltó el comunicado.

Deuda pendiente

El pedido por una ley nacional de Acceso a la Información Pública —fundamental para asegurar el derecho de los ciudadanos a acceder a la información de los tres poderes del Estado— es un viejo reclamo por parte de organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y de periodistas. Si bien el tema se trató numerosas veces en el Recinto, la aprobación y puesta en marcha de la normativa aún no se concretó.

El primer intento por aprobarla comenzó en el año 2001, cuando la Oficina Anticorrupción (OA) elaboró un proyecto que fue enviado al Congreso de la Nación por el entonces presidente Eduardo Duhalde en el año 2002 y fue aprobado en Diputados en mayo de 2003. En el Senado fue tratado un año después, cuando se aprobó con una revisión, lo que provocó que fuera enviado nuevamente a la Cámara baja. Allí, las disidencias entre el oficialismo y la oposición impidieron que se transformase en ley y perdió estado parlamentario en febrero de 2006.

A pesar de que la ley no se pudo aprobar, en diciembre de 2003, el entonces presidente Néstor Kirchner, que recién asumía en su cargo, aprobó el Decreto 1172/2003 de Acceso a la Información Pública, que permite solicitar información al Poder Ejecutivo y a las instituciones que dependen de él.

Finalmente, en 2010, el Senado decidió volver a discutirlo. En septiembre la Cámara alta dio media sanción al proyecto con 38 votos a favor y 26 en contra. Luego, fue girado a Diputados, donde no fue aprobado antes del cierre del período de sesiones ordinarias.

En la Cámara de Diputados, el proyecto obtuvo dictamen favorable en las Comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Sin embargo, se encuentra frenado en la Comisión de Presupuesto, y que si bien en 2011 se intentó tratarlo, el debate no prosperó luego de acusaciones mutuas entre oficialismo y oposición de no querer abordar el tema.

Si bien esta decisión es clave para el acceso a la información pública, muchas dependencias estatales no están cumpliendo con su obligación de informar en tiempo y forma, o directamente no lo hacen. Entre ellos, el Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Planificación, la Oficina Nacional de Presupuesto, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, entre otros.

José María González