El 7-D está cada vez más cera y el Gobierno le mete cada vez más fichas. La presión sobre la Justicia crece. Clarín dice que no debe pasar nada. El oficialismo sabe que la medida cautelar que protege transitoriamente las licencias del grupo económico en cuestión podría renovarse.

Lo último, junto con la economía en desaceleración y la imagen del Gobierno resentida, constituiría un fracaso político muy importante y difícil de sobrellevar para el oficialismo. Por lo menos según sus propios estándares de análisis.

Ante esta situación, el kirchnerismo busca obligar a la Corte Suprema a pronunciarse definitivamente sobre el tema. Cree que tiene más chances en el alto tribunal. Implicaría además acelerar los tiempos. Para esto quiere sancionar la ley de “per saltum”. El problema es que quizás la Corte crea que no existe “gravedad institucional” como para dar cabida al salto judicial que le permitiría entender en el tema. Más allá de todo, la Corte también podría tomarse su tiempo para resolverlo.

La pregunta es: ¿Por qué una ley de medios podría configurar un estado de gravedad institucional? ¿Acaso no puede funcionar normalmente el Estado con la ley de medios actual? ¿Por qué razón? ¿Porque la prensa critica al gobierno? ¿No es esa una de sus principales funciones en democracia? Además, ¿no estamos ya en una situación en que las voces críticas hacia el oficialismo en el universo de medios son cada vez más minoritarias?

Ante un inminente fracaso político el 7-D, el kirchnerismo podría recurrir a la peligrosa estrategia populista del conflicto de poderes. Alegaría que la Justicia le está impidiendo llevar a cabo su sagrado mandato popular y que en virtud de ello tiene el derecho de imponerse por la fuerza sobre las instituciones que todavía obran con cierta independencia del Ejecutivo.

La estrategia del conflicto de poderes, además de demostrar un total desprecio por las instituciones democráticas y la legalidad, es peligrosa tanto para el sistema político como para el propio oficialismo. Quizás, en caso de darse el peor escenario para Cristina Fernández, termine prefiriendo asumir una derrota antes que arriesgar el poder que aún conserva. Pero nada es seguro desde la óptica megalómana populista.

Un caso patente se dio en Honduras. Más allá de que sin dudas hubo un obrar ilegal de parte de la oposición al expulsarlo del país y negarle un debido proceso, el expresidente Zelaya hizo todo lo que estuvo a su alcance para que los demás poderes se volvieran en su contra. Desoyó a la Justicia de su país, incumplió con la ley, desafió a la Corte Suprema y amenazó públicamente a integrantes del poder legislativo con destituirlos por decreto.

La tesis populista que fundamenta la estrategia del conflicto de poderes dice que ante una traba institucional, en que dos o más poderes se anulan mutuamente y paralizan al Estado, debe prevalecer aquel que fue elegido directamente por los ciudadanos. El problema es que el conflicto de poderes populista se da por decisión del Ejecutivo, que no acepta una decisión soberana y legítima de otro poder en ejercicio de sus funciones.

Se fabrica un supuesto conflicto de poderes de la nada con el objeto de darle un golpe letal a las instituciones republicanas que están pensadas para controlar al gobierno de turno y obligarlo a cumplir con la ley. En vez de presentarse un proyecto para mejorar el funcionamiento de los demás poderes, lo cual sería absolutamente legítimo, lo que se hace es pasar por encima de ellos.

La tesis populista tiene dos grandes inconsistencias. Por un lado, los sistemas constitucionales en general, y en especial el nuestro, son muy cuidadosos al delimitar las funciones de cada poder. No hay posibilidad de que los poderes choquen si se adecuan a la legalidad. La misma ley establece mecanismos institucionales para zanjar las diferencias o poner en su lugar a cualquier poder que se entrometa en el área de otro.

Segundo, la democracia republicana, que consagra la Constitución, se sostiene en la idea de que ningún gobernante es indispensable y que el poder más peligroso y difícil de controlar es el Ejecutivo, ya que maneja la fuerza pública y, en el país, además, el dinero, que debiera manejarlo el Legislativo. Por tanto, no es cierto que deba prevalecer el Ejecutivo sobre los demás poderes porque cada cual cumple una función fundamental. Lo que debe prevalecer, mal que le pese al Gobierno, es la ley; no analizada tendenciosamente, sino abordada de manera global como resultado de la interacción libre entre los diversos poderes.

A Zelaya no le funcionó bien la estrategia del conflicto de poderes, pero generó un clima de tensión e incertidumbre que no le hizo bien a su país. La oposición se sumó a la cadena de atropellos y lo expulsó ilegalmente, dando lugar a un aislamiento internacional y una degradación institucional.

En cualquier caso, la estrategia populista de fabricar un conflicto de este tipo es innecesario y contraproducente, y representa es un signo más de la irresponsable práctica de priorizar la acumulación de poder sobre el buen funcionamiento de las instituciones democráticas, que son esenciales para armonizar y potenciar la sociedade.

Rafael Micheletti
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