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Entre las cortinas de humo que viene desplegando el kirchnerismo cleptómano se ha puesto de manifiesto la intención de reglamentar un recurso extraordinario para que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se avoque al conocimiento y decisión de lo que se ha mostrado como la Madre de las Batallas: la Guerra Gobierno vs Grupo Clarín.
Esta colosal contienda se define a través de la aplicación de la denominada Ley de Medios, cuyo art. 161 ha sido bloqueado a través de una medida cautelar que tiene como fecha límite el próximo 7 de diciembre, en que —según interprete cada bando— se obliga a desinvertir o comienza a correr el plazo de un año para proponer y concretar el desmantelamiento de los grupos monopólicos en la prestación de servicios de comunicación audiovisuales.
El Grupo Clarín fue el único conglomerado que planteó y logró esa medida cautelar que suspende la aplicación de los arts. 30 y 161 de esa legislación pretendidamente destinada a “democratizar” el derecho a la comunicación. Todos los demás, muchos obviamente oficialistas o privados con esencial y millonaria pauta publicitaria estatal, no plantearon ninguna cuestión pero se han beneficiado con aquel planteo del Grupo Clarín, único en la mira del gobierno nacional que lo ha elegido como su principal antagonista en su supuesta lucha épica contra la prensa destituyente, olvidándose que un lustro atrás era complaciente con las políticas del matrimonio KK.
Se ha designado al 7 de diciembre como el fatídico 7 D para el Grupo Clarín. Ese día serán tomados por asalto muchos de los multimedios y emprendimientos del Grupo Clarín, aunque se pretende conferirle una pátina de legalidad arbitrando una legislación ad hoc: la reglamentación del instituto conocido jurídicamente como per saltum, esperanzado el gobierno en doblegar a la Korte Suprema para que satisfaga sus ansias de conquista.
Obviamente la Escribanía Especial de la Nación, es decir, el Congreso Nacional, con la mayoría automática del Frente para la Victoria y sus cooptados adláteres y supuestos opositores, logrará la mencionada legislación que habilite la intervención del máximo tribunal de la nación, así como se lograron otras tantas leyes que fueron aprobados a libro cerrado.
Pero si se dilatase el tratamiento y escandalosa aprobación del referido instituto y en ese ínterin el juez impuesto en el Juzgado Civil y Comercial nº 1 donde tramita el expediente que suspendiera la obligación de desinvertir, argumentando el Poder Ejecutivo que existe gravedad institucional, urgencia y el derecho humano a la comunicación, manu militari tomará Cablevisión, la empresa más rentable del Grupo Clarín, y el diario de papel, “El Gran Diario Argentino” será mantenido dentro del desmantelado grupo, obviamente con mucho menos volumen arrojando pérdidas. También se habrá de cercenar el suministro del papel necesario para la impresión de dicho periódico a través de la manipulación de las partidas de Papel Prensa.
En consecuencia, tanto por razones políticas como ecológicas, el futuro inmediato de la prensa independiente quedará limitado a los sitios digitales instalados en internet, colaborando así con el medio ambiente evitando la tala y deforestación perniciosas para el planeta, y será allí, en los portales virtuales, donde el ciudadano podrá obtener información plena.
Enrique Piragini
