Ni el oficialismo, ni la oposición, ni los medios, ni nadie parece querer enfrentar el escándalo que se avecina raudamente luego del impulso oficial al proyecto para una nueva Ley de Semillas a través del Ministerio de Agricultura nacional.
El primer toque de alerta lo dieron pero las organizaciones campesinas, indígenas y socio-ambientales, quienes denuncian que el objetivo oficial de “respetar la propiedad intelectual” no es más que profundizar la privatización de la biodiversidad y la criminalización de los productores que no compren a corporaciones como Monsanto, Nidera y Syngenta, entre otras.
En agosto, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Norberto Yahuar, anunció que espera presentar el proyecto al Congreso antes de fin de año. Entonces señaló: “En los últimos tiempos se compraban semillas de tecnología que pasaban a ser propiedad exclusiva de los productores, y después esos campos generaron cantidades que excedían a la que necesitaban para una nueva resiembra, por lo que se produjo un comercio que no tiene prácticamente control. Lo lógico es que todo el desarrollo que hacen tanto el Estado como empresas privadas tengan un respaldo en el resguardo de esa propiedad intelectual”.
Para el investigador social Pablo Pellegrini de la Universidad Nacional de Quilmes, “los recientes anuncios sobre la apertura de una planta de producción de semillas de Monsanto” y “una nueva soja transgénica”, asociados a la idea de modificar la ley de semillas, “fueron tomados por algunos como parte de un mismo proceso que favorecería a la multinacional”. Por el contrario, sostuvo que la nueva ley puede atraer más inversiones y ser una oportunidad para financiar un plan integral de desarrollos tecnológicos a cargo de organismos estatales como el INTA, INTI y universidades nacionales.
Sin embargo, el Dr. Raúl Montenegro de la Fundación para la Defensa del Medio Ambiente, asegura que con esta norma “Argentina pierde todo lo que no llegó a conquistar como soberanía alimentaria”. A su vez, el especialista agrega que “hay una suerte de asociación entre el poder económico que representa Monsanto, el gobierno de la Nación y el gobierno de la provincia. Se está jugando con una empresa que realmente ha sido traficante de muerte desde su comienzo”.
Según revela el portal Comambiental, la idea es que los productores agrarios paguen regalías por las semillas mejoradas y acoten la resiembra para “uso propio” de modo de garantizar nuevas compras para cada temporada de siembra. La principal discusión que se da a puerta cerrada y en la que no participan organizaciones campesinas, indígenas ni socioambientales, gira en torno a cuánto de la cosecha se puede guardar para la resiembra, cuando se trata de un derecho milenario de todo cultivador y resulta fundamental sobre todo para la subsistencia de los pequeños productores.
En ese sentido, un proyecto de declaración de los diputados radicales Pablo Orsolini (Chaco) y Ulises Forte (La Pampa) pide al Ejecutivo nacional que cuide que la nueva ley “no avasalle el derecho al uso propio por parte de los pequeños y medianos productores agrícolas”. También hay un proyecto de ley de la Coalición Cívica que desde abril está en las Comisiones de Asuntos constitucionales, Agricultura y ganadería, y Presupuesto y hacienda.
Las organizaciones Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI), CLOC-Vía Campesina Argentina, GRAIN, Amigos de la Tierra y Acción por la Biodiversidad accedieron a un borrador del proyecto de fines de agosto al que calificaron como un intento de “subordinar la política nacional de semillas a las exigencias de la UPOV (Unión Internacional para la Protección de Obtenciones Vegetales) y las transnacionales”.
En una declaración de “10 motivos para luchar contra el proyecto de ley” señalaron que la norma propuesta “sólo fomenta la privatización y protege la propiedad sobre lo que es un patrimonio colectivo de los pueblos, especialmente de las comunidades campesinas y los pueblos indígenas”.
Mientras esto ocurre, los grandes medios callan respecto a este tema. Lo mismo sucede con referentes políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. La única que ha hablado claramente es Cristina Kirchner. Eso sí, a favor de Monsanto.
Carlos Forte
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