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El gobierno nacional, además de ser uno de los más inoperantes y corruptos de la historia, tiene un mérito en el que seguramente nadie lo iguala: son los campeones de la “mala leche”.
Si hay alguien que es víctima de esta cualidad en particular y quien seguramente encabeza la lista —máxime por ser del mismísimo Frente Para la Victoria— es Daniel Scioli.
En esta ocasión, el Gobernador de la provincia de Buenos Aires tuvo la osadía de decir que "la coparticipación en algún momento se tendrá que volver a discutir".
Lógicamente, y como no podía ser de otra manera, los esbirros de Cristina Ferández salieron al cruce de tan temeraria opinión del otrora vicepresidente, y fue Amado Boudou, quien se despachó con una catarata de declaraciones que fueron desde "un acto de efectismo mediático" hasta “es un acto de cobardía política”.
No hay dudas de que el tema de la coparticipación es algo que realmente se debería modificar, ya que no solo no es equitativo, sino perverso; pero lo peor de este sistema es que permite al gobierno nacional extorsionar a gobernadores e intendentes.
Evidentemente, el vicepresidente omite otras cuestiones, como por ejemplo que, además de Scioli, ya son varios los gobernadores que reclaman por lo mismo, como Eduardo Fellner, De la Sota, Antonio Bonfatti y Mauricio Macri, entre otros.
Sin embargo, el inefable funcionario nacional desconoce algo realmente grave: la reforma del sistema de coparticipación está previsto en la reforma constitucional de 1994, que dicho sea de paso, tanto Cristina Fernández como Néstor Kirchner promovieron y defendieron con uñas y dientes.
En un artículo de 2009 publicado por el Dr. Jorge Horacio Gentile, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional y de la Universidad Católica de Córdoba, lo explica claramente:
"La Constitución de 1853 dispuso que el gobierno federal se financie con los derechos de importación y exportación y las tarifas de aduana. Pero desde 1891 el Congreso aprobó distintas leyes que agregaron a estos los llamados impuestos internos, que gravaban las ventas de distintos productos, y que, hasta entonces, eran recursos pertenecientes a las provincias”, comienza.
“Un decreto del gobierno militar en 1831, que una ley ratificó, creó el impuestos a los réditos (hoy impuesto a las ganancias), por el que el gobierno nacional gravaba el ingreso de las personas, que, según la Constitución, era también de resorte provincial. Así es como el gobierno federal se apropió de recursos fiscales de las provincias, y para que estas normas no sean declaradas inconstitucionales, se dispuso que regían por tiempo determinado (aunque se prorrogaron luego hasta hoy) y se coparticipaba a las provincias, distribuyéndoles un porcentaje de lo recaudado. La última ley de coparticipación, dictada en 1988 en forma provisional durante la presidencia de Raúl Alfonsín, es la que regía cuando se reformó la Constitución de 1994, y está vigente todavía. El régimen de coparticipación, además de aumentar los recursos del gobierno central en desmedro de las provincias y sus municipios, desalentó la recaudación de los tributos locales”, explica Gentile.
“En la reforma constitucional de 1994 en vez de terminar con este sistema, se dispuso que debía dictarse otra ley convenio, de coparticipación federal, en base a acuerdos entre la Nación y las provincias; que tenían que aprobar el Congreso, por iniciativa del Senado y con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de ambas Cámaras, las Legislaturas de las provincias y de la ciudad de Buenos Aires; antes de terminar el año 1996. Esta ley nunca se dictó”, apunta.
Sin embargo, como si todo esto no fuera suficiente, Boudou parece ignorar que la reforma del sistema de coparticipación era una de las principales mediadas que prometía el propio Néstor durante su campaña presidencial, allá por el año 2003.
Esto demuestra, a las claras, el kirchnerismo no solo es el abanderado de la corrupción y la inoperancia, además es el campeón de la mala leche, y no quedan dudas de que con esto queda perfectamente demostrado.
Pablo Dócimo
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