El reciente anuncio de la presidenta Cristina Fernández, sobre el envío al Congreso del memorándum de entendimiento firmado entre la Argentina e Irán con respecto a la causa AMIA, implica sin dudas una jugadaarriesgada en política internacional para el gobierno, y por ende para el país.
El polémico acercamiento a Irán despierta automáticamente sospechas, por lo que CFK se vio obligada a dar algunas explicaciones sobre el memorándum de entendimiento con el país persa.
En una cadena nacional fuera de lo común, grabada en su despacho presidencial y con videos de archivo intercalados entre las palabras de la mandataria, Cristina intentó dejar en claro que la movida del Gobierno tiene como única pretensión la “búsqueda de justicia”. Sin embargo, cuesta creer que no haya otras motivaciones detrás.
La conformación de una “Comisión de la verdad”, integrada por cinco juristas reconocidos internacionalmente, que monitoreen y den garantías en la investigación, no tiene efectos vinculantes en el proceso judicial argentino. A su vez, las indagatorias que realicen el fiscal Alberto Nisman y el juez Rodolfo Canicoba Corral a los sospechosos en Teherán, deberán hacerse en presencia de los juristas de la Comisión, que no podrán ser ni argentinos ni iraníes.
El sospechoso de siempre
A raíz del explícito enfrentamiento regional con Israel y los regímenes islámicos del Golfo Pérsico —incondicionales aliados de EE.UU.— Irán se alza, ante los ojos de occidente, como la pata central del “eje del mal”. Continuamente es víctima de demonizaciones exageradas, que tienen por fin aislar aún más al régimen de los ayatolás. Por caso, en octubre de 2011, autoridades iraníes fueron acusadas por el fiscal general norteamericano, Eric Holder, de “idear, patrocinar y dirigir” diversos intentos de atentados terroristas contra las embajadas y funcionarios de Arabia Saudita e Israel en Washington, como así también de la embajada israelí en Buenos Aires.
El régimen iraní negó de inmediato las acusaciones, que surgieron a partir de un operativo en conjunto del FBI y la DEA (Agencia Antidrogas de EE.UU.) que desbarató los intentos de Manssor Arbabsiar, un ciudadano norteamericano de origen iraní —en supuesta alianza con cárteles de droga mejicanos—, de atentar contra la vida del embajador saudí en Washington, Adel Al-Jubeir, y contra las embajadas de Arabia Saudita e Israel en Washington y Buenos Aires. Sin embargo, jamás se presentaron pruebas contundentes.
Menos creíble aún resulta la acusación norteamericana si se tiene en cuenta que el mismo Holder fue señalado como uno de los responsables directos de la ¿fallida? “Operación rápido y furioso”, por la que en 2009 EE.UU. ingresó alrededor de 2.000 armas de contrabando a Méjico, esperando seguirles el rastro. Sin embargo, perdieron la pista y terminaron armando a los cárteles del narcotráfico. Holder fue absuelto en noviembre del año pasado de sus responsabilidades en la operación.
En el caso de la AMIA, las pruebas contra Irán tampoco son muy contundentes. Según el periodista Gabriel Levinas, el exembajador de EE.UU. en la Argentina, James Cheek, sostuvo en una entrevista con el periodista Gareth Porter, en 2008 que, “nunca existió real evidencia de la responsabilidad iraní. Nunca aportaron nada importante”. Y agregaba el diplomático: “La más relevante pista del caso surge de un desertor iraní llamado Moatamer Manucher, quien era un exfuncionario disidente de bajo rango y sin el acceso a las decisiones gubernamentales que él decía conocer. Finalmente decidimos que no era creíble.”
Es válido agregar que existen casi una decena de investigaciones periodísticas paralelas a la investigación judicial del fiscal Alberto Nisman. Si bien la gran mayoría de ellas no coinciden a la hora de adjudicar la autoría de los atentados —tanto el de AMIA como el de la Embajada de Israel—, sí lo hacen a la hora de determinar quién no fue: Irán. Al menos con las pruebas presentadas hasta ahora.
Tal fue el caso del exembajador iraní en Buenos Aires, Hadi Soleimanpour, que fue detenido en Londres en el año 2003 por pedido del entonces juez de la causa, Juan José Galeano, a Interpol. El acusado tuvo un juicio de extradición en Londres, pero debido a la falta de pruebas, terminó siendo absuelto por la Justicia londinense. Así lo anunció el Ministerio del Interior británico en noviembre de 2003. A su vez, la Argentina tuvo que indemnizar al diplomático iraní.
Detrás del acuerdo
Más allá de la culpabilidad o no de Irán en el atentado a la AMIA, resulta difícil entender cuáles fueron las motivaciones reales del oficialismo para entablar una negociación con la República Islámica, teniendo en cuenta el convulsionado escenario internacional que azota al régimen persa presidido por Mahmud Ahmadinejad.
El desarrollo del programa nuclear iraní, sospechado por Israel y la comunidad internacional de estar orientado a la obtención de armamento en ese rubro, sirvió como excusa para un enorme embargo y bloqueo económico que sufre el país persa por parte de EE.UU. y sus aliados en Europa desde hace un par de años. Como si fuera poco, Ahmadinejad no goza de mucho margen político interno, ya que los efectos del bloqueo empiezan a repercutir con fuerza en calles de Teherán y alrededores. No es un dato menor, teniendo en cuenta que dentro de poco tiempo se realizarán elecciones en el país de los ayatolás.
Entonces, ¿por qué el oficialismo decidió dar este polémico paso en la causa AMIA? La pregunta surge de inmediato, si se considera que habría sido más sencillo para el Gobierno continuar con los reclamos ante la ONU una vez al año. Al sentarse en una mesa con Irán, el Gobierno pierde el apoyo de la comunidad judía local; y en el plano internacional, tuerce las relaciones con Israel y los Estados Unidos.
¿Es posible que el oficialismo haya apostado a un escenario geopolítico distinto en el mediano plazo, donde China y Rusia —grandes aliados comerciales de Irán— se posicionen en el centro del tablero mundial? ¿O se trata, acaso, de una estrategia para distraer en el escenario interno y, de paso, quedar ante la opinión pública como el gobierno que más esfuerzos hizo para avanzar en búsqueda de justicia?
A su vez, es posible que detrás de éste acuerdo se escondan intereses comerciales bilaterales.
Si bien es cierto que la relación comercial entre Argentina e Irán tiene más de 30 años de antigüedad, no es menos cierto que en los últimos años el comercio entre ambos países se incrementó de gran manera, beneficiando ampliamente a la Argentina. Irán, aislado del mundo, tiene mucho petróleo para ofrecer, y pocos mercados dónde colocarlo. ¿Tendrá éste acuerdo algún interés comercial solapado?
Sólo el tiempo lo dirá.
Ernesto Vera
Especial para Tribuna de Periodistas