Como es de común conocimiento, los sistemas autoritarios tienden a endurecerse en tiempos de crisis. Es decir, muestran su verdadera naturaleza. Y esto es lo que parece estar pasando en la Argentina a un ritmo cada vez más acelerado. Después de todo, la economía no está en su mejor momento y el fenómeno Lanata parece haberse vuelto una verdadera pesadilla para el gobierno.

Luego de aprobar una serie de leyes destinas a politizar la Justicia y de preparar el terreno para una intervención al Grupo Clarín, que por el momento se pospuso, ahora el gobierno anuncia un programa de “militantes populares”. Éstos pasarían a ejercer un rol importante en el polémico control de precios comandado por el altivo y abusivo Guillermo Moreno.

La privatización, no ya de empresas, sino de funciones gubernamentales, es una nota común a todos los sistemas totalitarios. Hitler tenía sus milicias partidarias, que controlaban territorios a través del terror. Él solía usar como excusa antes de acceder al poder que no podía controlarlas y era mejor negociar con ellas. En cuba existen pandillas defensoras de la revolución que son usadas por el régimen para espiar y controlar a la población.

La Venezuela chavista importó la idea de Cuba y creó las “milicias populares”, a las que cada vez les fueron dando más poder. Claro que estas milicias no son en verdad populares, sino “chavistas”. Ahora Cristina Fernández sorprende con su versión criolla de “militantes populares” que lo que pasarían a hacer sería cuidar los precios para defender a los consumidores.

No importa lo inofensiva que sea la función que estos militantes populares asuman primeramente. Lo cierto es que el proceso de transferencia de funciones gubernamentales a grupos informales ajenos al control formal del estado ya empezó. Esto le sirve al régimen, por un lado, para desligarse de responsabilidades en caso de violencia, y también para parcializar o “partidizar” al extremo las funciones gubernamentales.

Incluso aunque no se establezca el requisito legal de estar afiliado al partido gobernante para “cuidar los precios”, esta función, como toda actividad gubernamental, le proporcionaría un poderío desproporcionado a dichas “organizaciones populares”. La Cámpora, y quizás otras agrupaciones kirchneristas bendecidas por los recursos públicos, serían las únicas con capacidad para montar una estructura nacional permanente para monitorear los precios. El resultado será un virtual monopolio privado de esta función gubernamental, que podrá ser ejercida de manera absolutamente abusiva. Por ejemplo, perdonando los precios altos de aquellos empresarios o comerciantes que se afilien al partido o aporten un canon para la revolución.

Al sistema chavista no le ha ido bien con esta receta. Poco tiempo después de la muerte del ex comandante Venezuela dejó de integrar la Comunidad de las Democracias, una organización de alrededor de 130 naciones democráticas (por lo que no se puede decir que esté manejada por los países desarrollados supuestamente “imperialistas”).

El periódico Noticias Centro añade que “Venezuela, que formó parte de las reuniones iniciales de esta organización de naciones democráticas, fue retirada de la lista de países democráticos por la carencia de estado de derecho, falta de independencia de sus instituciones, persecución a la sociedad civil, limitaciones a la libertad de prensa y carácter no democrático del gobierno”.

Seguramente, con su negativa a realizar un recuento exhaustivo de votos luego de las últimas elecciones, Maduro colaboró para que esto suceda. Pero no quedan dudas de que el retiro de la invitación a Venezuela es el resultado de un proceso largo que se inicia con las inclinaciones autoritarias de Hugo Chávez, que cerró numerosos medios independientes, inventó causas a opositores, politizó las instituciones públicas, reprimió marchas opositoras, disparó la corrupción pública y financió extensas redes clientelares.

En el año 2011 Chávez legalizó (ya existían de hecho) las milicias populares, cuerpos de civiles armados encuadrados dentro del partido oficial para defender al régimen. Así, permitió a cualquier ciudadano unirse a la llamada Milicia Nacional Bolivariana, que reemplaza a la reserva del Ejército. Sus miembros deben estar afiliados al oficialista Partido Socialista Unido y las funciones de estos milicianos van desde custodiar edificios públicos hasta “defender la revolución bolivariana”. En 2013 Maduro tomó la decisión de impulsar “milicias obreras”, para que la clase obrera esté entrenada para “defender la patria".

Uno a uno, Venezuela está siguiendo los pasos de Cuba, donde cuerpos armados para-estatales custodian los barrios y las fábricas para asegurar “la revolución”, es decir, al servicio del gobierno, no del estado. Uno a uno, igualmente, Argentina está siguiendo los pasos de Venezuela.

Rafael Micheletti
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