Tal como lo informara Télam, a fines de la semana pasada, la procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, sostuvo que "somos testigos de una campaña contra la Constitución” y que “cuando quieren atacar al Ministerio Público están atacando a la Constitución y entregándola al crimen organizado”. Asimismo, atacó a quienes "denuncian penalmente a los fiscales y a la Procuradora General por crear unidades de lucha contra la narcocriminalidad, el lavado de dinero y el fraude económico, la trata de personas y explotación sexual, la violencia institucional y la corrupción policial".

Los dichos en cuestión fueron expresados por la Procuradora en una reunión de la secta judicial autodenominada “Justicia Legítima”, una ámbito en el que los delirios K no impactan negativamente en el auditorio.

Pocos días después, en uso de su principal herramienta de trabajo, la presidenta Cristina Fernández, envió un sinnúmero de mensajes vía Twitter defendiendo a Gils Carbó. Sostuvo, entre otras cosas, que hay un “ataque despiadado” contra la Procuradora. Y afirmó que “no parece casual que todos los fiscales cuestionados son los que investigan narcotráfico, trata, tráfico de armas, y lavado”.

El discurso del Gobierno es muy claro: quienes denunciamoslos hechos que involucran a Gils Carbó y sus fiscales, seríamos poco menos que golpistas y mafiosos.

Aclaremos: Gils Carbó y la Presidenta realizaron gravísimas denuncias mediáticas. La Procuradora, desde la tribuna de su secta y la Presidenta, más osada aún, desde su masiva actividad “twittera”.

Ambas han desplegado feroces acusaciones al viento, omitiendo su deber como funcionarias de ponerlas en manos de la Justicia: ¿Quiénes son entonces las que no están apegadas a la Constitución? La falta de seriedad de las acusaciones mediáticas queda al descubierto, también, dado que no han individualizado con nombre y apellido a los supuestos golpistas y mafiosos. De este modo, sin sustento alguno, pretenden establecer una generalización descalificadora dirigida a cualquiera que pretenda cuestionar al Ministerio Público.

En efecto, sin que se les caiga la cara de vergüenza, Gils Carbó y Cristina interpretan la acusación a los fiscales, comoun indicio de que dichas denuncias están destinadas a proteger a diversas mafias.

Lo cierto es que Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional, ONG presidida por el autor de esta nota, sólo ha denunciado a aquellos fiscales que asumieron sus funciones vulnerando el procedimiento que establece la ley.

Lo que en realidad habría que preguntarse es: ¿Por qué razón Gils Carbó creó fiscalías y nombró fiscales en forma ilegal para investigar los crímenes mafiosos? ¿Por qué razón Gils Carbó y la Presidente necesitan fiscales designados a dedo, sin acuerdo del Senado, para investigar distintas actividades del crimen organizado, incluyendo el lavado, entre otros? Recordemos que la designación a dedo implica, también, remoción a dedo y, consecuentemente, pérdida de la autonomía que debiera tener todo fiscal. Recordemos, asimismo, que fue un fiscal designado a dedo el que pretendió resucitar a Lázaro, dejándolo afuera de una investigación por lavado. Recordemos, además, que un proceso llevado adelante con la intervención de un fiscal “trucho” podría tener un destino de nulidad, beneficiando de ese modo a los señores mafiosos.

Asimismo, a tenor de las amenazas reiteradas que recibió el Fiscal Marijuán por impulsar la denuncia del Senador Cimadevilla contra Gils Carbó y de Ciudadanos Libres contra los39 fiscales de facto, queda evidenciado que el crimen organizado no está operando, precisamente, del lado de los denunciantes.

José Lucas Magioncalda