La mirada de muchos santiagueños guarda una profunda resignación. No es para menos: pobreza, narcotráfico, miedo e injusticia. Hechos aún más aberrantes soportan la inacción total del gobierno provincial.

Comandada durante décadas por los Juárez, en Santiago del Estero se puede ver la indigencia que contrasta con el lujo de Termas de Río Hondo, ciudad de hoteles, casinos y el costoso autódromo.

La democracia y la libertad de expresión es una ilusión lejana: Gerardo Zamora heredó el modelo político y cultural del juarismo, perfeccionando un régimen con características feudales. Existen sólo 2 diarios impresos de tendencia oficialista (El Liberal y El Nuevo Diario), la oposición política es escasa y en las paredes sólo se puede divisar el nombre del gobernador actual con un aparato propagandístico descomunal. El gasto de la obra pública es un despilfarro sin control. No se atienden las necesidades básicas de la población que atraviesa un gran déficit habitacional. Así se vive —y sobrevive— en Santiago del Estero.

Una tarde cualquiera en la Plaza Libertad, centro de la ciudad, en dónde la tranquilidad santiagueña oculta tristeza y desolación, una mujer joven revuelve la basura a metros de la plaza que se encuentra en sucesivas refacciones que costarán 9 millones de pesos. Un gasto irrisorio, teniendo en cuenta que existen más de 50 mil viviendas precarias y el hacinamiento genera, entre otras causas, situaciones de abuso sexual intrafamiliar.

Las violaciones y violencia de género son un fenómeno usual, basta con leer los pocos diarios que circulan para constatar que los hechos se repiten sin ninguna política estatal ni programa para frenar la problemática. Pero se malgastan fondos en otras áreas sin enfocarse en lo que importa. Detrás de la obra pública aparece un viejo conocido: el Ministro Julio De Vido. El autódromo provincial representó una inversión multimillonaria y se está planificando la construcción de otro hotel, esta vez de 5 estrellas. Todo esto sucede mientras los ciudadanos improvisan techos de material precario que no contienen las lluvias ni los vientos fuertes.

El temor a denunciar es muy fuerte. El miedo a las represalias garantiza la impunidad. El poder político estuvo – y está – vinculado a grandes negocios inmobiliarios. La voracidad por adquirir tierras no tiene límites: amenazas, falsificación de documentos y aprietes. Cuando se agotó el negocio de la deforestación y con la aparición de las nuevas tecnologías agropecuarias, las tierras pasaron a tener otro valor. Las víctimas del MOCASE, Cristian Ferreyra y Miguel Galván, evidenciaron un avance ilegítimo sobre las tierras nativas por parte de empresarios y con complicidad de las autoridades provinciales.

El narcotráfico crece y encuentra las condiciones óptimas para aumentar sus ganancias. Parajes desolados dónde no llegan —o no funcionan— los radares para detectar el tránsito de avionetas que pasan desapercibidas. Pistas clandestinas en caminos marginales en dónde los narcos encuentran apoyo logístico en los mismos pobladores, generalmente muy humildes. Se alquilan campos por minutos —sí, por minutos— para aterrizar las avionetas y dejar las drogas.

Un caso paradigmático es la ciudad de Frías, dónde las historias de narcos y dealers se multiplican, a pesar que el Intendente Salim había confesado en 2011 que sabía quiénes vendían la droga. Otra zona roja del narcotráfico es el punto extremo noroeste de Santiago, en el límite con Salta, una zona muy cercana a una cuádruple frontera: Tucumán, Salta y Chaco.

El Gobierno hace poco y nada.

Sebastián Turtora
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