"¿Y si a través de las redes sociales se puede voltear un gobierno constitucional? Pido que legislemos sobre la materia. Hay un vacío legal".

Lo anterior es un argumento esgrimido por el legislador provincial de la provincia de Entre Ríos, Rubén Oscar Almará (foto), quien impulsó y luego justificó el proyecto para restringir el uso de las redes sociales en momentos de “conmoción social”, el cual también cuenta con el respaldo del gobierno de Sergio Urribarri.

El proyecto fue aprobado ayer martes por la Cámara de Diputados de esa provincia e ingresó a la Legislatura una semana después de que en Entre Ríos, como en otras provincias se registraran saqueos posteriores a las protestas salariales de la policía, y que dejaron dos muertos.

Los hechos, como cualquier acontecimiento que llega a las redes sociales, fueron promovidos, festejados, condenados, denunciados e informados, a través Facebook y Twitter principalmente.

 Lo que no se conoce que se prohíba, parecer ser el fundamento de este proyecto. Este miércoles, Almará expresó en declaraciones radiales que a las redes sociales las maneja "un señor desde los Estados Unidos". Comentarios al margen.

Uno de los párrafos del proyecto, que asombra por su liviandad y tiene tan solo tres artículos, reclama “solicitar al Estado provincial para que inste a los organismos nacionales competentes a establecer, en casos de conmoción interior, políticas de regulación y restricción de medios electrónicos, Internet y redes sociales tendientes a bloquear comentarios, expresiones e información de carácter delictivo que fomenten la apología del delito y la violencia, que lesionen la paz ciudadana, que promuevan el odio y la intolerancia, generen zozobra o desconozcan las autoridades legalmente constituidas”.

La idea es que, eventualmente, la Secretaría de Comunicaciones intime a “las empresas proveedoras de servicios el bloqueo de las redes sociales, en toda la provincia de Entre Ríos”.

En diálogo con diario El Cronista, Almará explicó que el proyecto se basa en el artículo 13 de la Constitución Provincial, que establece que el derecho al acceso a la información “puede restringirse (…) mediante una ley, en resguardo de otros derechos que al tiempo de la solicitud prevalezcan sobre éste”.

"Hay movilizaciones que se convocaron con justo derecho por las redes sociales. Se convocan para el bien, pero también se pueden convocar para el mal”, dijo el legislador.

¿Quién delimitaría esta por demás subjetiva línea de bondad o maldad en la motivación de una protesta? Un cacerolazo, un corte de calle por falta de insumos en un hospital o por un corte de luz de más de 48 horas, ¿es una convocación para el bien o para el mal?

El hecho no es sorpresivo, ya que en los últimos días el Ministro de Justicia Julio Alak estuvo allanando el camino –aunque antes lo había hecho Guillermo Moreno- al pedir investigar a responsables que a través de las redes sociales convocan a saqueos.

"Tenemos identificados seis sitios de Internet que tienen relación entre sí. Nos hemos comunicado con Facebook Argentina para identificar a los que convocan a los saqueos", había dicho el viceministro Julián Álvarez. “Deben ser investigadas las redes sociales y los vínculos de estos grupos con distintos sectores de la política”, añadió.

Así las cosas, no es de extrañar que lo de Almará busque sentar un precedente nacional. De hecho, el texto tiene una breve fundamentación en la que se señala que existe un vacío legal en la normativa argentina, por lo “que se debe sentar un precedente que sea propulsor de legislación que regule en este sentido”.

Dice el texto además que “se deben adoptar medidas especiales que permitan enfrentar y regularizar los comportamientos grupales que pueden derivarse en delitos contra el Orden Constitucional y la Seguridad del Estado, dejando a los ciudadanos expuestos y vulnerados ante hechos delictivos”.

Y se agrega que: “sabemos que grupos fuera de la legalidad que intentan desestabilizar el orden democrático, días atrás se vincularon y organizaron a través del uso de las redes sociales, tales como: facebook, twitter y otras, para incitar a cometer los hechos delictivos, disturbios y hechos de conmoción acontecidos recientemente”.

Luego de una ejemplar, aunque corta, Primavera árabe en Egipto, lo único que alcanzó a aprender la clase política, fue la censura.

Quien escribe estas líneas, publicó en este mismo sitio, en enero de 2011 un artículo llamado La censura en Egipto que puede contagiarse. A continuación, algunos párrafos.

“Es lamentable, pero nadie puede decir que no lo vio venir. La censura en Internet viene tomando una forma que atemoriza. Es real que la evolución tecnológica —sobre a todo en lo que a comunicaciones respecta— avanza a pasos tan agigantados que, para cuando alguien logre ponerse al día, Internet ya habrá avanzado años luz; pero es una realidad palpable que a muchos gobiernos que se hacen llamar democráticos, les gustaría registrar lo que pasa por el ciberespacio y tener más control sobre las comunicaciones a través de la web. Un área que todavía no tienen en sus manos. O al menos es lo que muchos creían.

“Son ya conocidos lo hechos acontecidos en Egipto, iniciados el 25 de enero último, donde Internet ocupó un papel protagónico a la hora de organizar las protestas contra el gobierno de Mohamed Hosni Mubarak —principalmente a través de Twitter y Facebook— para que la gente se manifieste en las calles.

“Los usuarios de la red social Twitter comenzaron a utilizar los hashtag #25jan y #egypt para organizar las protestas y enviar cualquier información relacionada con ellas, desde fotos hasta audios grabados con sus propios teléfonos celulares. Aunque también sirvió para que la gente moviera las protestas cada vez que las fuerzas de seguridad egipcias trataba de interrumpirlas. De repente, imágenes y videos de la represión policial contra los manifestantes —mayormente de jóvenes de clase media apoyados por los estratos más bajos— comenzaron a inundar la web.

“No tardó demasiado el gobierno egipcio para comenzar a tomar medidas a efectos de limitar las vías de comunicación entre los manifestantes, no sólo para evitar congregaciones, sino para impedir que se siguieran difundiendo imágenes de la represión.

“La primera víctima de la censura web, fue Twitter, que tuvo un papel fundamental en las protestas de Túnez, no tanto para facilitar la convocatoria de manifestantes a último momento, sino para informar en tiempo real y a todo el mundo lo que sucedía mientras dimitían el Presidente Ben Ali y los principales ministros de ese país africano. Poco después le tocó el turno a la red social más grande del mundo, Facebook, la cual también fue bloqueada.

"Acabo de ver un gobierno caer en Twitter mientras la CNN entrevistaba al conductor de Jeopardy acerca de un concursante robot"

“Luego, fue el servicio de Internet por BlackBerry el que sucumbió, por lo que los manifestantes comenzaron a encontrar otras alternativas para publicar lo que estaba sucediendo, dar a conocer sus exigencias y organizarse. En un momento utilizaron el servicio a través de proxies, herramientas para conectarse a Internet de manera anónima e incluso les pidieron a los vecinos aledaños a los sitios neurálgicos de protestas, liberar su señal de servicio Wi-Fi. Todo esto sólo sirvió para captar aún más la mirada internacional.

“Finalmente, el gobierno terminó tomando la drástica medida de cortar todos los servicios de Internet en el país. Se trata de unos de los cortes de servicio más grandes registrado a nivel mundial por orden del Gobierno.

“Es dable destacar que no es la primera vez que se desconecta a un país o región, Burma fue desconectado el 27 de septiembre del 2007 por protestar contra su gobierno. China desconectó la región de Xinjiang en 2009 durante siete meses como medida para evitar las protestas.

“Si bien las implicaciones de la desconexión a la red en un momento de crisis son gravísimas —ya que significa apartar a millones del mundo y mantenerlos en una especie de agujero negro—, ¿podríamos hablar de un crimen contra la humanidad? ¿Cómo puede reaccionar un país en crisis y sin Internet?

“Por ahora, en la Argentina la ley de medios sólo pretende abarcar el mundo telegráfico y ha prometido dejar la puerta de la web abierta, aunque es sabido que más adelante volverán sobre este asunto.

“Es una realidad que los gobiernos están perdiendo la dimensión de sus demandas de control sobre la red, y su preocupación por fiscalizarla aumenta.

Eliana Toro
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