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Es lamentable, pero nadie puede decir que no lo vio venir. La censura en Internet viene tomando una forma que atemoriza. Es real que la evolución tecnológica —sobre a todo en lo que a comunicaciones respecta— avanza a pasos tan agigantados que, para cuando alguien logre ponerse al día, Internet ya habrá avanzado años luz; pero es una realidad palpable que a muchos gobiernos que se hacen llamar democráticos, les gustaría registrar lo que pasa por el ciberespacio y tener más control sobre las comunicaciones a través de la web. Un área que todavía no tienen en sus manos. O al menos es lo que muchos creían.
Son ya conocidos lo hechos acontecidos en Egipto, iniciados el 25 de enero último, donde Internet ocupó un papel protagónico a la hora de organizar las protestas contra el gobierno de Mohamed Hosni Mubarak —principalmente a través de Twitter y Facebook— para que la gente se manifieste en las calles. Días atrás, lo acaecido en Túnez sirvió como un disparador, si bien se dice que las condiciones en esa región ya estaban dadas.
Los usuarios de la red social Twitter comenzaron a utilizar los hashtag #25jan y #egypt para organizar las protestas y enviar cualquier información relacionada con ellas, desde fotos hasta audios grabados con sus propios teléfonos celulares. Aunque también sirvió para que la gente moviera las protestas cada vez que las fuerzas de seguridad egipcias trataba de interrumpirlas. De repente, imágenes y videos de la represión policial contra los manifestantes —mayormente de jóvenes de clase media apoyados por los estratos más bajos— comenzaron a inundar la web.
No tardó demasiado el gobierno egipcio para comenzar a tomar medidas a efectos de limitar las vías de comunicación entre los manifestantes, no sólo para evitar congregaciones, sino para impedir que se siguieran difundiendo imágenes de la represión.
La primera víctima de la censura web, fue la red social de “microblogging” Twitter, la cual tuvo un papel fundamental en las protestas de Túnez, no tanto para facilitar la convocatoria de manifestantes a último momento, sino para informar en tiempo real y a todo el mundo lo que sucedía mientras dimitían el Presidente Ben Ali y los principales ministros de ese país africano.
"Acabo de ver un gobierno caer en Twitter mientras la CNN entrevistaba al conductor de Jeopardy acerca de un concursante robot"
Poco después le tocó el turno a la red social más grande del mundo, Facebook, la cual también fue bloqueada.
Luego, fue el servicio de Internet por BlackBerry el que sucumbió, por lo que los manifestantes comenzaron a encontrar otras alternativas para publicar lo que estaba sucediendo, dar a conocer sus exigencias y organizarse. En un momento utilizaron el servicio a través de proxies, herramientas para conectarse a Internet de manera anónima e incluso les pidieron a los vecinos aledaños a los sitios neurálgicos de protestas, liberar su señal de servicio Wi-Fi. Todo esto sólo sirvió para captar aún más la mirada internacional.
Finalmente, el gobierno terminó tomando la drástica medida de cortar todos los servicios de Internet en el país. Se trata de unos de los cortes de servicio más grandes registrado a nivel mundial por orden del Gobierno. Curiosamente todo comenzó a suceder minutos después de que AP publicará este vídeo en el que se puede ver un hombre herido de un disparo.
Es dable destacar que no es la primera vez que se desconecta a un país o región, Burma fue desconectado el 27 de septiembre del 2007 por protestar contra su gobierno. China desconectó la región de Xinjiang en 2009 durante siete meses como medida para evitar las protestas.
Si bien las implicaciones de la desconexión a la red en un momento de crisis son gravísimas —ya que significa apartar a millones del mundo y mantenerlos en una especie de agujero negro—, ¿podríamos hablar de un crimen contra la humanidad? ¿Cómo puede reaccionar un país en crisis y sin Internet?
Hay que subrayar que la única línea telefónica que permaneció abierta ha sido la que conecta con la Bolsa de El Cairo: una clara ambición por no renunciar a los negocios que nutren al régimen.
Pero Egipto no es el único país capaz de dejar sin el servicio de comunicación más popular y económico a sus habitantes en beneficio de intereses privados. La cuestionada Ley Sinde española o ACTA norteamericana son reglamentaciones que pretenden ofrecer legislación para bloquear sitios web o desconectar a sus habitantes. Es como un régimen Mubarak, pero dentro de un marco medianamente legal.
Sinde, ¿por qué no se calla?
La Ley Sinde, propuesta por la Ministra de Cultura, Ángeles Gonzales-Sinde, (motivo por el cual la ley se ganó el nombre) tiene como objetivo permitir que una comisión dependiente del Ministerio de Cultura —Comisión de Propiedad Intelectual— tenga la potestad de cerrar páginas web que, de acuerdo a su propio criterio, vulnere los derechos propiedad intelectual previa autorización de los Juzgados Centrales de lo Contencioso Administrativo.
El problema de esta ley es que el responsable de los contenidos que supuestamente vulneran la propiedad intelectual, aquellos que hospedan el contenido, el proveedor de acceso al que está conectado un servidor que hospeda los contenidos e inclusive quien los publicó, tiene 48 horas para que voluntariamente retire el contenido en cuestión. Esto se hace por medio de una petición en la que no intercede ningún organismo jurídico.
Es decir que la denuncia y el propio hecho de determinar si hay falta se hace por una vía administrativa (es decir, un organismo del gobierno) y no por la vía judicial
¿Qué pasaría en la Argentina si en este momento un organismo administrativo designado por un Ministerio formado por personas que no conocemos, con facultades que desconocemos, se les otorga tal poder y tal responsabilidad? Mejor ni pensarlo.
En el caso español, la actuación del juez se limita al derecho de autorizar o no aquello que la comisión determinó. El juez no se ve involucrado ni tiene voz durante el desarrollo del transcurso mismo. Por definición lógica, la ausencia judicial en el proceso no garantiza que las decisiones de esa comisión sean muy justas.
“En diciembre se reveló por medio de las filtraciones de Wikileaks que dicha ley se gestó y redactó a partir de fuertes presiones de lobbys estadounidenses representantes de las industrias audiovisuales (es decir, los estudios y las discográficas). Toda la ley está manchada de las intervenciones de estas grandes empresas al defender a toda costa sus intereses y arrastrar los derechos fundamentales de los ciudadanos españoles”, explica Eduardo Arcos, editor del sitio tecnológico ALT1040.
“Otro problema, es la existencia de un blacklist o una lista negra controlada por la Comisión de la Propiedad Intelectual. En caso que los contenidos infractores no se encuentren dentro de España (ya sea que la empresa de hosting sea extranjera, o los servidores están en otro país o la persona en cuestión no viva en España) entonces podrán pedir que el IP o el dominio en cuestión sea bloqueado. No creo que sea necesario explicar los peligros que la lista negra de sitios y direcciones IP que no pueden ser accedidos mientras estás dentro de España esté en control de unas cuantas personas. Esto es una muralla digital China en potencia”, afirma Arcos.
Un ACTA para mirar de reojo
El Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) o Acuerdo comercial anti-falsificación es una propuesta para un acuerdo comercial plurilateral, según sus promotores, en respuesta al "incremento de los bienes falsificados y obras protegidas por copyright pirateadas en el mercado global".
En octubre de 2007, los Estados Unidos, la Comisión Europea, Suiza y Japón anunciaron que negociarían ACTA. Además, los siguientes países se han unido a las negociaciones: Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, México, Jordania, Marruecos, Singapur, los Emiratos Árabes Unidos, Canadá. Casualmente, los países árabes nombrados aquí son los que más temen próximamente una revuelta popular que acreciente la caída de los regímenes árabes.
Aunque las negociaciones de ACTA se llevan en secreto, el 22 de mayo de 2008 un documento sobre la discusión sobre el acuerdo fue filtrado a través de WikiLeaks en la que se dio a conocer que ACTA establecería un nuevo marco legal internacional al cual los países pueden adherirse voluntariamente y podría crear su propio cuerpo de gobierno fuera de las instituciones internacionales existentes como la Organización Mundial del Comercio (OMC), la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) o la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Un documento, titulado Discussion Paper on a Possible Anti-Counterfeiting Trade Agreement sugiere que los siguientes puntos serán incluidos en ACTA: nuevos regímenes legales para "incentivar a los proveedores de acceso a Internet (ISP) a cooperar con los titulares de derechos en la eliminación de materiales que infringen la ley.
A pesar de que el título del tratado sugiere que el acuerdo sólo cubre falsificaciones de bienes físicos el tratado propuesto tendrá un alcance más amplio, incluyendo "la distribución de Internet y de las tecnologías de la información".
A fines de año pasado más de 70 académicos de Estados Unidos presionaron a Obama para que el ACTA pase a discusión al Senado. Los expertos sugieren que el presidente no tiene la autoridad para firmar de forma unilateral este acuerdo, ya que debería ser considerado como un tratado, por lo que requeriría de la aprobación de dos terceras partes de los senadores.
Casualmente acaba de darse a conocer un cable de la embajada de Egipto que se ha hecho público recientemente por WikiLeaks, donde se destaca el poder de influencia de los bloggers en los ciudadanos y la evolución que ha tenido este movimiento social en el país.
Tal vez esta sea la razón por la cual Estados Unidos se haya manifestado tan livianamente antes los 300 heridos y 13 muertes —todos menores de 30 años— sobre las últimas protestas de Egipto. Máxime cuando ese país siempre se ha destacado por querer iluminar con democracia a sus aliados estratégicos del Medio Oriente. Así lo demuestran los papeles de Wikileaks hechos públicos este mismo viernes, donde afirma que EE.UU.era consciente desde hacía años de la brutalidad intolerable de la Policía egipcia.
¿Y por acá cómo andamos?
La ley de medios audiovisuales impulsada tan apasionadamente por el kirchnerismo dice lo siguiente sobre el tema Internet: “la convergencia tecnológica y el aumento de los servicios a través de Internet, los medios digitales, por satélite, por cable y otros medios no deben tener como resultado una ‘convergencia’ de contenidos; los aspectos esenciales son la libertad de elección del consumidor y el pluralismo de los contenidos, más que el pluralismo de la propiedad”.
Otro gobierno más que no quiere “pluralismo de propiedad”, otra vez esa palabra que supuestamente iba tan en contra de los regímenes progresistas.
Por ahora la ley de medios sólo pretende abarcar el mundo telegráfico y ha prometido dejar la puerta de la web abierta, aunque es sabido que más adelante volverán sobre este asunto.
Es una realidad que los gobiernos están perdiendo la dimensión de sus demandas de control sobre la red, y su preocupación por fiscalizarla así lo demuestra con estas claras censuras con cara de antimonopolio o de derechos de autor.
"Si me hubieras dicho hace 2 años atrás que un día vería gobiernos caer 140 caracteres a la vez, te hubiera llamado loco"
Sin embargo hay muchas esperanzas de que el afán de informarse e informar encuentre nuevas formas (como siempre) de derribar las barreras de la censura gracias a la tecnología y en claro beneficio de la democracia.
Eliana Toro
Fuentes consultadas:
