¿Los gobiernos reproducen las conductas de los pueblos o los pueblos la de sus gobiernos? Difícil responder a esa pregunta, porque pareciera que, en el caso de nuestro país, las conductas ilícitas se reproducen de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en forma permanente y a través de las generaciones. Como en el cuento del huevo o la gallina, las responsabilidades no se pueden atribuir a una sola de las partes, aunque pareciera que la gallina tiene un mayor grado de responsabilidad que el huevo, dado que su misión es protegerlo. En resumen, si el huevo es empollado en la ilegalidad, la ilegalidad será lo que rija a las futuras gallinas, y así será a través de las generaciones.
Ahora bien, si hay algo que puede torcer la Historia a la que parecemos predestinados y que puede corregir conductas que vienen desde tiempos inmemoriales, eso es la educación. Una educación que nos forme para el ejercicio pleno de nuestra ciudadanía. ¿Qué significa esto, a los fines prácticos? Significa que debemos ser capaces de hacer un ejercicio intelectual, en forma individual y colectiva, que nos permita entender la importancia de la legalidad y de la solución de los conflictos por vías institucionales. Los argentinos solemos buscar soluciones en forma desordenada, individualista y prepotente. Cuando nos damos cuenta de que esa conducta, lejos de conducirnos a las soluciones, nos lleva indefectiblemente a la anarquía, ya es tarde. Y entonces, al vernos en la anarquía, pedimos “gobiernos fuertes”, o como se dijo eufemísticamente luego de la grave crisis de 2001, gobiernos que “fortalezcan la autoridad presidencial”. ¿Para qué? Para darnos cuenta, luego, de que el poder concentrado tampoco es la solución, sino que es restrictivo de los derechos de los ciudadanos, produce decisiones de mala calidad por falta de debate previo, y es fuente de negociados derivados de la falta de controles. Entonces: ¿que tal si probamos con la legalidad?
Alguien nos ha hecho creer que la legalidad es un obstáculo, y que la ilegalidad es el gran atajo. ¿Hemos analizado bien la Historia Argentina? La ilegalidad ha sido un gran atajo para unos pocos, es un camino angosto por el que nunca han entrado todos los argentinos; sólo los más fuertes. La legalidad, en cambio, en un orden democrático y republicano, es una gran avenida por la que caben todos. Quizá los más fuertes tomen la delantera, pero los más débiles también tienen derecho a transitar, y poner límites a los abusos de los más fuertes. Es un camino que nos obliga a la responsabilidad, a liberarnos de los caudillos y las anarquías que nos han marcado desde los inicios de nuestra historia patria. Es un camino que nos obliga a la tarea de rescatar, ya no como súbditos sino como ciudadanos plenos, a aquellos que están al margen de la sociedad, y que viven en lugares y situaciones donde el estado aún no llega o sólo llega de manera prebendaria. En suma, y para decirlo con palabras de Sarmiento, optar entre legalidad o ilegalidad es lo mismo que optar entre “Civilización o Barbarie”.
Por eso, necesitamos un sistema educativo consustanciado con la legalidad, que defienda el orden republicano y democrático. Es un gravísimo error desfinanciar la educación pública y no jerarquizar la tarea docente. Es un grave error que no se cumplan aspectos esenciales de la ley nacional de educación. Y es grave que quienes educan en las aulas y también a través de su lucha gremial, no entiendan que sus reclamos deben ser canalizados por vías institucionales. Nunca fuera de la ley. Así como es legítimo el derecho de huelga consagrado en la reforma constitucional de 1957, también lo es su reglamentación, la etapa de conciliación obligatoria que no se está respetando, y la sentencia judicial que ordenó el comienzo de clases en la Provincia de Buenos Aires, que tampoco ha sido acatada.
Mientras gobernantes y gobernados creamos que la legitimidad de nuestras luchas está por encima de las normas, que las normas han sido creadas sólo para quienes no tienen razón, y que nuestros hijos deben ser educados en ámbitos donde reina la incultura cívica, seguiremos viviendo en el subdesarrollo institucional. Y así, continuaremos anulando toda posibilidad de progreso.
José Lucas Magioncalda
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