El vicepresidente Amado Boudo, está cada vez más complicado ante la justicia y ante la opinión pública. Además de la causa que lo complica por el caso Ciccone, la Justicia avanza  paralelamente contra en otra investigación hacia su persona por enriquecimiento ilícito, de acuerdo a lo que hoy publica diario La Nación.

Lo interesante es que la misma fue impulsada por el director Ejecutivo de este portal, Christian Sanz. En ese expediente ya está acumulada casi toda la información que pidió el juzgado —sólo faltan algunos informes de registros de la propiedad— y la fiscalía empezó a analizar si los números le cierran o no al vicepresidente.

El reciente llamado a indagatoria en el caso Ciccone podría agravar la situación de Boudou en este otro caso porque el juez Ariel Lijo, que lleva las dos investigaciones, le adjudicó supuestos negocios no declarados cuando sostuvo que él habría "adquirido" Ciccone "a través de The Old Fund".

En su resolución, Lijo no dice cómo se habrían financiado las operaciones; tampoco, si su presunto paso por la compañía implicó un incremento patrimonial. Pero sí sostiene que durante su gestión The Old Fund y Ciccone hicieron operaciones por las que cobraron millones. Que The Old Fund asesoró al gobierno de Formosa en una reestructuración de la deuda pública de la provincia y que la nueva Ciccone imprimió boletas para el Frente para la Victoria y billetes para el Estado nacional.

Además del patrimonio de Boudou, en la causa por enriquecimiento ilícito revisan los bienes de su hermano y de su novia, Agustina Kämpfer; de su socio y amigo José María Núñez Carmona, y de Alejandro Vandenbroele; ellos son algunos de sus supuestos testaferros, todos imputados en este expediente. El juez pidió las declaraciones juradas de todos; informes a los registros de la propiedad; información de cuentas bancarias y gastos de tarjetas de crédito. "Falta que lleguen oficios con información pedida a los registros sobre posibles prestanombres", dijo a La Nación una fuente del caso.

La defensa de Boudou reclama que se haga cuanto antes un peritaje sobre la evolución del patrimonio del vicepresidente. Hace más de un año, su abogado Diego Pirota afirmó en un escrito que lo aportado por Boudou y lo obtenido ya en la causa era "más que suficiente para dar comienzo con la pericia contable". El juez no la dispuso y sigue juntando datos sobre el vicepresidente.

En julio de 2013, la fiscalía de Jorge Di Lello pidió la intervención de un consultor técnico de la Procuración, el contador Carlos Castro, a quien le envió todos los papeles reunidos en el expediente. "La idea es que revise la documentación y contribuya al análisis técnico y contable de toda la prueba que se está realizando en el expediente, y que señale las inconsistencias para que Boudou dé las explicaciones, si corresponde", dijo ayer el fiscal a La Nación.

Castro no presentó todavía ningún informe. La defensa del vicepresidente se había opuesto a que este consultor de la Procuración analizara documentos sin su control. Lo planteó formalmente en la causa, pero su queja no prosperó.

En este expediente, además de Boudou y una lista de supuestos testaferros, están bajo investigación una serie de sociedades; entre ellas, Inversiones Inmobiliarias Aspen y Hábitat Natural —firmas que Boudou declaró como propias—, y Embarcaciones Argentinas, que figura a nombre de Núñez Carmona y de otro hombre cercano al vicepresidente, Juan Carlos López, y que aparece como dueña de un yate valuado en 295.000 dólares, según informó la revista Noticias. También, The Old Fund y Compañía de Valores Sudamericana (continuadora de Ciccone Calcográfica); firmas que, según Lijo, también habrían sido del vicepresidente.

María Luisa Torres