La ley 26045 promulgada de hecho en julio de 2005 permitió iniciar un registro del camino de la efedrina entre otros precursores químicos, pero los jueces entendieron el desvío de precursores como una falta administrativa, rechazando así las denuncias realizadas por José Ramón Granero que al frente de Sedronar detectaba estas anomalías.

Recordemos que el repentino cierre de la importación de efedrina en México hizo que el kilo de este producto se elevara en aquel país unas 10 mil veces, obligando así a los narcotraficantes a buscar nuevas rutas, encontrando en Argentina el paso ideal por la debilidad de su marco normativo.

Se debe tener en cuenta que la ley 26045 fue confeccionada en la Subsecretaría de Control y Legislación a cargo de Gabriel Abboud dependiendo directamente de José Ramón Granero a cargo de Sedronar, pero nunca fue reglamentada. A pesar de eso sirvió como herramienta legal para denunciar los desvíos de precursores químicos. Sedronar a través de Granero realizó 56 denuncias penales o contribuciones a los requerimientos de jueces de todo el país en aquellos días.

¿Qué pasaba con las denuncias? Los cráneos de la justicia, entienden que la intención de cometer un delito no es punible. La persona puede pensar en cometer una infracción, pero si no la comete o si se lo intercepta antes de la acción pensada no será posible accionar con reproche legal alguno. Hoy la justicia no castiga el pensamiento, es decir no se dedica a prevenir el delito.

En el caso de la efedrina el comprador que dice que la necesita para un fin determinado, puede exportarla con otro destino. Tanto la importación como la exportación, recaen sobre los resortes de Aduana, sin que Sedronar u otra repartición pueda inmiscuirse, máxime cuando en Argentina por aquellos días existía un agujero legal, respecto de sus usos legítimos.

Más tarde con la ley en la mano creada en Sedronar, la cosa no fue tan simple, pero de todas maneras los imputados se encargaron de mostrar estos hechos como errores administrativos.

En el expediente figura la investigación sobre este funcionario con hermanos en Casa Rosada y amigos con empresas farmacéuticas, que a cualquier costo intentan encadenar o relacionar con Granero y Gabriel Abboud desde el juzgado federal 1.

Quien lleva adelante la causa y dialoga bajo cuerda con los medios de comunicación es Franco Garose conocido en tribunales como “Petruccelli” cual mala copia de la serie de televisión cuyo protagonista portador de ese apellido, descubría intrincada tramas que escondía a tenebrosos culpables. En este caso “Petruccelli Jr.” intenta unir en bloque a Granero y Abbud (creadores de la ley de control de precursores) con quienes la infringieron y con el empleado que aparentemente tenía contactos con estos a través de llamados telefónicos a Casa Rosada.

Cualquier alumno de primer año de la facultad de derecho entenderá al leer este artículo, que la supuesta culpabilidad de Granero y Abboud es insostenible en el expediente, dado que no se juzga a las personas por las elucubraciones mágicas de un “Petruccelli Jr” que lleva el expediente, lo que permitirá que María Romilda Servini de Cubría pase la mayor de las vergüenzas en el sistema judicial de Argentina a poco de retirarse.

La relación aparente entre Abboud, Granero y el empleado con conexiones en Casa Rosada es que trabajaban en el mismo edificio, bastante poco sustentable para procesarlos, aunque inmejorable para sacar del medio a dos personas gravitantes en la lucha contra la despenalización de las drogas.

Si Gabriel Abboud y José Ramón Granero fueran realmente narcotraficantes o narcopolíticos los hubieran tratado con amor y más respeto y los habrían ungido con cargos y prebendas como sucede en las narco-repúblicas.

Claudio Izaguirre
Presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina