Las esquirlas de la bomba que estalló la semana pasada, cuando se revelaron los lazos de ex funcionarios de la Sedronar con el tráfico de efedrina, podrían tener un alcance inesperado para el gobierno de Cristina Kirchner.

En estas horas, por caso, la Justicia ha comenzado a desempolvar un informe de la Unidad de Información Financiera (UIF) de principios del año 2010 que vincula la campaña del Frente para la Victoria del año 2007 con puntuales empresarios investigador por tráfico del mismo precursor.

En ese documento, donde aparecen oportunos Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), se desnuda cómo el empresario Néstor Lorenzo hizo una serie de aportes en efectivo a la campaña ad hoc por un total de 2 millones ochocientos mil pesos, entre octubre y noviembre del 2007.

Bautizado como el "Yabrán de los remedios" por Graciela Ocaña, Lorenzo se encuentra procesado —está libre bajo fianza—por tráfico de fármacos, en el contexto del expediente denominado "la mafia de los medicamentos".

Otro de los aportantes que aparece en el paper es Marcelo Abasto, ex socio del asesinado Sebastián Forza en el marco del Triple Crimen de General Rodríguez de agosto de 2008. Ambos fueron socios en la droguería Seacamp, también involucrada con el tráfico de efedrina.

Pero hay más: Ariel Vilán también aportó a la campaña de Cristina y Julio Cobos. Lo hizo a través de la droguería Unifarma, también implicada en la mafia de los remedios.

No obstante, Vilán no cobró celebridad por ello, sino por haberse suicidado poco después de ocurrido el triple crimen arriba mencionado.

Al mismo tiempo, Abasto y Vilán supieron extender cheques a favor de Luis Tarzia, nexo con el cártel mexicano de Sinaloa, comandado por Joaquín "Chapo" Guzmán.

Fallecido en 2009, Tarzia era el único argentino que se encontraba preso por el allanamiento a la quinta de Ingeniero Maschwitz, donde se arrestó a 9 mexicanos y se desmanteló una cocina de efedrina.

El documento de la UIF incluye algo inquietante: señala que las mencionadas empresas también tuvieron vínculos financieros con los sospechados Laboratorios Sanfer SA e Invekra SA, ambos mexicanos.

Para cerrar el círculo, debe mencionarse que otro de los aportantes al Frente para la Victoria supo ser Ibar Esteban Pérez Corradi, un acusado de narcotráfico que la DEA pidió extraditar a EEUU.

Ex socio del asesinado Forza, Pérez Corradi hoy está prófugo por el triple crimen de Gral Rodríguez.

Coincidencias que no son tales

La jueza que investiga a ex funcionarios de la Sedronar —con José Granero a la cabeza— es María Romilda Servini de Cubría, la misma que acopia un voluminoso expediente que indaga sobre la posibilidad de que se hubiera blanqueado dinero en el marco del financiamiento a la campaña de Cristina y Cobos en 2007.

Lo que sospecha la jueza es que los fondos de campaña estarían compuestos de “plata negra” que luego habría sido blanqueada por testaferros de Lorenzo, los cuales a su vez hicieron donaciones en cheques a la campaña K.

En tal sentido, cabe preguntarse: si no fueron aportes legítimos, ¿de dónde provinieron esos fondos?

Por lo pronto, Servini de Cubría pudo determinar que esos valores salían de la Obra Social Bancaria, pasaban por las cuentas de la droguería San Javier y terminaban siendo cobrados en efectivo por Pérez Corradi. Este a su vez operó de nexo entre Aníbal Fernández y un narcotraficante mexicano llamado Carlos Ahumada Kurtz.

En ese contexto, el informe de marras de la unidad fiscal antilavado complementa todas las sospechas existentes: sin dudarlo, en sus conclusiones señala que estos y otros movimientos "revisten característica sospechosas" que podrían encuadrarse como delito de lavado de dinero.

La pata política

En el marco de la tarea de recaudación para la campaña oficial de 2007, el nombre que no deja de aparecer con insistencia feroz es el de Héctor Capaccioli, eyectado superintendente de Servicios de Salud en noviembre de 2008 y hombre del riñón del auto-renunciado Alberto Fernández.

Capaccioli ha sido la misma persona que Forza mencionó como "intermediario necesario" respecto a cualquier ilícito vinculado a la venta de medicamentos o adulteración de fármacos. Sospechosamente también es la persona que, sin parangón en la historia política argentina, se encargó de recaudar dinero para la campaña de Cristina y Cobos. ¿Qué significa esto? históricamente, jamás un superintendente de ninguna área se hizo cargo de tarea semejante.

Casualmente, merced a su gestión, la mayor cantidad de aportantes a "la causa" fueron laboratorios medicinales y/o personas vinculadas a estos.

“Vos sabés que muchos, como en mi caso no pusimos un solo peso. Nunca ni el fiscal Di Lelo, ni Servini de Cubría, llamaron a nadie a declarar, el único fue quien te habla. ¿Y los demás que salieron en diarios revistas que no pusieron un solo peso? ¿Los verdaderos financistas adonde están?”, preguntó retóricamente Gabriel Brito, titular de la consultora Global Pharmacy, ante la consulta de este cronista. Brito es uno de los supuestos aportantes a la campaña del Frente para la Victoria que en realidad nunca puso dinero de su bolsillo.

En el contexto mencionado, hay un dato que no debe pasar desapercibido: en marzo de 2008, Aníbal Fernández y Ricardo Echegaray —uno a cargo del Ministerio de Justicia y otro al frente de la Dirección General de Aduanas—, junto al jefe del departamento de Narcotráfico de la Aduana, Diego Pérez Escobar, recibieron por parte de la DEA y la Procuraduría General de México, lo que se llama "Alerta Efedrina", esto es, la advertencia de que estaba saliendo efedrina en grandes cantidades desde el territorio nacional.

"El error, negligencia o mejor dicho actitud dolosa por parte de Fernández, Echegaray y Pérez Escobar, fue no haber enviado el llamado alerta efedrina, a las demás fuerzas de seguridad —Policía de Seguridad Aeronáutica, Prefectura, Gendarmería, Policía Federal, policías provinciales, Dirección Nacional de Migraciones, etc— para que se tomaran los recaudos necesarios para que no siguiera el contrabando a México de ese precursor químico", admitió a este periodista una importante fuente de la Aduana Nacional en esos días.

Fruto de la casualidad, o no, en noviembre de 2008, la Procuraduría General de México dio una nueva "alerta" tanto a Aníbal Fernández como al ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli.

Fue en reuniones separadas que uno y otro tuvieron en Argentina con los delegados mexicanos, luego de que la Policía Federal incautara en San Miguel 750 kilos de cocaína y detuviera en el operativo a dos mexicanos.

No obstante, lo más sorprendente no fue la alerta en sí, sino el "cajoneo" de esa advertencia por parte de los funcionarios argentinos.

¿Había no había voluntad de detener el tráfico de efedrina por parte del gobierno? ¿Por qué no se dio importancia a los alertas de los sabuesos mexicanos?

Esas preguntas no tuvieron respuesta en su momento; tal vez el momento de todas las revelaciones sea ahora, seis años más tarde.