El carrusel de malas noticias para la Argentina sigue girando y nada hace presuponer su detenimiento en las próximas semanas, luego de que fracasaran las gestiones en el pleito por la deuda y el país fuera declarado en default selectivo o parcial.

En lo que respecta al litigio, el juez Thomas Griesa decidió que las gestiones del mediador Daniel Pollack sigan adelante en busca de una solución entre la Argentina y los fondos buitre, pero esas negociaciones parecen no tener destino feliz.

Cumplido el período de gracia para el pago a los bonistas que entraron al canje —los fondos fueron retenidos por Griesa—, agencias calificadoras de crédito consideraron que la Argentina se encuentra en "default selectivo" y el ente que regula los seguros contra cesaciones de pago estableció que los contratos deberán ser pagados, con montos de US$ 1000 millones.

De inmediato, el Gobierno anticipó que le pedirá a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que "inicie una exhaustiva investigación" para determinar "si este juicio no es en realidad la fachada de una maniobra especulativa en favor de los fondos buitre, que pretende que ganen por los bonos en default que compraron a precio vil", pero también por los seguros contra default que contrataron y que estarían en condiciones de cobrar.

Los fondos especulativos ganan si cobran y ganan si no cobran. El problema es que todo indica que sus movidas son legales y amparadas en la timba del sistema financiero internacional.

Por otra parte, una gestión iniciada por las entidades bancarias nacionales agrupadas en ADEBA para comprar la deuda a los fondos buitre terminó en duros cuestionamientos de Cristina Kirchner y Axel Kicillof contra el líder de la movida, el titular del Banco Macro, Jorge Brito.

Brito tenía aval oficial y del titular del Banco Central, Juan Carlos Fábrega. El fracaso profundizó las divisiones en el Gobierno por cómo encarar este tema y sobrevolaron rumores de renuncia del jefe da la autoridad monetaria.

Pero los limonazos podrían continuar. A partir de haberse concretado contractualmente el default puede sobrevenir la llamada "aceleración" de los bonos.

En palabras del economista Nicolas Dujovne, ello implicaría que instrumentos de deuda que vencían entre los años 2033 y 2038 pasarían a ser exigibles inmediatamente. Para que ello ocurra, se deben formar determinadas mayorías de bonistas, según las distintas dieciséis series de bonos en default y decretar la aceleración en una asamblea. La Argentina tiene forma de contrarrestarlo, pero la amenaza está latente.

Por otra parte, una solución al conflicto con los holdouts no hubiera resuelto de un plumazo los problemas de arrastre de la economía pero si podría haber significado una bisagra, luego de acuerdos internacionales destinados a volver a los mercados voluntarios de crédito y a captar inversiones extranjeras.

El clima de hostilidad no aliviará los cuellos de botella de la economía real que sufre los embates de la inflación y la caída de la actividad, lo que a su vez redunda en problemas de empleo.

Fallo injusto o negligencia

Los problemas políticos para el Gobierno no son mayores porque son pocos los que cuestionan el camino recorrido en materia de "desendeudamiento". De hecho, las últimas encuestas reflejaron una significativa adhesión de los argentinos a la postura de la Casa Rosada y el Palacio de Hacienda.

Sin embargo, entre los analistas crece un debate sobre si Néstor Kirchner, Roberto Lavagna, Guillermo Nielsen y luego Amado Boudou y Hernán Lorenzino manejaron criteriosamente la reestructuración de la deuda o cometieron errores garrafales que permitieron esta suerte de encrucijada financiera.

Según abogados especializados, la Argentina debió haber establecido en forma retroactiva una cláusula de Acción Colectiva de salida, que diera por aprobado el canje, una vez que alcanzó dos tercios o tres cuartos de adhesión.

De ese modo, los fondos buitre que compraron bonos en default para litigar, habrían sido neutralizados de entrada, luego del antecedente de Perú, país al que fondo Elliot-NML ya le había ganado un juicio en 2000 haciendo valer la cláusula "pari passu" que ahora atormenta a la Argentina.

Estrategia

Para Cristina Kirchner la opción sería que el tema de la deuda domine la agenda nacional pero que no cause pánico. El Gobierno parece haber postergado cualquier tipo de acuerdo hasta después de diciembre, cuando vence la ya célebre cláusula RUFO, y mientras tanto apelará a contraataques judiciales y posiblemente propiciará debates legislativos.

El pleito en los tribunales estadounidenses opaca las batallas internas —inflación y ganancias, entre otras— y también mantiene anestesiados los padecimientos del vicepresidente Amado Boudou, quien estaría a punto de sufrir un segundo procesamiento en una causa por presunta falsificación de la documentación de un auto.

La situación del vice es un problema para la Presidenta, quien ya hizo saber que espera reactivar el Congreso en el segundo semestre del año. De hecho esta semana volverá a sesionar la Cámara de Diputados para aprobar el proyecto que busca dar inmuidad a los activos de los bancos centrales extranjeros.

El problema para la Casa Rosada está en el Senado donde la oposición ya dijo que va a escandalizar cada sesión que presida el número dos del Ejecutivo. Y si bien muchas voces del oficialismo sugirieron que se tome licencia, la propia Presidenta mandó a Oscar Parrilli a respaldarlo en un raid mediático.

El vice reemplazará esta semana a la mandataria en la reasunción de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia y luego viajará a México a un encuentro interparlamentario, por lo que estará varios días fuera del país y no conducirá el informe de gestión del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.

Mientras tanto, más allá de Boudou, la oposición sigue embarcada en una larga campaña anticipada —también participan seis precandidatos del oficialismo— pero no logra generar hechos políticos, una constante en los últimos años.

Gabriel Profiti