Allá por el año 2009, cuando el gobierno de Cristina Kirchner previó una crisis internacional que afectaría a nuestro país (y por ende, las chances electorales del oficialismo), decidió modificar, por única vez, el aún no estrenado Código Nacional Electoral que establecía las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). Así, se adelantaron las elecciones nacionales de modo que la ciudadanía eligiera a sus representantes antes de que la situación económica –según cálculos del gobierno- comenzara a deteriorase.

Esta modificación de una normativa en función de la estrategia electoral del oficialismo, quizá sea el peor precedente en la materia, desde la recuperación democrática iniciada en 1983.

La sola adecuación de las normas electorales a la conveniencia de uno de los contendientes no sólo es grave en sí misma, sino que también lo es porque lleva inexorablemente a que la historia se repita.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se encuentra prohibida la realización de elecciones locales, juntamente con las elecciones nacionales (Ley CABA 875). Asimismo, la Legislatura porteña –sin modificar la prohibición antes mencionada- aprobó recientemente un nuevo régimen electoral que contiene dos aspectos fundamentales. Uno de ellos, la realización de Primarias Abiertas Simultaneas y Obligatorias. El otro, la implementación de la denominada “boleta única”.  

Ahora bien, conforme lo establece la propia Ley CABA 4894, que entrara en vigencia a principios del corriente año, el Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, debía reglamentar, en 120 días, ambos aspectos de la nueva normativa electoral.

Si bien en forma tardía, Mauricio Macri reglamentó las PASO locales, el nuevo sistema de “boleta única” no corrió la misma suerte.

¿A qué se debe la ilegal omisión del Jefe de Gobierno? Sencillamente, a una estrategia tendiente a unificar por ley las elecciones nacionales con las locales (lo cual debe ser aprobado por la Legislatura porteña), en cuyo caso, la “boleta única” -reglamentación mediante- debiera ir pegada a las boletas para cargos nacionales (Presidente, Vice y diputados).

¿Qué gana Macri con esto? El Jefe de Gobierno considera que su imagen es superior a la de su potencial candidato, Rodríguez Larreta, y que la boleta nacional –con su candidatura a Presiente-, pegada a la local, le permitirá arrastrar votos para sus candidatos locales de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué pierde la oposición al macrismo? Si una ley electoral tiene un plazo de reglamentación es para que, desde el momento fijado legalmente, los contendientes conozcan las reglas de juego del proceso electoral. Es el oficialismo el único que conoce el tenor del decreto reglamentario que aún no dictó, y si ese conocimiento de las futuras reglas de juego se prolonga más allá del plazo legal, es evidente que la oposición no goza del mismo plazo para elaborar las estrategias de campaña, las alianzas y, en este caso, la difusión del nuevo sistema ante su electorado. 

¿Qué pierde la ciudadanía? La implementación de la “boleta única” es un hecho de suma trascendencia, porque modifica la cultura electoral de la jurisdicción en que se aplica, a tal punto que es necesario difundir, durante el mayor tiempo posible, las características que hacen a su aplicación. La ilícita ausencia de reglamentación impide, en consecuencia, conocer con precisión las reglas de juego y, por lo tanto, proceder a la difusión de las mismas.

Contra la demora reglamentaria de la “boleta única”, el dirigente radical porteño Gabriel Santagata presentó, hace una semana, un amparo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. De este modo, el Poder Judicial podrá, eventualmente, obligar a Macri a reglamentar la “boleta única”, disipando, aunque tardíamente, el tenor de las nuevas reglas de juego.

Ahora bien, si la nueva reglamentación permite desvirtuar avances legislativos tales como las P.A.S.O. y la “boleta única”, pegándola a la retrógrada “lista sábana” que rige a nivel nacional, a pocos meses del comicio, seguirá latente la discusión sobre si es lícito o no modificar la legislación electoral de manera intempestiva y tendenciosa, destruyendo los principios de igualdad y equidad electoral.

(*) El autor es Pte. de Ciudadanos Libres por la Calidad Institucional Asociación Civil y abogado del dirigente Gabriel Santagata en el amparo que se menciona en la presente nota.