Siempre fue así, pero hay momentos en que los acuerdos secretos se corporizan con hechos demasiado evidentes. Y otra vez, como en tantos pasajes de la historia argentina, los pactos políticos vuelven a estar a la orden del día. La Ciudad de Buenos Aires ofreció en la semana que termina el escenario de uno de estos entendimientos que, a la luz pública, resultarían inconfesables. Y en los próximos días pasará algo similar que podría convertir al territorio porteño en un sitio directamente intransitable.

La aceptación del alcalde Mauricio Macri del traspaso del Subterráneo de la órbita nacional a la porteña tiene, de hecho, un trasfondo de cuyas proporciones aún no se llega a tener una dimensión real. Las negociaciones con la Casa Rosada incluyeron un amplio paquete de contraprestaciones políticas y económicas. Algunos de esos intercambios están relacionados al desarrollo inmobiliario, cuya importancia para la Capital Federal puede ser equiparable a sectores clave como la minería para las provincias cordilleranas, al petróleo para las patagónicas o a la soja para la zona núcleo del agro argentino.

Así, dos megaemprendimientos planificados en la codiciada zona ribereña —uno de ellos en la ex Ciudad Deportiva de Boca y otro repentinamente conocido como la Isla Demarchi— son fundamentales a la hora de entender por qué el Gobierno porteño acepta en este momento el controvertido traspaso del Subterráneo. Hace rato que el macrismo venía impulsando la instalación de un lujoso barrio cerrado definido como "la Dubai de Buenos Aires" frente a la villa Rodrigo Bueno, pero no obtenía el apoyo del arco opositor porteño, cuyas filas son engrosadas por el kirchnerismo.

Pero la suerte de ese proyecto entancado podría cambiar en caso de que el PRO diera su aval a la rezonificación de la Isla Demarchi, donde el Gobierno nacional no solamente quiere construir un Polo Audiovisual sino también un estadio para 15 mil espectadores rodeado de negocios gastronómicos. El ambicioso proyecto ya fue presentado en la Legislatura porteña con la firma del legislador camporista Juan Cabandié. Más datos: el organismo que interviene en esta iniciativa es la Agencia Nacional de Bienes del Estado, ex Onabe, controlada políticamente por la agrupación que lidera Máximo Kirchner.

La interna peronista

También hay mucho que no se dice públicamente detrás del paro en el que confluirán el próximo martes las centrales obreras opositoras CGT y CTA. Es que, más allá del justo reclamo contra el Impuesto a las Ganancias, a Hugo Moyano y Pablo Micheli los une el objetivo político de zarandear al Gobierno nacional. Por eso Moyano no vacila en volver a hablar con viejos adversarios como Luis Barrionuevo ni en avalar prácticas reñidas con la historia del sindicalismo peronista, como los piquetes a los que recurre la CTA. Por cierto, el martes no solamente habrá bloqueos de rutas y calles, sino también de vías de ferrocarril.

Es que el punto débil de la medida de fuerza estará en el transporte urbano —colectivos, trenes y subtes son controlados por gremios afines al kirchnerismo—, por lo que los organizadores del paro darían rienda suelta a las agrupaciones sociales para hacer piquetes a diestra y siniestra. También habrá problemas para el transporte aerocomercial —se esperan complicaciones tanto para Aerolíneas Argentinas como para empresas privadas—, mientras que la incógnita principal está centrada en la reacción del Gobierno, que no dudó en apelar a la Gendarmería en el último paro nacional de los Camioneros.

La relación de la Casa Rosada con los sindicalistas es oscilante, incluso con aquellos que quedaron dentro del bando oficial. El insólito contrapunto entre el ministro de Planificación, Julio de Vido, y el titular de Luz y Fuerza, Oscar Lescano, por los motivos del apagón son prueba de ello. Se trata, en el fondo, de viejas y conocidas internas en el seno del peronismo, que se volvieron a materializar esta semana con el incidente entre la ministra de Industria, Débora Giorgi, y el gobernador José Manuel de la Sota, que le valió al cordobés una andanada de críticas emanada desde el poder central.

Ya no es un secreto que De la Sota tiene ambiciones presidenciales, lo mismo que su colega bonaerense Daniel Scioli. Aunque el gobernador de la provincia más importante del país se mantiene dentro del cuadro oficialista bajo la tesis de que a Cristina Kirchner no le quedará otra salida que consagrarlo como el "heredero" para el recambio de 2015. Scioli vuelve a ser imprescindible en el esquema oficialista porque la Presidenta necesitará, como el aire para respirar, de un triunfo en próximas las elecciones legislativas en territorio bonaerense. Aunque la Casa Rosada ya trabaja en un armado de candidaturas que incluiría a los intendentes más populares.

Uno de ellos sería el jefe comunal de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, con cuya presencia en la lista de candidatos a diputados nacionales por el Frente para la Victoria, el kirchnerismo buscaría contrarrestar el poderío del intendente de Tigre, Sergio Massa, en la primera sección electoral bonaerense. Estos experimentos político-electorales comienzan a tener lugar porque la candidata del Gobierno para el distrito, la ministra Alicia Kirchner, no despega en las encuestas de intención de voto, lo cual también dispara otras especulaciones como la posibilidad de que ese lugar sea tomado por su colega Florencio Randazzo.

Mientras tanto, el Gobierno consiguió que el Congreso aprobara la sanción del per saltum para acelerar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia sobre la Ley de Medios, al tiempo que planifica una gran movilización a la Plaza de Mayo para "festejar la caída del Grupo Clarín". Aunque hace rato que el kirchnerismo perdió el control de la movilización callejera.

Mariano Spezzapria
Agencia NA