La ONG Ciudadanos Libres Por La Calidad Institucional presentó en las últimas horas una denuncia ante el Consejo de la Magistratura solicitando la aplicación de una sanción disciplinaria al juez de la Corte Eugenio Raúl Zaffaroni.

El hecho denunciado consiste en haber efectuado declaraciones públicas, en un encuentro realizado en la Ciudad de Trelew, el día 14 de noviembre pasado, donde, afirmó que, de no ganar el actual proyecto político que gobierna el país, “ello llevaría a un caos”.

“El hecho de que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación proclame su adhesión al partido de gobierno, poniéndolo como única alternativa al caos, constituye una inocultable muestra de alineamiento partidario y proselitismo. Esta conducta, no sólo pone en duda la independencia del magistrado, sino que afecta seriamente la credibilidad de la ciudadanía en el Poder Judicial de la Nación”, destacó Lucas Magioncalda, letrado de la mencionada ONG.

Además, sostuvo que “el hecho denunciado vulnera la prohibición de ‘actuar en política’ que establece el Reglamento para la Justicia Nacional, así como el deber de guardar el ‘decoro’ que exige la ley del Consejo de la Magistratura”.

Asimismo, la ONG denunciante expresó que viene sufriendo la vulneración de sus derechos de acceso a la información pública en una investigación que había iniciado en relación a Zaffaroni.

El pasado 10 de setiembre, la ONG presentó una solicitud de información pública para determinar si el Juez Zaffaroni requirió y obtuvo del máximo tribunal la autorización previa que exige el “Reglamento para la Justicia Nacional” para la realización de actividades ajenas  a la función específica de los jueces.

Concretamente, el pedido se orientaba a conocer si existió autorización reglamentaria  a fin de que Zaffaroni  condujera el programa televisivo denominado “La Cuestión Penal”, que se emite en el oficialista Canal Encuentro.

“Recientemente se conocieron dos fallos dictados por la Corte Suprema, en materia de acceso a la información pública. Ambos,  al igual que los precedentes “PAMI” y “CIPEC”, son categóricos a la hora de exigir a la administración pública que brinde información oportuna a quienes la solicitan, con los más amplios criterios de accesibilidad”, afirma Magioncalda.

“Ahora bien, mientras la Corte dicta fallos ejemplares en la materia y declara que la información pública es ‘el oxígeno de la democracia’, muestra su cara corporativa cuando le toca informar respecto de uno de sus miembros”, agrega.

Es que luego de transcurridos más de 55 días desde la solicitud en cuestión, el máximo tribunal respondió con una chicana: exigió a la ONG Ciudadanos Libres que presentara una copia certificada ante escribano del poder general de su abogado-apoderado.

“Como bien sabe todo aquel que se mueve en tribunales, la copia de poder general suscripta por abogado es suficiente hasta para litigar ante la Corte, atento a que el profesional matriculado la valida con su propia firma”, destacó el letrado de la ONG.

Finalmente, y luego de que Ciudadanos Libres explicara, entre otras cosas, que la intervención de un escribano contrariaba el principio de acceso gratuito a la información pública, la Corte accedió a que su propio personal certificara una copia del mencionado poder.

“Habiéndose cumplido el absurdo requisito de certificar la copia del poder y pasados 94 días desde la primera presentación, la Corte sigue sin brindar respuestas”, indica Magioncalda.

Así las cosas, de confirmarse la ausencia de autorización previa, Zaffaroni estría cayendo en otro incumplimiento de sus obligaciones que podría dar lugar a una sanción.