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El cepo cambiario, la inflación y las paritarias empiezan a dominar la agenda electoral y tal vez por ello los candidatos sacaron al primer plano esta semana a sus referentes económicos para iniciar un debate que promete ser determinante para definir al sucesor de Cristina Fernández.
Con gremios presionando por aumentos superiores al 40%, una escalada de precios que puede desacelerarse pero no parece detenerse y obligó al gobierno a aceptar un ajuste de casi 3% el programa de Precios Cuidados, la coyuntura aparece complicada.
Consultores de opinión pública aconsejan, además, a dirigentes políticos de la oposición empezar a decir qué harán con los 8 millones de planes sociales que se pagan en la actualidad, porque es uno de los grandes interrogantes que inquieta a una porción no menor del electorado.
En la Argentina se estima que medio país, unos 20 millones de personas, subsisten gracias a la ayuda del Estado y al empleo público que, en muchas provincias, como Formosa o el Chaco, supera al privado.
Desde hace dos años, los planteles de las empresas prácticamente dejaron de crecer -sólo habría movimientos en lo que es trabajo en negro-, y apenas los Estados Nacional, Provincial y Municipal siguieron incorporando gente.
La enorme ayuda social superior a los 100.000 millones de pesos anuales, sumada al déficit en las prestaciones de salud en vastas zonas del país, sugieren que el problema social de la Argentina es mucho más complejo del que admite el discurso oficial.
Tal vez no sea casualidad que el gobierno haya dejado de informar la pobreza y argumente razones instrumentales y hasta filosóficas para sostener que es "difícil" determinar quién es pobre porque sería "estigmatizar", un argumento que suena más al discurso utilizado en países donde el republicanismo está en crisis.
Para la consultora Ecolatina, la pobreza afecta al 27% de la población, 5 puntos porcentuales por encima del registro de 2013. De ese total, cerca del 10% de la población vive en la indigencia, 3,3 puntos más que en 2013, sostiene ese centro de estudios fundado por Roberto Lavagna, hoy en el Frente Renovador de Sergio Massa.
Según ese trabajo, el año pasado 2,2 millones de personas cayeron en la pobreza y otros 1,2 millones en la indigencia, y el problema ya afecta al mismo porcentaje de la población que en 2009.
A esto se suma un escenario recesivo, ya que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revisó a la baja su previsión de crecimiento para la Argentina en 2015 y avisó que la economía permanecerá en recesión por segundo año consecutivo.
Todo indica que el último año de gobierno de Cristina Fernández se caracterizaría por una economía alejada de las tasas alcanzadas entre 2003 y 2007.
Quien no construya un discurso verosímil respecto de qué hacer con los planes sociales tendrá chances casi nulas de obtener la victoria electoral, pronostican encuestadores que hablan al oído de los principales candidatos.
No es casualidad entonces que el gobierno haya salido a desacreditar propuestas que vienen realizando los candidatos, mostrándose cómo único garante de mantener los planes sociales.
"Las momias de la derecha se maquillan, salen a recorrer, reparten besos, globos e ideas que no son suyas, son mentiras, promesas que no van a cumplir", disparó el ministro de Economía, Axel Kicillof, desde la trinchera.
De lo que no habla el jefe de Economía y muy posible candidato es de que la Argentina tiene desequilibrios en casi todos sus frentes económicos.
A pesar de una presión tributaria récord, el déficit fiscal podría trepar a más de $ 300.000 millones este año, equivalente casi al 7% del Producto Bruto.
El número no se llega a ver con claridad porque, como en la mayoría de los rubros clave de la economía, el déficit récord se financia con mayor emisión monetaria, adelantos "transitorios" del BCRA y más deuda como surge de las mayores emisiones de bonos públicos.
Son enormes las inconsistencias que heredará la próxima administración que, como advirtió la propia presidenta, deberá tener "mucho cuidado" en qué variables toca, porque puede impactar sobre un delicado entramado social. En el gobierno buscan instalar la idea de ser los únicos capaces de garantizar el equilibrio social.
Y por lo bajo explican una controvertida razón: "Mientras tengamos la máquina de imprimir billetes, no hay límites", según se sinceró un economista de profesión con butaca en el Congreso (NA).
