Veinte años después del atentado a la mutual judía AMIA comienza el juicio por el intento de encubrir la investigación de aquel hecho, y con el juzgamiento del expresidente Carlos Menem y el exjuez Juan José Galeano, entre muchos otros.
Se trata de dos causas para las cuales el Tribunal Oral Federal 2 hará un único juicio, que cobró relevancia al quedar en medio de la disputa política por el Memorándum de Entendimiento con Irán, y las elucubraciones detrás de la muerte del extitular de la Unidad fiscal AMIA Alberto Nisman.
El proceso comienza el próximo jueves y por lo pronto será de una jornada por semana, pues uno de los tres jueces del Tribunal, Jorge Gorini, a su vez integra otro que está haciendo el juicio por la tragedia ferroviaria de Once; por lo que se prevé que una vez terminado éste, se sume otro día de debate.
Lo particular es que iniciado el juicio por el encubrimiento del atentado, aún no se pudo juzgar a los responsables del ataque a la AMIA, puesto que los pedidos de captura de los funcionarios iraníes sospechados nunca prosperaron y Carlos Telleldín, el último en tener en sus manos la camioneta Renault Trafic utilizada como coche bomba, tampoco fue aún sometido a juicio.
El primero de los casos es aquel por el cual se intentó desviar la pista sobre el empresario sirio Alberto Kanoore Edul, de estrecha vinculación por su origen árabe con el entonces presidente Menem.
Según el requerimiento, apenas 10 días después del atentado la investigación se centró sobre Kanoore Edul, y tanto es así que se dispusieron escuchas telefónicas sobre él y el allanamiento de inmuebles que se le atribuían.
Pero, imprevistamente, la investigación se paralizó "a partir de una orden presidencial acatada sin objeción alguna", realizada por Munir Menem (fallecido), hermano del entonces presidente, a Galeano.
Por este episodio, serán juzgados Carlos Menem, como el ideólogo de la maniobra que incluyó la visita de Kanoore Edul a la Casa Rosada; Galeano; el extitular de la SIDE, Hugo Anzorreguy; su entonces segundo, Juan Carlos Anchezar; y los policías Carlos Castañeda y Jorge "Fino" Palacios" (comisario RE).
El haber intentado desviar la investigación de Kanoore Edul no es un dato menor: éste contaba en su poder con una agenda telefónica, entre quienes estaba Mohsen Rabbani, exConsejero Cultural de la embajada de la República Islámica de Irán y uno que cuenta con pedido de captura internacional por el atentado.
Incluso, Kanoore Edul tenía en su agenda el teléfono de once talleres mecánicos, un dato más que relevante a raíz de la camioneta traffic utilizada como coche bomba.
La acción de encubrimiento incluyó la demora en llevar a cabo el allanamiento el 1 de agosto de 1994 sobre uno de los inmuebles de Kanoore Edul; el cual nunca se materializó por orden de Galeano; llamados registrados al sirio desde un celular asignado al entonces comisario Palacios; y el suspender la intervención telefónica sobre abonados asignados al empresario.
También es por la desaparición de varios cassettes con escuchas telefónicas y la falsedad de los informes sobre las mismas que entregaba la SIDE al juzgado.
"Puede afirmarse que la investigación de la pista ´Kanoore Edul´, interrumpida a escasos días del hecho terrorista, fue reanudada plenamente en fechas coincidentes con la salida de Menem de la titularidad del Poder Ejecutivo Nacional", según la acusación.
El 14 de noviembre de 2008 el fiscal Patricio Evers pidió elevar a juicio el otro tramo de la maniobra de encubrimiento: la del pago de 400 mil dólares a Telleldín, el último poseedor de la traffic utilizada como coche bomba, para que inculpara como responsables del atentado a un grupo de policías bonaerenses.
Por este tramo son 9 los acusados: Galeano; los exfiscales Eamon Mullen y José Barbaccia; Anzorreguy; el exSIDE Patricio Finnen; el extitular de la AMIA Rubén Beraja; Telleldín; su entonces esposa Ana Boragni; su entonces abogado, y el reconocido penalista Víctor Stinfale.
Los hechos provocaron la destitución de Galeano como juez federal, por mal desempeño en la causa AMIA.
"Todo lo que este juicio encubre es que desde al 2003 a la fecha en el causa AMIA no se ha avanzado en nada. Se trata de una feroz persecución política que tergiversa los hechos históricos documentados investigados y juzgados oportunamente", señaló Galeano en declaraciones a NA.
Y agregó: "Es un gran gesto proselitista y un show mediático de aprovechamiento de este Gobierno que usa esta causa para desviar la opinión pública de los temas que realmente se debieran discutir".
La confesión armada de Telleldín del 5 de julio de 1996, avalada por Galeano y con fondos aportados de la SIDE, dio con la detención de los policías Juan José Ribelli, Raúl Edilio Ibarra, Anastasio Irineo Leal y Mario Norberto Bareiro, de las brigadas de Lanus y Vicente López, quienes fueran finalmente absueltos en un juicio realizado en 2004 a partir de la cual se dio inicio a la causa Brigadas para investigar justamente las irregularidades cometidas en aquel proceso.
Incluso, la maniobra quedó grabada con cámaras ocultas implantadas en el juzgado de Galeano, y forma parte de la voluminosa prueba que se tratará en el juicio del cual no se tiene una estimación de tiempo, aunque por seguro supere el año.
Según la acusación, fue Galeano quien "indicó a Telleldín, mediante la exhibición de fotografías, quiénes eran los policías que debían ser reconocidos".
La autoridad de la AMIA en ese momento erigida en cabeza de Beraja, así como los integrantes de la SIDE acusados dieron el consentimiento a la operación, según la acusación; y los agentes de inteligencia incluso se encargaron de rehacer la entrega del dinero a Telleldín, en dos cuotas, y del que participó la entonces mujer de éste Borgani y el penalista Stinfale.
"Puede apreciarse que la actividad jurisdiccional llevada adelante por Galeano estuvo dirigida a construir un avance artificial en el descubrimiento de la verdad al sólo efecto de aparentar un resultado satisfactorio respecto de la investigación del atentado a la sede de la AMIA, concretamente, encarcelando a supuestos involucrados", afirma la acusación que se leerá en los primeros días de juicio.
En ambas causas existe una multiplicidad de delitos: malversación de caudales públicos, coacción, falsedad ideológica de documento público, privación de la libertad, encubrimiento, violación de medios de prueba y prevaricato, entre otros.
A partir del jueves y una vez por semana, se comenzará a juzgar al total de acusados en ambas causas por lo que se espera un largo juicio, en el que pesará no sólo la influencia política sino mediática.
A tal punto pesan esos factores, que muchos de los acusados se opusieron a ser juzgados ya mismo, queriendo patear el juicio para después de octubre, atentos al interés del Gobierno puesto sobre los responsables en demorar la investigación de la AMIA, manifestado por Cristina Kirchner en varios discursos; e incrementado por la muerte de Nisman y la puja en torno al Memorándum con Irán.
El juicio se hará en la denominada sala AMIA, ubicada en el subsuelo de los tribunales federales de Retiro, Comodoro Py 2002, y se televisarán los tramos trascendentales.