Quien escribe ha apoyado al gobierno de Mauricio Macri y su coalición Cambiemos desde el inicio. Creo que el avance cultural e institucional que se está catalizando en el país a raíz del cambio de gobierno es muy importante. La apuesta por el diálogo, la evaporación de la “brecha” irreconciliable que tanto se esforzó por crear el populismo, el retorno de una sana confianza, la recomposición de las relaciones exteriores del país, el nombramiento de ministros técnicos sin participación política previa solamente por sus credenciales y méritos, el retorno de los técnicos desplazados del INDEC y el inicio de un proceso de reconstrucción institucional, han sido en muy poco tiempo novedades muy promisorias.

Ahora bien, apoyar a un gobierno no quiere decir dejar de criticarlo. El propio Macri aseguró que se iba a equivocar, que quien más hace más se equivoca y que quería que le hicieran críticas constructivas. Bueno, acá va el intento de una: la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia por decreto es un muy mal precedente que, a futuro, puede prestarse para todo tipo de extorsiones y manipulaciones, más allá de que en este caso se hayan nombrado jueces que a simple vista tienen méritos suficientes y no están políticamente ligados al gobierno de turno.

Es cierto que la Corte viene funcionando con tres miembros y eso implica una situación anormal que debe subsanarse cuanto antes, tanto por la saturación de trabajo como por el hecho de que necesita unanimidad para resolver. Pero si lo hizo hasta ahora puede hacerlo durante unos meses más, más aún si consideramos que también el máximo tribunal entra en receso.

Es cierto que el artículo 99 inciso 19 indica que el presidente “puede llenar las vacantes de los empleos, que requieran el acuerdo del Senado, y que ocurran durante su receso, por medio de nombramientos en comisión que expirarán al fin de la próxima Legislatura”. Pero surge la pregunta sobre qué es un “empleo” y si los ministros de la Corte Suprema son “empleados” en el sentido que indica la Constitución. La Carta Magna, como todas las leyes, debe interpretarse no de forma literal sino en función de los grandes principios rectores del sistema jurídico y político vigente, que es la democracia republicana. Más aún cuando la letra de la norma no está clara. Ninguna norma puede violar o alterar un principio que esté sobre ella y en el cual se funde en última instancia.

Una interpretación republicana del artículo en cuestión indicaría que el mismo se refiere a los empleados del Poder Ejecutivo que por cualquier norma legal requieran aprobación legislativa, ya que de lo contrario podría haber una intromisión discrecional del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Creo, por tanto, que la Justicia debería invalidar cuanto antes el decreto en cuestión y que Macri debería esperar al reinicio de las sesiones del Congreso para enviar los pliegos correspondientes.

Repito que considero que Cambiemos ha iniciado lo que podría ser un proceso de normalización y mejoramiento institucional casi sin precedentes en la Argentina, y que en este caso puntual los nombramientos son de personas sumamente capaces y confiables, aparentemente sin vínculos políticos con el gobierno de turno y que probablemente actuarían con independencia. Pero el precedente que se sienta a futuro es pésimo. Podría prestarse a muchos y graves abusos si en algún momento accediera al poder nuevamente un partido autoritario y populista como el FPV, que pretendió nada menos que llevarse puesto el Poder Judicial. Además, esta decisión tampoco es políticamente redituable. No hace más que desinflar, por lo menos un poco, el clima de confianza y unidad que Macri había logrado crear no sólo al interior de su coalición sino también en el conjunto de la dirigencia política y en la sociedad en general. Este es su principal capital político y lo que podría sentar las bases de un amplio triunfo en las elecciones legislativas de 2017.

Dar marcha atrás y reconocer el error, como Macri tantas veces lo ha dado a entender con palabras diversas, no sería signo de debilidad sino de una fortaleza de espíritu dada por la buena voluntad y la vocación de servicio. De no ocurrir esto, la Justicia debería actuar para frenar una práctica que, en otro contexto, podría servir para alterar la división de poderes y dinamitar la república. No creo, sinceramente, que sea la clase de legado que pretenda dejar la gente de Cambiemos ni que haya votado el pueblo en el reciente balotaje.