Según el Ministro de Justicia, Germán Garavano, el Decreto de Necesidad y Urgencia que suspende la aplicación del nuevo Código Procesal Penal de la Nación, prevista para marzo de 2016, no hace más que frenar la implementación “de un día para otro” de un proceso que, en otros países, llevó “entre seis y ocho años”.
Ahora bien, más allá de la cuestión organizativa, la eventual implementación del nuevo código encierra una dificultad de orden político-institucional. En efecto, la nueva normativa procesal otorga mayor poder a los fiscales, lo cual es saludable, desde el punto de vista teórico. Sin embargo, la partidización del Ministerio Público que se iniciara a partir de la creación de la secta judicial denominada “Justicia Legítima” importa una amenaza para toda la sociedad.
La Procuradora Gils Carbó encabeza un Ministerio Público cuyos fiscales, en muchos casos, se mueven en función de intereses políticos facciosos. Es ella quien lleva adelante los concursos para elegir las ternas de aspirantes a Fiscales. Es ella quien tiene la atribución de elevar dichas ternas al Poder Ejecutivo Nacional, para que éste, en cada caso, opte por uno de los ternados y eleve su pliego al Senado, en busca de la aprobación que lo convierta en Fiscal.
Ahora bien, ¿qué pasará cuando Gils Carbó –tal como lo hacía durante el régimen de Cristina Kirchner- comience a elevar ternas íntegramente compuestas por adeptos a “Justicia Legítima”? El Presidente Macri, y luego el Senado, deberán enfrentarse a la penosa situación de llenar una vacante con un fanático camporista o dilatar su designación. En este último caso, y como ya lo ha hecho en otras oportunidades y en forma ilícita, Gils Carbó designará a dedo a un “fiscal subrogante”, que también responderá a la secta judicial controlada por la Procuradora General de la Nación.
Concluyendo: mientras Gils Carbó siga siendo Procuradora General de la Nación, el otorgamiento de mayor poder a los fiscales sólo servirá para profundizar el deterioro institucional que la actual administración hereda del kirchnerismo.