La reunión entre Mauricio Macri y el Papa no activó como se esperaba el deshielo en la llamativamente distante relación entre ambos jefes de Estado argentinos, aunque el Presidente dijo haberse llevado del Vaticano el apoyo de Francisco para avanzar en su agenda de cambios en el país.

En un pontífice que asigna un valor especial a los gestos, esta primera reunión con Macri en la Presidencia, breve, formal y con sonrisas desganadas para las fotos, contrastó con algunas cálidas recepciones que ofreció a Cristina Kirchner.

Las razones no están claras pero la frialdad del Papa argentino opera como espina de talón en un mandatario que encaró reformas estructurales, cuyas consecuencias negativas comenzarán a verse antes que las positivas, y que seguramente esperaba otra bendición del jefe de la Iglesia Católica.

El martes, Macri brindará su primer discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde planteará el punto de partida de su Gobierno y defenderá el giro que dio en materia de política exterior, comercial, cambiaria, tarifaria, impositiva y hasta los cambios culturales que pretende.

En su entorno hubo discusiones sobre cuánto peso asignar en ese mensaje a la "herencia" dejada por su antecesora, pero lo cierto es que servirá de base para justificar algunas novedades avinagradas que llegarán en formato de tarifas y recibos de sueldo a partir de marzo, junto con un sostenido alza de precios.

La modificación del impuesto a las ganancias alivió a muchos de los que estaban alcanzados, pero quedó a mitad de camino y paralemante atrapó a otros que estaban exceptuados.

El anuncio, pensado como un gesto para tranquilizar a los gremios antes de las paritarias, operó en sentido contrario y terminó de unificar un reclamo de las tres CGT, la de Antonio Caló, la de Hugo Moyano y la de Luis Barrionuevo, quienes se sacaron una foto después de mucho tiempo en la sede de Azopardo.

Las centrales peronistas tocaron tangencialmente los despidos en el sector público, pero los estatales agrupados en ATE y su matriz, la CTA, realizaron el miércoles el primer paro contra el nuevo gobierno. Gran parte de los cesanteados habían sido incorporados a la administración irresponsablemente en el último tramo de la era kirchnerista.

En esa movilización confluyeron dos cambios de raíz que quiere instrumentar Macri: lo que definió como la "cultura del trabajo", sin ñoquis en el Estado, y el punto final de la era de los piquetes, con la implementación de un protocolo que termine con los cortes de calles y rutas. Lo cierto es que el reglamento no se aplicó y el centro porteño volvió a ser un caos.

En ese marco, la nueva administración logró un trabajoso acuerdo con los docentes nacionales, por encima de la pauta de 25% de aumento salarial que había tratado de fijar como referencia para futuras paritarias, y aun así varias provincias buscaban que las clases empiecen en tiempo y forma.

Imagen y acuerdos

Macri llega a este punto de inflexión con números favorables, pero ya debajo de su pico de popularidad de los últimos meses.

Según una encuesta de Analogías la percepción de la herencia negativa está presente tanto en lo que refiere a la inflación como en las razones de despidos del Estado.

De acuerdo con ese relevamiento realizado en febrero, la imagen del mandatario se mantiene alta, en un 66%, pero descendió la aprobación de su gestión y de la política económica (59 y 50%), así como el nivel de optimismo respecto de la economía.

El momento es crucial porque en el Congreso deberán exponerse los acuerdos que el oficialismo tejió en los últimos meses con fuerzas opositoras —el Frente Renovador y un sector del PJ— para avanzar en cuestiones estructurales.

El nombramiento de dos jueces para la Corte y un entendimiento con los fondos buitre que estaría en su fase final, entre otras decisiones, requerirán de respaldo opositor.

Ese acuerdo con los holdouts hizo aflorar diferencias en el PJ entre el sector más duro que no quiere saber nada con prestar su aval y el ala dialoguista encarnada por los gobernadores. Ambos sectores se disputan la conducción del partido, tal como quedó expuesto en el Congreso realizado en Obras Sanitarias.

Macri quiere cerrar definitivamente el capítulo del default para volver a obtener financiamiento internacional con dos destinos: obras de infraestructura y aliviar con endeudamiento el peso del ajuste que lleva adelante en el país.

Para eso cuenta con amplios apoyos internacionales. De hecho esta semana volvió a verse con el primer ministro italiano, Matteo Renzi, se encontró con el presidente de ese país, Sergio Mattarella, y recibió al mandatario francés, Francois Hollande.

Pero ese auspicioso giro internacional enfrenta dos riesgos: volver al sobreendeudamiento externo, justo ahora que esa mochila está más liviana, y eventuales padecimientos de la industria ante la decisión de entablar un comercio más fluido con el mundo.

La Justicia se ajusta

Dos novedades resonantes hubo esta semana desde tribunales: el fiscal de Cámara, Ricardo Sáenz, por primera vez dictaminó sobre la posibilidad de que Alberto Nisman fue asesinado y Cristina Kirchner fue llamada a declaración indagatoria por el juez Claudio Bonadio en una causa por la venta del dólar futuro.

Sáenz es uno de los fiscales más activos en la reinvidicación de la figura de su excolega. En su dictamen recopiló datos que estaban en el expediente. Así como la hipótesis del suicidio no cierra, la del homicidio no sumó elementos esclarecedores y será la Cámara del Crimen la que defina sobre la suerte de la causa.

El primer llamado a indagatoria a la expresidenta queda relativizado por el hecho y el autor. Bonadio parece llevar la lanza judicial contra el kirchnerismo —este mes procesó a Guillermo Moreno y Aníbal Fernández— pero la operatoria del dólar futuro parece más una responsabilidad de los entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, y el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, quienes también fueron citados.

Con todo, ese será el inicio de un Vía Crucis judicial para la exmandataria que, ante una Justicia que se mueve con sentido de oportunidad, deberá rendir cuentas en distintos juzgados por asociación ilícita y lavado de dinero por la causa Hotesur y por el crecimiento de su patrimonio durante su estadía en el poder.