Una de las tareas de la comunicación política es disfrazar la debilidad en fortaleza y eso es lo que el Gobierno intentó instalar luego de que Mauricio Macri se resignara a aceptar la sanción de la Ley Antidespidos para luego vetarla.

El recorrido de la ley de Emergencia Ocupacional impulsada por el Frente para la Victoria, y su desenlace, dejó heridas en todos los espacios y la certeza de que nadie tiene la vaca atada a la hora de encarar un debate en el Congreso.

Sin margen para revertirla y tanteando el registro de daños, Macri dio pie a la sanción —el bloque de Cambiemos se abstuvo en la votación—, le impidió un mayor lucimiento a Sergio Massa en su rol de árbitro y al día siguiente anunció su anulación.

El veto es una herraienta constitucional y fue promovido como un gesto de fortalecimiento de la autoridad presidencial frente a un PJ siempre amenazante cuando le toca estar en la oposición, pero no deja de ser uno de los pudores de la democracia.

Conscientes de que esta situación puede repetirse ante el actual escenario legislativo, el Gobierno amplió sus acercamientos a gobernadores y sindicatos de base peronista, que fueron facilitadores y promotores de la Ley Antidespidos.

A través del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, la Casa Rosada formalizó un acuerdo con todas las provincias —definido como histórico— para la devolución de fondos retenidos desde 1992 por la ANSeS de la Coparticipación Federal.

Y convalidó una suba del 33% en el sueldo mínimo dentro del Consejo del Salario, con lo que garantizó la continuidad de esa institución emblemática para los gremios y la flexibilización solapada de una pauta de inflación que había fijado en 25%.

Prioridades

En la misma sesión en la que se aprobó la Ley Antidespidos, la Cámara de Diputados dio "media sanción" a la devolución del IVA de productos de la canasta básica a jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del proyecto de Acceso a la Información Pública, una larga demanda de las ONGs que bregan por la transparencia y la lucha contra la corrupción.

Esa agenda está en línea con las nuevas demandas de la sociedad. Según la encuesta de abril de la consultora Management & Fit las principales preocupaciones de los argentinos son: la inflación (25,8%); la corrupción (19,6%); la Inseguridad (13,3%), la desocupación (13%) y la suba de tarifas (11%). Durante diez años la prioridad fue el combate a la inseguridad.

La misma encuesta reflejó una baja en la gestión del gobierno y de la imagen del presidente de unos cinco puntos (52% a 47%) respecto de la medición anterior, pero se mantienen las expectativas favorables sobre el Gobierno. "El 90% que votó a Macri no está arrepentido de haberlo hecho", señaló Mariel Fornoni, directora socia de la consultora, quien agregó: "La gente percibe que va a tener que hacer un esfuerzo este año".

De acuerdo con ese registro, María Eugenia Vidal es la dirigente nacional con mejor imagen. La gobernadora bonaerense tiene un diferencial positivo de 29,9% (47,1% positiva menos 17,2% negativa). En segundo lugar se ubica Massa con un diferencial de +26,3% y luego aparece Macri con +19%. "Todos bajaron en el último mes, pero Vidal sigue al frente", señaló Fornoni, respecto a la medición de mayo que aún no fue difundida.

Proa a 2017

Con los números de la economía en contra y esos registros todavía favorables en la opinión pública, el Gobierno puso en marcha el operativo para las elecciones de 2017.

Vidal, aun sin ser candidata, es una carta fuerte del oficialismo para la siempre estratégica Buenos Aires, pero tiene el desafío de administrar el déficit social, financiero y de infraestructura de la principal provincia del país.

Ese panorama explica los anuncios del gobierno bonaerense de planes de obras públicas, la sanción de la emergencia administrativa en la Legislatura y el reclamo a la Nación por el descongelamiento del Fondo del Conurbano.

Paralelamente, el Presidente buscó zanjar una histórica rivalidad entre la gobernadora y el armador electoral de PRO, Emilio Monzó, hoy presidente de la Cámara de Diputados. Ambos ahora integran una mesa política junto al ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Pero los laboratorios electorales también fueron reabiertos en el peronismo, luego de la inesperada doble derrota Nación-Provincia. Un grupo de intendentes busca dar vuelta la página y fijar el poder del PJ en el territorio.

El núcleo duro de ese escuadrón está conformado por Martín Insaurralde (Lomas de Zamora), Gabriel Katopodis (San Martín), Juan Zabaleta (Hurlingham), Eduardo 'Bali' Bucca (Bolívar) y Mariano Cascallares (Almirante Brown), pero en total son una docena y tienen la intención de agrupar a los 55 peronistas.

Los nuevos jefes territoriales consideran que Cristina Kirchner ya no es una opción competitiva. La ex presidenta hoy reúne un diferencial de -10% en la encuesta de M&F, luego de haber concluido su gobierno en equilibrio entre opiniones favorables y desfavorables; tampoco ven a Daniel Scioli (+0,3%) con capacidad de encarnar la refundación del PJ.

El nombre elegido es el de Florencio Randazzo, quien es el quedó mejor parado ante la sociedad de la etapa K, al punto que tiene un registro favorable en Buenos Aires de +25%.

El martes pasado ese grupo de intendentes y el ex ministro se reunieron en el búnker de Insaurralde en la Ciudad de Buenos Aires y acordaron avanzar a fuego lento en una eventual candidatura bonaerense del 'Flaco' con terminal nacional en 2019.

Massa, otro jugador fuerte en el tablero bonaerense, oscila aún entre la posibilidad de mantenerse como un referente nacional, para lo cual exploraría un acuerdo con Randazzo dentro de un peronismo unificado, o lanzarse de nuevo a la arena provincial. Otra de sus apuestas allí es Margarita Stolbizer.