La palabra que mejor define esta etapa del país es fragilidad. La recesión se prolonga más de lo esperado y el Gobierno se ve obligado a redoblar esfuerzos para domar la agenda política y sostener la paz social.

Por ahora obtiene victorias y derrotas en esa pulseada, a costa de negociar y ceder, pero en el camino hacia un año electoral clave ya no tiene mucho margen como para que las promesas comiencen a impactar positivamente en la calle.

Informes recientes de la Agencia Federal de Inteligencia y de las cuatro fuerzas federales analizados en los principales despachos de la Casa Rosada y el Ministerio de Seguridad descartan que se produzca un estallido en diciembre. El despliegue de gendarmes y prefectos en el Conurbano también apunta a eso.

La administración de Mauricio Macri, además, parece haber hecho bien los deberes de contención de sectores vulnerables para evitar que acuartelamientos, movilizaciones violentas y saqueos vuelvan a alterar las fiestas de los argentinos.

Sin embargo, la economía no se reactiva y el mundo ayuda poco: el triunfo de Donald Trump sembró incertidumbre sobre el futuro de los países emergentes y Brasil, principal socio comercial, también demora su despegue (cayó 3,44% en septiembre respecto del mismo mes de 2015 y creció apenas 0,15% comparado con agosto).

En ese contexto, la administración macrista debe enfrentar una agenda opositora en la que se acumulan iniciativas que multiplican el gasto y reclamos directos de cambio de rumbo.

El Senado aprobó por amplia mayoría un proyecto que declara la emergencia social -en rigor está vigente- formaliza "un millón" de planes en puestos de trabajo del sector público, otorga un aumento de 15% la asignación universal por hijo y por embarazo y propone un salario social complementario.

La iniciativa eleva el costo fiscal en 50 mil millones de pesos, según cálculos oficiales, justo cuando los ministros buscan de dónde reducir un déficit muy alto.

La negativa de Cambiemos a avalar el proyecto impulsado por el ex jefe de gabinete kirchnerista Juan Manuel Abal Medina, su colega de bancada Teresita Luna y por el senador del GEN Jaime Linares dio mayor sustento a la CGT para coordinar el viernes una masiva marcha junto a movimientos sociales al Congreso.

En el estrado, los discursos fueron durísimos y conllevaron fuertes advertencias, pero por lo bajo funcionarios y protagonistas de la protesta rescatan que por el momento no hubo convocatoria a un paro nacional.

La puja en el Congreso

El oficialismo frenará este año el tratamiento de la Emergencia Social en Diputados, pero esa iniciativa contiene una encerrona para el futuro.

En la Cámara baja, la oposición con el apoyo determinante del Frente Renovador de Sergio Massa, propone aumentos impositivos para el juego, la minería y las transacciones financieras, con el fin de fondear aquel gasto social creciente.

Son temas sensibles para el oficialismo. Macri viene de eliminar las retenciones a la minería, junto con gran parte de las aplicadas al campo, convencido de que de ese modo impulsará una actividad poco desarrollada en la Argentina.

En cuanto al juego, María Eugenia Vidal dio marcha atrás en Buenos Aires con un aumento de los ingresos brutos que pagan las salas de bingos. Lo hizo por presión de Daniel Angelici, binguero, presidente de Boca y uno de los principales operadores del macrismo. De todos modos, podría haber una suba en el próximo presupuesto acordada por la oposición.

"Es un momento de fragilidad para nosotros, pero la vamos llevando frente a una multiplicidad de hermosos extorsionadores", definió una figura del equipo macrista.

La misma fuente destacó la sanción de la Participación Pública y Privada (PPP), una herramienta que Macri considera central para atraer inversiones, para lo cual uno de sus principales asesores, Horacio Reyser, asumirá como Secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, en medio de un recambio que incluye el desplazamiento del vicecanciller Carlos Foradori.

Junto con la emergencia social, el oficialismo también pena por la reforma electoral, una de las promesas de campaña de Macri, que incluye la Boleta Única Electrónica como herramienta de voto. Tras la aprobación en Diputados, el Frente para la Victoria se puso duro en el Senado y la suerte se definirá en una reunión entre senadores y gobernadores del PJ la semana próxima.

A Macri no le alcanzó con reunir a nueve mandatarios opositores a inicios de la semana para enviar un mensaje a la Cámara alta. El kirchnerista Marcelo Fuentes, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales y rector del debate, hizo todo para frenarla.

En el oficialismo se resignan a que tres gobernadores no van a apoyar la reforma. Son Gildo Insfrán, Juan Manzur y Alicia Kirchner, pero el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, busca convencer a otros más permeables como el santiagueño Gerardo Zamora (la gobernadora es su esposa), el puntano Rodríguez Saá, el sanjuanino Sergio Uñac, el pampeano Carlos Verna, la catamarqueña Lucía Corpacci y el riojano Sergio Casas.

"Los senadores de La Rioja van a esperar la reunión con los gobernadores. No les convence mucho la reforma, pero si hay más fondos para la provincia van a acompañar", resumió una fuente cercana a los legisladores Luna, Hilda Soria y Carlos Menem.

Si sale, la reforma electoral tendrá cambios. El Gobierno no avalará que se elimine el dispositivo electrónico. Se espera algún escrache público del propio presidente al PJ si no avanza. Con la certeza de que habrá modificaciones al proyecto aprobado originalmente, el macrismo prevé convocar a sesiones extraordinarias para sancionar esa reforma el 14 de diciembre en Diputados, junto con otras iniciativas propias.

Diez días antes de la Navidad y en un mensaje a la CGT, también busca dar un primer paso en la prometida modificación de las escalas del impuesto a las ganancias.