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Con la recesión todavía golpeando y el horizonte electoral ya visible, la oposición mandó esta semana a boxes el modelo político, económico y cultural pensado por Mauricio Macri y puso en revisión el esquema de alianzas del oficialismo.
A esa conclusión se llega si se tienen en cuenta las concesiones al arco opositor en materia de ganancias y de emergencia social; el abrupto freno al proyecto de reforma electoral oficial y las objeciones puestas por el sindicalismo para modificar la Ley de Riesgos del Trabajo.
En primer lugar, Sergio Massa primereó con un proyecto de ley de reforma del impuesto a las ganancias mucho más ambicioso del que horas después el Gobierno mandó a la Cámara de Diputados.
Paralelamente, representantes de la denominada economía popular presionaron para declarar una emergencia social, apuntalados por una masiva movilización previa de la CGT y movimientos sociales y por un proyecto en ese sentido aprobado en el Senado.
El juego de pinzas iba a concluir en una sesión especial el jueves en Diputados donde la oposición aspiraba a conseguir los dos tercios de los votos para aprobar ambos.
Las dos iniciativas, muy sensibles para sectores que la pasan mal y para la clase media respectivamente, iban a caer en pleno diciembre, cuando la paz social suele quedar amenazada.
Así, Macri archivó sus intenciones iniciales de frenarlas o vetarlas y mandó a sus principales operadores a negociar contrarreloj a billetera abierta.
Por un lado la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, anunció un aumento en el presupuesto social de 25 mil millones de pesos hasta 2019, con posibilidades de extenderlo a 30 mil millones; por el otro el jefe de Hacienda, Alfonso Prat Gay y el de Interior, Rogelio Frigerio, acordaron con Massa y compañía estudiar un proyecto común de reforma de ganancias.
Esas medidas acarrearían efectos contrapuestos: junto con los bonos ya concedidos de fin de año y el plan Ahora 18 podrían activar el consumo, cuyo freno es uno de los grandes contribuyentes para esta recesión; pero al mismo tiempo pusieron en riesgo las metas oficiales de reducción de déficit fiscal.
Algunos analistas creen ya no se cumplirá el objetivo de cerrar el año con un rojo de 4,8% del PBI. El panorama es menos alentador para 2017, cuando debería bajar a 4,2%. El déficit se cubre con endeudamiento y empieza a ser un problema serio.
El Gobierno aclaró que los nuevos fondos para la emergencia social serán reasignados de otras partidas. En diálogos privados con funcionarios, un gobernador del PJ no ocultó su temor de que se recorten obras públicas proyectadas en el interior.
En cuanto a ganancias, Massa propone gravar la renta financiera, el juego, la minería y el dólar futuro, pero algunos de esos sectores ya están alcanzados y las estimaciones recaudatorias de los restantes son exageradas.
El tigrense juega a la demagogia sabiendo que el Gobierno privilegió a sectores concentrados cuando dispuso la reducción de las retenciones al agro o la minería. La apuesta por el campo empieza a dar rédito con una fuerte recuperación, pero su derrame al resto de la población siempre es incierto.
El año pasado ganancias recaudó 450 mil millones de pesos; es el segundo impuesto detrás del IVA y equivalente al 20% de los ingresos fiscales. La mitad lo tributan empresas y la otra mitad personas físicas, divididos en empleados y autónomos. Es un impuesto progresivo al que el kirchnerismo había convertido en injusto. El problema para Macri es que prometió eliminarlo.
Paralelamente a esas negociaciones, en la segunda mesa del diálogo para la Producción y el Trabajo auspiciada por la Casa Rosada, los sindicatos forzaron un compromiso de empresarios —con aval del Gobierno— de evitar despidos por tres meses.
Esos mismos jefes sindicales de la reunificada CGT impusieron su agenda en la mesa de diálogo pero se resisten a las propuestas que quiere debatir el Gobierno.
De hecho, fueron al Congreso y pusieron en serio riesgo la aprobación de cambios a la ley de ARTs, apuntada por su aporte a la "industria del juicio" y al desaliento de pequeños y medianos empresarios a la hora emplear gente.
Con este combo, la prédica de Macri para renovar convenios colectivos del trabajo y avanzar hacia un esquema de mayor productividad por sector parece caer en saco roto.
Reforma en veremos
La agenda de reformas macrista están tomadas del modelo australiano pero tiene un gran contrapeso: la economía.
El indicador de la actividad económica cayó en septiembre 3,7% respecto del mismo mes del año pasado y 0,8% con relación a agosto. Los brotes verdes se marchitaron.
El desempleo decreció un tanto —quizá ayudado por factores estacionales— pero al menos no aumentó y los economistas siguen apostando a la reactivación en 2017, aun pese al efecto Trump.
Mientras tanto, el PJ aprovecha la coyuntura para derribar otras de las banderas del cambio que enarboló Macri al ganar las elecciones hace un año: la reforma electoral.
En el Senado, los legisladores más duros lograron apoyos clave y postergaron a gobernadores y el propio jefe del bloque, Miguel Pichetto, que había prestado su consentimiento a votar bajo el nuevo sistema de Boleta Única Electrónica.
Los gobernadores son aliados clave de Macri en sus distintos frentes, pero esas alianzas también surgen frágiles cuando se tratan cuestiones que no son de mutuo interés. Lo mismo pasa con Massa o con Diego Bossio, otros socios circunstanciales.
Esa herramienta electoral había funcionado en Salta o la Ciudad de Buenos Aires, pero especialistas convocados por el senador kirchnerista Marcelo Fuentes coincidieron en que no da garantías de transparencia. En verdad, el esquema propuesto por Cambiemos limita algunas prácticas a las que suelen echar mano los oficialismos como el robo de boletas. Si el proyecto naufraga seguirán las colectoras y no habrá paridad de género.
Es cierto que la diversidad del Congreso hace que el juego parlamentario democrático funcione, pero cada vez queda más claro que Macri necesita reactivar la economía y derrotar nuevamente al peronismo si quiere acelerar su agenda de reformas.
