La "ingobernabilidad", la eliminación de beneficios sociales y el favoritismo a empresarios amigos, familiares y ricos eran los principales temores del electorado a un gobierno de Mauricio Macri en la campaña que finalmente lo encumbró en la Presidencia.

En su primer año en la Casa Rosada, Macri logró capear con altibajos la desventaja legislativa en el Congreso y aumentó la ayuda social a los sectores vulnerables, en medio de un modelo económico que aún no logró demostrar que vaya a ser exitoso.

Sin embargo, el fantasma del privilegio a allegados, que ya arrastraba de la Jefatura de Gobierno por presuntos beneficios concedidos a las firmas de su "hermano de la vida", Nicolás Caputo, acaba de irrumpir con el acuerdo entre el Ejecutivo y la empresa Correo Argentino, del grupo familiar SOCMA.

De los escandaletes que acompañaron a la gestión Macri en su año y monedas en el poder éste quizá sea el más complejo, porque tiene que ver con una acción de su gobierno.

Los Panamá Papers, que rozan al Presidente por operaciones de su padre con sociedades off shore, y el caso Gustavo Arribas, que alcanza al jefe de Inteligencia y amigo de Macri, son coletazos de eventuales irregularidades -si las hubo- cometidas en el pasado.

Ahora está el Gobierno en nombre del Estado cerrando un acuerdo con una empresa de su familia, que si bien podría ceñirse a lo que establece la Ley para una empresa concursada como Correo Argentino, cuanto menos es reprochable desde lo ético.

Distintas posiciones 

Este entuerto entre los Macri y el Estado arrancó en 2001, cuando la empresa fue concursada y siguió con el kirchnerismo, que en 2003 le retiró la concesión.

Como casi siempre durante la era K, las partes cruzaron acusaciones de incumplir el contrato.

En el medio hubo una abrupta salida de la convertibilidad y un galope inflacionario que licuó la deuda.

Franco Macri recompuso su relación con el kirchnerismo y cerró otros negocios a lo largo de 12 años, pero nunca llegó a un acuerdo en torno al concurso de Correo Argentino.

El entendimiento firmado en junio de 2016 dispone que la empresa pagará los $296 millones que adeudaba en 2001, cuando entró en concurso de acreedores, en quince años hasta 2033 y con un interés del 7% anual, totalizando unos $600 millones.

El artículo 19 de la Ley de Concursos y Quiebras establece que la empresa que ingresa a un concurso "produce la suspensión de los intereses".

El Gobierno se vale de esa herramienta para justificar el acuerdo y remata con que "no hubo quita" en el monto original. También acusa al kirchnerismo de haber favorecido a los Macri por negarse a acordar con anticipación.

Lo cierto es que las ofertas que presentó la empresa fueron irrisorias en estos años y solo concedió una módica mejora con el cambio de Gobierno, que el Ejecutivo aceptó.

En definitiva se trata de un grupo solvente que se beneficia de un esquema legal.

Nada se hubiera sabido de esto si no aparecía en escena la fiscal ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial Gabriela Boquín, quie señaló que el entendimiento es "abusivo e irracional" y lo objetó ante ese tribunal.

Luego hizo una segunda presentación al enterarse de que Correo Argentino a su vez había iniciado una demanda contra el Estado por "daños y perjuicios" por la por falta de pago de inversiones. 

Boquín sostuvo que la posición de Correo Argentino S.A. en el expediente contencioso "convierte aún en más abusiva la propuesta formulada al Estado porque mientras se ofrece pagar a partir de 2018 un interés del 7% anual reclama al mismo acreedor un interés del 11% por lo menos hasta el 2009 más los intereses correspondientes hasta el efectivo pago".

Salida política 

Como es usual en estos casos, el kirchnerismo salió rápidamente a capitalizar el dictamen de la fiscalía. No obstante, todo el arco opositor se pronunció en contra.

Frente a ello, el Presidente encomendó al ministro de Comunicación, Oscar Aguad, a buscar una salida política a la polémica, que paralelamente sumó varios planteos judiciales.

Aguad citará a los referentes legislativos del Congreso para explicarles el acuerdo y "pedirles alternativas".

Es difícil establecer cuánto dañará este acuerdo a un gobierno que se hizo fuerte con un discurso basado en la transparencia y la ética política, buscando ser la antítesis de su antecesor enlodado por casos de corrupción.

Un estudio reciente pero anterior a estas revelaciones de la encuestadora Grupo de Opinión (GOP) indicó que el 57,46% de los consultados considera que el Ejecutivo beneficia a los ricos.

El caso compartió cartel esta semana con las penurias judiciales del kirchnerismo.

El fiscal Eduardo Taiano pidió elevar a juicio oral la causa contra la expresidenta y otros exfuncionarios por la venta de dólar futuro; el juez Ariel Lijo procesó al ex jefe de Inteligencia Oscar Parrilli por proteger al narco Ibar Pérez Corradi y el fiscal Gerardo Pollicita sumó nombres clave del gobierno anterior a la investigación por la denuncia que había presentado su par Alberto Nisman.

Así, el año político-electoral arranca en medio de acusaciones y planteos judiciales.

El otro gran frente abierto de Gobierno es la economía: si reacciona seguramente amortiguará las "desprolijidades"; si no sumará detractores.