Una ley sancionada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, y cuyo autor fuera el senador peronista y ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, obliga a los tres poderes de la provincia, en las comunicaciones oficiales, a referirse al período 76-83 como “Dictadura Cívico-Militar” y a proclamar el número de 30.000, junto a la expresión “Desaparecidos”.

Lamentablemente, nuestra historia padeció muchas dictaduras, y todas ellas tuvieron componentes cívicos y militares. El hecho de que la última dictadura haya sido la peor, no implica que se deba desatender la existencia de otras. Por ejemplo, aquella que dio origen al peronismo, y que elevó al Coronel Perón al cargo de vicepresidente. Si cada vez que las autoridades provinciales se refieren al período 76-83 deben hacerlo mediante la expresión “Dictadura Cívico-Militar” (como si se tratase de la única dictadura cívico-militar), a lo que se las está obligando es a negar implícitamente una parte de la historia. Se las obliga, en definitiva, a negar implícitamente, la existencia de otras dictaduras cívico-militares.

Respecto de la obligatoriedad de consignar el número de 30.000 seguido de la expresión “Desaparecidos”, la cuestión es más grave aún. En efecto, el informe que hizo público el pasado año la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación indica que, según el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado (creado durante el kirchnerismo y continuado por el actual gobierno) los desaparecidos registrados del período 76-83 son 6.348. La diferencia entre el número registrado y el número mítico o simbólico es en exceso abrumadora, como para que un estado provincial se autoimponga el deber de proclamar –sin sustento alguno- una cifra de desaparecidos casi cinco veces superior.

Pero además, al utilizarse con exclusividad la expresión “Desaparecidos” se oculta a las víctimas de asesinato que no padecieron la desaparición forzada. Esas víctimas, en la etapa 76-83, ascienden a un total de 952, y son completamente olvidadas por la flamante norma.   

Pero no es éste el único olvido. En el reciente fallo de la justicia federal de Córdoba, por el caso del centro de detención “La Perla”,  se acreditó, por primera vez en una instancia judicial, que durante el período constitucional 1973/1976, existieron asesinatos y privaciones de la libertad, como consecuencia del accionar estatal. Es decir que se iniciaron las prácticas criminales similares a las que luego continuaran, con mayor intensidad, a partir del golpe del 76.

Lo dicho en el fallo citado, concuerda con la información extraída el año pasado del informe del RUVTE. Tal como informó la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, durante el período constitucional del Presidente Perón, que continuara su esposa, María Estela Martínez de Perón, hubo 662 desaparecidos y 609 asesinados, como consecuencia del terrorismo de estado peronista.

En definitiva, las exigencias que la reciente ley impone a los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires, esconden que la etapa más negra de nuestra historia se inició, como plan sistemático, durante un gobierno constitucional a cargo del partido al que pertenece el autor de la ley. Y esconde, también, que si sumamos la cantidad de desaparecidos y asesinados de la dictadura y del gobierno peronista, a este último corresponden el 14,83% de las víctimas totales del terrorismo de estado.

Está claro, entonces, que lo que se ha autoimpuesto el estado provincial es la promoción de un discurso mentiroso que responde a los intereses de una parcialidad política. Un burdo intento por adoctrinar a la ciudadanía sobre la base de una mera creencia, mezclada con el ocultamiento de hechos sí acreditados.

Por lo dicho, resulta incomprensible que la Gobernadora Vidal no vetara esta ley, y que, por el contrario, haya cedido ante el lobby de grupos sectarios y antidemocráticos que, en muchos casos han lucrado y lucran, ensuciando los Derechos Humanos, sobre la base de la mentira y la intimidación por vía del escrache.