Por ley, los desaparecidos serán 30.000

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VIDAL NO VETÓ LA CUESTIONADA NORMA
VIDAL NO VETÓ LA CUESTIONADA NORMA

Una ley sancionada por la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, y cuyo autor fuera el senador peronista y ex intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, obliga a los tres poderes de la provincia, en las comunicaciones oficiales, a referirse al período 76-83 como “Dictadura Cívico-Militar” y a proclamar el número de 30.000, junto a la expresión “Desaparecidos”.

 

Lamentablemente, nuestra historia padeció muchas dictaduras, y todas ellas tuvieron componentes cívicos y militares. El hecho de que la última dictadura haya sido la peor, no implica que se deba desatender la existencia de otras. Por ejemplo, aquella que dio origen al peronismo, y que elevó al Coronel Perón al cargo de vicepresidente. Si cada vez que las autoridades provinciales se refieren al período 76-83 deben hacerlo mediante la expresión “Dictadura Cívico-Militar” (como si se tratase de la única dictadura cívico-militar), a lo que se las está obligando es a negar implícitamente una parte de la historia. Se las obliga, en definitiva, a negar implícitamente, la existencia de otras dictaduras cívico-militares.

Respecto de la obligatoriedad de consignar el número de 30.000 seguido de la expresión “Desaparecidos”, la cuestión es más grave aún. En efecto, el informe que hizo público el pasado año la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación indica que, según el Registro Único de Víctimas de Terrorismo de Estado (creado durante el kirchnerismo y continuado por el actual gobierno) los desaparecidos registrados del período 76-83 son 6.348. La diferencia entre el número registrado y el número mítico o simbólico es en exceso abrumadora, como para que un estado provincial se autoimponga el deber de proclamar –sin sustento alguno- una cifra de desaparecidos casi cinco veces superior.

Pero además, al utilizarse con exclusividad la expresión “Desaparecidos” se oculta a las víctimas de asesinato que no padecieron la desaparición forzada. Esas víctimas, en la etapa 76-83, ascienden a un total de 952, y son completamente olvidadas por la flamante norma.   

Pero no es éste el único olvido. En el reciente fallo de la justicia federal de Córdoba, por el caso del centro de detención “La Perla”,  se acreditó, por primera vez en una instancia judicial, que durante el período constitucional 1973/1976, existieron asesinatos y privaciones de la libertad, como consecuencia del accionar estatal. Es decir que se iniciaron las prácticas criminales similares a las que luego continuaran, con mayor intensidad, a partir del golpe del 76.

Lo dicho en el fallo citado, concuerda con la información extraída el año pasado del informe del RUVTE. Tal como informó la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, durante el período constitucional del Presidente Perón, que continuara su esposa, María Estela Martínez de Perón, hubo 662 desaparecidos y 609 asesinados, como consecuencia del terrorismo de estado peronista.

En definitiva, las exigencias que la reciente ley impone a los tres poderes de la Provincia de Buenos Aires, esconden que la etapa más negra de nuestra historia se inició, como plan sistemático, durante un gobierno constitucional a cargo del partido al que pertenece el autor de la ley. Y esconde, también, que si sumamos la cantidad de desaparecidos y asesinados de la dictadura y del gobierno peronista, a este último corresponden el 14,83% de las víctimas totales del terrorismo de estado.

Está claro, entonces, que lo que se ha autoimpuesto el estado provincial es la promoción de un discurso mentiroso que responde a los intereses de una parcialidad política. Un burdo intento por adoctrinar a la ciudadanía sobre la base de una mera creencia, mezclada con el ocultamiento de hechos sí acreditados.

Por lo dicho, resulta incomprensible que la Gobernadora Vidal no vetara esta ley, y que, por el contrario, haya cedido ante el lobby de grupos sectarios y antidemocráticos que, en muchos casos han lucrado y lucran, ensuciando los Derechos Humanos, sobre la base de la mentira y la intimidación por vía del escrache.

 
 

15 comentarios Dejá tu comentario

  1. Gracias tribuna. menudo mamarracho. Y vidal no puede vetar? en que pensaban los demas legisladores que se termino convirtiendo en ley? Sin duda con esto AFANAN TODOS. Total pagamos la fiesta los de siempre. HAY QUE HECHARLOS A PATADAS A TODOS.

  2. Las LEYES cuando no surgen como EXPRESION DE LA REALIDAD son simples DECLARACIONES DE INTENCIONES. El tema de los DESAPARECIDOS ES LO TRASCENDENTE no tanto el número, pues cada una de las familias, en su fuero interior tiene su propio juicio de valor, según la intervención que haya tenido cada "militante", como así también las victimas inocentes de la barbarie. Además falta una parte de la HISTORIA DE LA VIOLENCIA EN ARGENTINA, que es la deviene de EZEIZA en 1973 hasta el golpe del 24 de Marzo. Se hace necesario INVESTIGAR Y JUZGAR a los ACTORES QUE INTERVINIERON EN TIEMPOS DE PLENA VIGENCIA DE LA COSNTITUCION. Triple A, ataques a Instituciones del Estado incluido el cruento ataque al REgimiento del Monte que terminó con el ASESINATO de una decena de CONSCRIPTOS en Octubre de 1975. ¡LA VERDAD COMPLETA!....¡PARA TODOS Y TODAS!

  3. El gobierno no debería tocar el tema y me parece bien que el debate quede en el ámbito académico, ahora la ley que fijo la cámara de diputados en la provincia de buenos aires hace pocos días donde se establece por ley que los desaparecidos fueron 30.000 es tan absurda como las leyes que en Europa impiden cuestionar y reveer las cifras del denominado holocausto, se busca imponer una visión de los hechos a la fuerza al resto de la sociedad y eso es tan peligroso como el negacionismo sistemático de todo hecho, desde ya como dije al principio a un gobierno no le suma nada meterse en estos temas y debería evitarlos pero a quien se dedica con seriedad, respeto y profesionalismo al estudio de estas cuestiones no se lo debe censurar ni cerrarle la puerta de un debate que guste o no sigue abierto ya que los resultados esgrimidos de un lado por la conadep en su momento y por el otro por partidos políticos y demás organizaciones no son concluyentes y en todo caso son provisorios, que pasa si por ejemplo un cientista social quiere hacer un estudio sobre el caso o sobre cualquier otro similar, ¿por que lo vamos a estar censurando en su trabajo?

  4. Perdón,hago una pregunta: ¿ya esta constatado que fueron 30.000? lo único que se aprecia es que hay un montón de cifras muchas de ellas bastante dispares y ninguna cifra con un relativo grado de certeza.

  5. Es una aberración pretender imponer por ley hechos históricos. La historia se basa en documentación, archivos, en constantes estudios. No se puede clausurar por ley un período histórico, es un insulto a la lógica, a la verdad. Para todo se aplica el revisionismo histórico, hasta se pretende desvituar o destruir la creencias religiosas, y por ley una parcialidad impone como "dogma" inapelable un concepto y una cifra. Es autoritario, despótico, atentado a la libertad de pensamiento, de expresión, de investigación.

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