El primer censo nacional que se realizó en nuestro país fue en el año 1869 durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Sólo informaré dos datos que arrojó, habitantes: 1.830.000, analfabetos: 87%. Un desastre.

Al conocer estos resultados, el famoso cuyano reunió a su gabinete de ministros y les anunció: “Señores. Ministros: ante los primeros datos del censo, voy a proclamar mi primera política de estado para un siglo: escuelas...escuelas...escuelas...”. (Del libro El Imperio de la Decadencia Argentina RECARGADO)

150 años después, al menos 30 instituciones educativas de la ciudad autónoma de Buenos Aires, se encuentran “tomadas” por los alumnos que se oponen a la reforma educativa elaborada por el gobierno.

No voy a analizar la validez o no de la reforma, como así tampoco los argumentos en contra de los alumnos.  Lo que considero verdaderamente preocupante son, la falta de instrucción cívica y de comprensión de lo que significa el concepto de “derechos humanos” por parte de los violentos; así como la inacción por parte de la justicia, la que a esta altura de los acontecimientos, considero patética.

Califico como violentos a quienes “tomaron” las escuelas, pues es lo que son.  El uso de la fuerza para impedir que aquellos alumnos que quieran continuar con el dictado normal de clases no puedan hacerlo es violencia, no es preciso que existan golpes; la sola obstrucción al acceso al aula o la mera intimidación, son hechos violentos.

“El pueblo no delibera ni gobierna sino por medio de sus representantes” reza el artículo 22 de la Constitución Nacional.  Si los alumnos consideran inapropiado el proyecto de reforma educativa, deben elevar su reclamo por la vía correspondiente; pudiendo instrumentarlo a través de los políticos que los están “bancando” e incluso proponer las alternativas que consideren apropiadas.

El artículo 3 de la Declaración de los derechos humanos dictados por la Organización de Naciones Unidas en 1948 dice: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”.  La libertad propia tiene su límite en la libertad ajena, el impedir que quienes quieran tomar sus clases en su colegio puedan hacerlo con libertad y seguridad es un atropello a los derechos humanos.  Los alumnos que quieren protestar, deben hacerlo sin afectar a los que no quieren sumarse a la medida.

Alumnos que toman posesión de los colegios; padres, docentes y políticos que los “bancan”, y la justicia que no hace cumplir la ley y ampara a los infractores.  El problema más grave de todo esto, no es la discusión sobre la instrucción que recibirán los alumnos en el futuro; el problema más grave es la educación que están recibiendo hoy.  Educación basada, en la falta de respeto a la libertad y a los derechos humanos del otro, educación basada en la insubordinación a la Constitución Nacional y en la subversión de valores por parte de la Justicia, que no protege a quienes son víctimas de la violencia de los manifestantes.

Los alumnos toman escuelas, los empleados toman empresas, los piqueteros toman las calles, los delincuentes toman nuestras vidas. 

¿Alguien puede creer, que este sea el camino que nos va a llevar a ser un país mejor?  Don Domingo Faustino Sarmiento debe estar muy triste, pues, 150 años después de aquel censo, aún persiste la disyuntiva: “civilización o barbarie”.