La historia reciente es fascinante porque nos tiene como testigos directos y, a la vez, nos muestra con claridad cómo se enlazan los eslabones históricos y cómo se escribe la historia en el futuro. La justicia está en la picota. Vimos caer a Gils Carbó, a Freiler y ahora se le pedirán explicaciones a Rafecas sobre la presunta “sentencia fraudulenta” sobre el caso Nisman. Pero hay un caso paradigmático en la justicia argentina que la muestra en su faceta más grotesca; me refiero al juez Norberto Oyarbide.

Norberto Oyarbide, siempre fascinado por las cámaras, fue el involuntario protagonista de un cortometraje de culto. Dado a la exposición mediática y centro de los más sonados escándalos judiciales, Oyarbide ha tenido siempre estrechos vínculos con el poder político de turno.

Sobre su cabeza pendieron numerosos pedidos de juicio político: se lo acusó por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones, se lo vinculó con la protección a redes de prostíbulos, se le atribuyeron amenazas de muerte y fue señalado por favorecer de forma manifiesta y sospechosa a encumbrados funcionarios en problemas y denuncias de corrupción.

El propio nombramiento de Su Señoría fue escandaloso: Carlos Menem, presidente por entonces, firmó el pliego de Norberto Oyarbide sin saber, siquiera, si tenía antecedentes penales. De las 24 páginas del pliego, la mitad estaba en blanco. El juez no podía exhibir mérito alguno. Sus únicas cualidades eran sus excelentes vínculos con el poder político menemista y con la plana mayor de la Policía Federal de aquella época.

Los insistentes pedidos de juicio político chocaban contra el muro protector que había construido el menemismo en tormo a Oyarbide.

Pero en 1998 se desató el escándalo con la aparición de un video que lo tenía como protagonista junto a otro hombre joven en un prostíbulo de Barrio Norte. En la filmación podía verse a Su Risueña Señoría, deslumbrado ante su partenaire ataviado como un soldado romano.

“Spartacus” era un lujoso burdel que funcionaba en la calle Agüero 1916, al que el juez Norberto Oyarbide asistía con asiduidad. No existían motivos para escandalizarse por las preferencias sexuales de Su Señoría; al contrario, la única razón para el escándalo debió haber sido el deleznable hecho de que alguien filmara a los clientes de Spartacus para luego extorsionarlos. Sin embargo, otros sucesos pusieron en evidencia una compleja red de espionaje, crímenes y complicidades.

En primer lugar, se inició una investigación por una denuncia contra Oyarbide por amenazas de muerte a un empleado de un restaurante de Recoleta, al que vinculó con el video. Al mismo tiempo, comenzó a circular la sospecha de que Norberto Oyarbide, de lubricados vínculos con la policía y valiéndose de su cargo, apañaba el funcionamiento de locales relacionados con la explotación sexual. Podría afirmarse que Su Señoría fue víctima de la red que él mismo protegía: el juez ignoraba que en las habitaciones 15, 16 y 20, habían sido instaladas cámaras ocultas.

Habida cuenta de los favores recibidos, el por entonces ministro del Interior, Carlos Corach, hizo esfuerzos denodados para neutralizar la investigación iniciada por la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados sobre los vínculos de Oyarbide con Spartacus. El gobierno no sólo temía que cayera un juez funcional a su armado político-judicial, sino que ignoraba cuáles podían ser los alcances del caso que involucraba operaciones cruzadas de la Policía Federal, la SIDE y a otros personajes del poder envueltos en el escándalo sexual. Carlos Corach lo logró: consiguió evitar el juicio político a Oyarbide.

De acuerdo con la declaración de distintos testigos, se ventiló cómo la Policía Federal daba protección a una vasta cadena de prostíbulos y proxenetas. Por otra parte, un grupo de agentes de la SIDE, con la complicidad de Luciano Garbellano y los hermanos Soldano, vinculados a Spartacus, filmaban y luego extorsionaban a los clientes del local. Como era de esperarse, ambas actividades entraron en colisión: por una lado la policía y el juez brindaban protección y, por otro, la SIDE y los dueños del prostíbulo chantajeaban a los clientes poderosos. Entonces estalló el escándalo.

Pero todavía quedaba un elemento más siniestro: el hombre que junto a Norberto Oyarbide apañaba a los proxenetas era el comisario Roberto Rosa, un represor y torturador de la dictadura militar.

Es decir, el juez Norberto Oyarbide y el torturador Roberto Rosa eran socios. A partir de la difusión del escándalo, muchas de sus antiguas víctimas reconocieron al comisario en las fotos de los diarios y lo vincularon con las denuncias de la CONADEP. En testimonios ante la CONADEP y el juicio a los ex comandantes, Clavel (alias de Rosa) fue señalado por ocho ex desaparecidos como miembro de los grupos de tareas del circuito represivo que dependió directamente de la Superintendencia de Seguridad de la Policía Federal y, en última instancia, del Primer Cuerpo de Ejército, comandado por el general Guillermo «Pajarito» Suárez Mason. La primera confirmación de que «Clavel» era Roberto Antonio Rosa llegó a la Justicia de boca de uno de sus compañeros, el también verdugo Juan Antonio Del Cerro, alias «Colores».

El escándalo sexual protagonizado por el juez Oyarbide puso al descubierto un submundo mafioso, criminal y ligado a lo más siniestro de la dictadura militar.

Corrupción, complicidad del poder con la justicia, el uso de los servicios de inteligencia para el espionaje interno y la extorsión y, como si todo esto fuera poco, los vínculos de estos elementos con los residuos de la dictadura militar.

Pero Oyarbide no tuvo pruritos para despegarse de sus padrinos políticos, luego supo hacerse apadrinar por los gobiernos siguientes hasta su suave caída como una hoja otoñada. Renunció evitando el merecido juicio político. Pero las andanzas de Oyarbide no se limitaron, claro, a sus contactos con el menemismo. Gracias a sus invalorables oficios, pasó de ser el astro de la justicia neoliberal a convertirse en la superestrella Nacional y Popular del kirchnerismo. Pero esa es otra historia.