Si algo le faltaba a la causa AMIA, es el escándalo en el seno del macrismo, algo que ya anticipó Tribuna de Periodistas.

Este martes, por indicación de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, renunció a la Unidad AMIA la abogada Mariana Stilman luego de la "sorpresiva intervención" del ministro de Justicia, Germán Garavano, en el trabajo de la querella del Estado en la causa de encubrimiento del atentado a la AMIA.

"No formamos parte ni del amiguismo, ni del nepotismo, ni de encubrimiento judicial alguno", sostuvo la conducción de la CC ARI en un comunicado, tras la polémica por la decisión de Garavano de no inculpar a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia, imputados y acusados por la Fiscalía en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA por no investigar la “pista siria”.

El año pasado, la abogada de confianza de Carrió había renunciado a la representación de la querella debido a las "reiteradas intromisiones en su trabajo por parte de otro abogado que respondía a órdenes del ministro y sus asesores, quienes impedían que Stilman desarrollara de manera adecuada su labor como apoderada en el juicio", informó la CC-ARI.

Agregó que, pese a esto, a pedido de Carrió y el titular de la unidad AMIA, Mario Cimadevilla, Stilman "continuó trabajando en la Unidad para colaborar con los nuevos apoderados designados en su reemplazo, en virtud del compromiso del ex senador radical de que no volvería a producirse otra intromisión en el trabajo de los letrados", aunque la diputada no le dirigió más la palabra a Garavano.

Sin embargo, la CC-ARI remarcó que la semana pasada, un día antes de que el nuevo apoderado se presentara en la audiencia para alegar de acuerdo a las instrucciones dadas por Cimadevilla, "conforme al requerimiento de elevación a juicio de la propia querella y en consonancia con la acusación que había realizado la Unidad AMIA en diciembre", el ministro de Justicia intervino nuevamente.

"El ministro dispuso que se revocara el poder del nuevo apoderado y que se presentara a alegar en el juicio el abogado Jose Console, integrante del Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors, quien había sido designado también para trabajar en la querella, pero no tenía poder para representar a la Unidad AMIA", cuestionó la CC-ARI.

Y agregó que la acusación que leyó el abogado Console en la audiencia del pasado jueves "solicita la absolución total de los ex fiscales Eamon Müllen y José Barbaccia, de todos los delitos por los que fueran acusados y los hechos atribuidos", por lo que "se los exime de toda la responsabilidad por las graves irregularidades cometidas durante el trámite de la causa por el atentado a la AMIA".

"Esto se ve agravado debido a los numerosos rumores acerca de los vínculos de amistad entre los ex fiscales y los integrantes del ministerio de Garavano", advirtió la fuerza que responde a Carrió, que advirtió que, por el contrario, el proyecto de acusación que había sido elevado a Cimadevilla y al propio ministro, y que iba a ser leído por el apoderado Enrique Ventos, "fundaba la acusación de ambos ex fiscales en numerosas pruebas que los implicaban en casi todas las acusaciones".

"Ni Elisa Carrió ni la CC ARI están dispuestos a manipular una acusación en una causa judicial y por ninguna razón avalan los condicionamientos y presiones que han recibido los letrados designados como representantes de la querella del Estado en la causa por encubrimiento del atentado de la AMIA. El Ministro debe dar explicaciones sobre su intempestiva decisión", señaló el partido en el texto oficial.

Y advirtió, incluso, que "Elisa Carrió ya le había manifestado al ministro, el año pasado, que si se afectaba la línea acusatoria, se estaría encubriendo" y que presentó también un escrito ante la Oficina Anticorrupción (OA) en la que relató lo sucedido el año pasado y advirtió que se reservaba la potestad de "efectuar acciones ante eventuales excesos de poder".

La semana pasada, el Ministerio de Justicia había defendido la decisión de no inculpar a los ex fiscales Mullen y Barbaccia, imputados y acusados por la Fiscalía en el juicio por encubrimiento del atentado a la AMIA, al sostener que las pruebas en su contra eran "suficientes".

En diciembre pasado, los representantes del Ministerio Público Fiscal habían pedido ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) penas de ocho años de prisión para Mullen y Barbaccia, a lo que ahora no adhirieron los querellantes del Gobierno, tras un cambio de postura de último momento, que no es la que impulsaba Cimadevilla.

Como se dijo, a los ex fiscales se los responsabiliza por no seguir la denominada "pista siria" durante sus actuaciones en la causa que buscaba esclarecer el atentado del 18 de julio de 1994, en ese entonces encarada por el juez Galeano, finalmente destituido.

La agrupación Memoria Activa cuestionó este giro de los representantes del Estado y denunció que, por pedido de Garavano, el secretario de Justicia, Santiago Otamendi, le había ordenado a Cimadevilla "revocar el poder" del abogado Ventos, quien iba a encabezar el alegato final tras la feria judicial.

Esta entidad aseguró que el letrado tenía planeado mantener el pedido de penas para Mullen y Barbaccia, pero señalan que en su lugar fue designado José Console, que también trabaja como secretario del Tribunal de Disciplina del Club Atlético Boca Juniors.

El juicio oral comenzó en agosto de 2015 y está a cargo del Tribunal integrado por los jueces Jorge Gorini, Karina Perilli y Néstor Costabel: repasa la actuación de miembros de la Justicia y del Gobierno tras el ataque terrorista del 18 de julio de 1994, y están en el banquillo de acusados el ex presidente Carlos Menem, el ex comisario Jorge "Fino" Palacios, el entonces director de la SIDE, Hugo Anzorreguy, el ex titular de la DAIA Rubén Beraja y el ex juez Juan José Galeano, entre otros.