El 4 de agosto de 2007 Guido Antonini Wilson, un empresario venezolano-estadounidense, llegó a Argentina con una maleta con 790.550 dólares que no había declarado y que fueron decomisados. De ello dio cuenta Tribuna de Periodistas a través de unas 50 notas periodísticas de investigación.
Sin embargo, al paso del tiempo, el escándalo, que involucró a ciudadanos argentinos, estadounidenses y venezolanos, se convirtió en un expediente judicial que quedó en la nada.
Pasaron diez años y diez meses desde que la agente de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), María del Luján Telpuk, ordenara abrir esa valija del vuelo de Presidencia Argentina y encontrara el dinero.
Según las evidencias recolectadas en la Argentina y Estados Unidos, el dinero provino de petrolera venezonala Pdvsa. El cierre por prescripción de la pesquisa ocurrió este lunes, al cumplirse diez años de la indagatoria al exfuncionario Claudio Uberti.
Según publica este lunes diario La Nación, los encargados de dar el golpe final al expediente fueron el juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola -quien el año pasado rechazó el pedido de la fiscalía para procesar a Uberti y negó su apelación- y el fiscal Pablo Turano, quien optó por no recurrir "en queja" a la Cámara.
Yadarola concluyó que la fiscalía no acumuló evidencias suficientes para avanzar contra Uberti, y planteó que las pruebas pendientes acaso estuvieran en Venezuela, que jamás respondió los exhortos, como sí lo hicieron Uruguay y EE.UU.
El juez estimó que ni siquiera quedó claro si Uberti, que tras el escándalo debió renunciar como titular del Órgano Contralor de Concesiones Viales (Occovi), delinquió: "Si bien provisoriamente nos encontramos ante un hecho presuntamente ilícito, los pormenores en que aquel se habría llevado adelante y la dilucidación de sus intervinientes, a pesar del tiempo transcurrido desde la fecha de su presunta comisión, se encuentran en plena etapa de investigación, a la espera de la recolección de mayores probanzas para su total esclarecimiento".
En Buenos Aires, el expediente pasó por varios jueces y llegó hasta la Corte Suprema, que ordenó avanzar en la investigación por contrabando, sin que eso ocurriera.
Mientras que la Justicia argentina no llegó a dictar un solo procesamiento, Estados Unidos detuvo y enjuició a tres venezolanos y un uruguayo por actuar como agentes encubiertos de Hugo Chávez en Florida para comprar el silencio de Antonini. Tres de ellos se declararon culpables y la Corte Federal de Miami condenó al cuarto.
En Venezuela, en tanto, también se anunció la apertura de una supuesta investigación penal, sobre la que nada se supo.