La política se hace muchas veces en el espacio que se abre entre lo ideal y lo posible y los senadores que apoyan la legalización del aborto se encuentran hoy allí, en ese lugar incómodo en el que ninguna decisión augura una satisfacción plena.
El debate se volvió tan espinoso que casi nadie está pensando hoy en la audiencia pública del próximo martes con la candidata a procuradora general Inés Weinberg de Roca y los diputados que lograron aprobar el proyecto en la Cámara baja están más pendientes de lo que hagan los senadores que de lo que ocurra con el decreto que modificó el rol de las Fuerzas Armadas.
La posibilidad de modificar el proyecto original sobre interrupción voluntaria del embarazo -como proponen desde hace varios días los senadores cordobeses Carlos Caserio, Laura Rodríguez Machado y Ernesto Martínez- persigue el objetivo de evitar que los senadores que rechazan la legalización del aborto lo sepulten.
Sin embargo, no todos los senadores que están a favor de la legalización están de acuerdo con esta estrategia y por eso los que integran el Bloque Justicialista -donde hay una mayoría a favor del proyecto tal como vino de Diputados- se reunirán el próximo martes para discutir internamente, según adelantaron fuentes de esa bancada a la agencia Noticias Argentinas.
La idea de abrir una negociación sobre posibles cambios que permitan sumar votos surgió de Miguel Pichetto, jefe del Bloque Justicialista, quien analizó el tema con Caserio (que además de integrar el "Grupo Córdoba" que motoriza esta opción, es vicepresidente de la bancada del PJ) luego de que el último conteo le diera ventaja al ala del "No".
Pero senadores que están a favor de la legalización como el también justicialista Alfredo Luenzo o la kirchnerista Anabel Fernández Sagasti no están de acuerdo con esa opción, según supo Noticias Argentinas, pues consideran que además de demorar la sanción de la ley, el proyecto corre el riesgo de trabarse en la Cámara baja.
Estos senadores apoyan su hipótesis en la posibilidad de que algunos diputados que lograron ser persuadidos para votar a favor de la legalización cambien de postura si tienen que volver a votar, como dijo que haría la chaqueña Aída Ayala.
Si bien algunos senadores de ese grupo afirman en privado que están con los números "ajustados" y otros dicen, directamente, que están "abajo", tampoco confían en un cien por cien en atraer a los indecisos con el queso de las "correcciones".
Desde ya, tampoco la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito quiere saber nada con que el proyecto vuelva a la Cámara de Diputados y exige al Senado que sancione la ley el 8 de agosto, día en el que ese reclamo se hará sentir con fuerza en la calle.
En este contexto, el objetivo ideal es el que sostienen aquellos senadores que no creen en la estrategia de los cambios, el colectivo feminista y la Campaña.
En tanto, los cordobeses, Pichetto y otros legisladores como Eduardo Aguilar y Humberto Schiavoni estudian el objetivo posible.
La discusión en comisión
Las comisiones de Salud, de Justicia y de Asuntos Constitucionales firmarán el miércoles los dictámenes que se someterán a votación en el recinto el 8 de agosto y hasta ahora, hay tres: uno de rechazo pleno al proyecto de Diputados, otro de aprobación y un tercero con cambios.
En este escenario, un relevamiento realizado por NA que suma las firmas de todos los senadores que integran el plenario -incluidas las de quienes forman parte de más de una comisión- arrojó que el dictamen de rechazo contaría con 24 firmas, contra 22 que conseguiría el de aprobación y tres el que propone cambios.
De darse esto, la sesión del 8 de agosto comenzaría con el tratamiento del rechazo al proyecto aprobado por Diputados, que cuenta con el apoyo irrestricto de al menos 31 senadores y la posibilidad de sumar a tres o cuatro de los 9 indefinidos, contra 27 a favor que llegarían a 30 con los tres cordobeses y muchas dudas sobre el resto de los indecisos.
La masiva movilización que se espera para ese día podrá o no forzar la aprobación del proyecto, depende de la diferencia y depende (fundamentalmente) de las ausencias en el recinto.
La unidad de voluntades detrás de un dictamen con cambios haría que quienes están a favor junten 25 rúbricas en las comisiones, con la esperanza de sumar además al neuquino Guillermo Pereyra y tal vez convencer al chaqueño Ángel Rozas, aunque hasta ahora se inclina más por el rechazo según fuentes parlamentarias.
Con esto lograrían ponerlo primero en el temario de la sesión, pero así y todo el "poroteo" es muy ajustado.
El otro punto que observan quienes estudian la posibilidad de modificar el proyecto es conseguir los votos para aprobarlo el 8 y dejarlo blindado, dado que volvería a la Cámara de Diputados pero allí no podría ser rechazado.
La Constitución Nacional establece que "ninguna de las Cámaras puede desechar totalmente un proyecto que hubiera tenido origen en ella y luego hubiese sido adicionado o enmendado por la Cámara revisora". Así, habría ley sí o sí.
Hasta el momento, el ideal no es imposible pero sí muy difícil, mientras que lo posible atenúa las dificultades pero no da garantías. Este es el dilema que deberá resolverse el miércoles.