Dos estruendos y un silencio. Un silencio cargado de tensión. El de Nicolás Maduro, impávido como su mujer, Cilia Flores, poco antes de ser evacuados del escenario. Maduro instó a los venezolanos por enésima vez a acompañar a su gobierno. “Ha llegado la hora de la recuperación económica”, clamó, también por enésima vez. Y se calló, mirando al cielo. Dos drones, “que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile”, habían sido derribados por francotiradores, según Jorge Rodríguez, vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo de Venezuela.

Fue un “atentado en contra de la figura del presidente Nicolás Maduro”, se apresuró a afirmar y a despejar dudas. En tiempo récord. El desfile y el acto en Caracas eran por los 81 años de la Guardia Nacional Bolivariana. Maduro cerraba con su discurso por cadena nacional una semana en la cual había dado un giro en la economía. Suprimió una de las herramientas de control social de su mentor, Hugo Chávez: la Ley de Ilícitos Cambiarios. Habilitó de ese modo la compra y la venta de divisas. Una concesión al libre mercado en un país sumido en el fracaso de su modelo productivo, como admitió el mismo Maduro.

Un gobierno ilegítimo, reelegido hasta 2025 en unas elecciones no reconocidas por gran parte de la comunidad internacional, se ve en el peor atolladero de la historia. La inflación de 2018 treparía al millón por ciento, según el Fondo Monetario Internacional (FMI). La caída del Producto Bruto Interno (PBI) sería del 18 por ciento tras desplomarse al 14 por ciento en 2017 y al 16,5 por ciento en 2016. Instantes antes del revuelo, en el cual resultaron heridos siete militares, Maduro amenazaba con suspender el sistema de subsidio de la gasolina a aquellos que no acudieran al censo. Otra herramienta del control social, plasmado en el Carné de la Patria. Algo así como la libreta de racionamiento cubana.

Surgieron de inmediato versiones contradictorias. Bomberos que hablaban de la explosión de una bombona de gas en un edificio. Militares que no habían visto dron alguno. Y, en plan de confirmar la hipótesis del atentado, Maduro culpando a su par de Colombia, Juan Manuel Santos, en alianza con la ultraderecha de su país y la venezolana. Los hizo responsables tanto de las explosiones como del “sabotaje eléctrico” por el cual cesa el abastecimiento hasta tres horas por día en Caracas. Más allá de que Santos esté en retirada: el 7 de agosto asume la presidencia Iván Duque, aupado por el controvertido senador y expresidente Álvaro Uribe.

En medio del barullo, el grupo opositor Movimiento Nacional Soldados de Franela se atribuyó el ataque en su cuenta de Twitter, creada en marzo de 2014. Dejaron constancia: “La operación era sobrevolar 2 drones cargados con C4 el objetivo el palco presidencial, francotiradores de la guardia de honor derribaron los drones antes de llegar al objetivo. Demostramos que son vulnerables, no se logró hoy, pero es cuestión de tiempo”. Se trató, en principio, de la “Operación Fénix”, supuestamente respaldada por la Constitución en un país cuyos militares dominan ministerios y, en teoría, participan de la corrupción.

Maduro no sólo cerró una semana signada por el giro económico, sino también por la ratificación política. En el IV Congreso del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, capitalizado por Diosdado Cabello, su virtual sombra del poder, Maduro recibió poderes plenipotenciarios. Una forma de ensimismarse aún más frente al aislamiento internacional; el éxodo de venezolanos por las carencias y las arbitrariedades; las sanciones económicas contra los jerarcas del régimen, y la posibilidad de ser juzgados por delitos de lesa humanidad. De victimarios a víctimas hubo apenas dos drones abatidos.  O una conspiración internacional. O una rebelión militar. Quizá, quizá, quizá.