El juez federal Claudio Bonadio se niega a compartir las declaraciones que varios de los arrepentidos hicieron en la causa de los cuadernos para ser utilizada en otras investigaciones de corrupción.

La respuesta de Bonadio fue por escrito a varios jueces federales y de otros fueros que le habían solicitado poder acceder a las declaraciones de varios arrepentidos en su causa, pues por primera vez muchos lo hicieron ya sea empresarios que manejan la obra pública en la Argentina así como exfuncionarios del kirchnerismo.

Los pedidos que recibió el magistrado por parte de otros jueces no tienen el objetivo de utilizarlos en contra de quienes declararon bajo la ley del arrepentido o técnicamente imputados colaboradores, sino para producir prueba.

Esto es que a partir de información que brindó algún arrepentido en el juzgado de Bonadio puede ser utilizada para realizar nuevas medidas de prueba por otros jueces y permitirles avanzar en sus respectivas causas.

Sucede que muchos de los imputados colaboradores que aportaron información y confesaron delitos en lo de Bonadio, ya sea como el caso de Carlos Wagner, ex presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, o Angelo Calcaerra, ex IECSA, al presentarse a declarar en la causa Odebrecht negaron irregularidades pese a coincidir el momento histórico y los funcionarios del momento.

Es más, fue Wagner quien al presentarse en indagatoria ante el juez Sebastián Casanello por la sospecha de sobornos y sobreprecios en las obras que AySA hizo en la planta potabilizadora en Zárate y Berazategui negó haber cometido delito alguno e incluso pidió que no se tenga en cuenta para nada la información que brindó y la confesión de ilícitos que días antes había hecho en lo de Bonadio por el caso Cuadernos.

Varios jueces consultados por la agencia Noticias Argentinas explicaron que las solicitudes hechas en lo de Bonadio no tienen como fin la de utilizar la declaración de los arrepentidos en su contra en otras investigaciones, pues eso sería violar el derecho de defensa, pero sí para tener indicios que permitan avanzar en las otras causas.

"En relación a los pedidos de copias ya realizados o que pudieran realizar los diferentes juzgados del fuero, respecto a las declaraciones de los imputados en los términos de la ley 27304, no se hará lugar pues el acuerdo celebrado fue en el marco de las presentes actuaciones y sólo pueden ser utilizados en los hechos allí investigados", fue la respuesta de Bonadio a sus pares ante los pedidos hechos.

La ley 27.304 es la que regula la figura del imputado colaborador y que prevé una reducción en la condena que eventualmente puedan recibir quienes brindaron información certera, pues de mentir bajo ese acuerdo pueden exponerse a penas de hasta 10 años de prisión.

"Cabe resaltar que los imputados declaran en los términos de la ley mencionada con el fin de conseguir un beneficio en estas actuaciones, así su uso en otros expedientes donde estén imputados va en contra de la norma y afectaría su derecho de defensa", aclaró el juez Bonadio.

Uno de los jueces que pidió acceder a la declaración de los arrepentidos fue Casanello, pues él también investiga a Wagner y el empresario Aldo Roggio en el caso Odebrecht, y lo propio Marcelo Martínez de Giorgi quien también tiene en la mira a la constructora brasilera por supuesto pago de sobornos y sobreprecios en la obra del soterramiento del tren Sarmiento.

Muchos de los arrepentidos que se presentaron en lo de Bonadio brindaron información y lo hicieron supuestamente sin mentir sobre sus dichos, pues ello los expone a penas por infringir el acuerdo, pero en paralelo esos mismos acusados que son citados en otras causas sí tienen la posibilidad de mentir pues lo hacen en indagatoria.

De esta manera, un imputado se presenta en lo de Bonadio y declara bajo juramento de verdad pero pisos arriba o abajo en otros juzgados de Comodoro Py sí tienen la posibilidad de mentir sin consecuencia alguna.

Algunos de los investigadores consultados aseguran que es el Ministerio Público Fiscal el que debería coordinar para lograr un acuerdo en el que un arrepentido acceda a declarar como tal en las múltiples causas en las que es investigado, y de esta forma no dar lugar a contradicciones o vicios del sistema del que se benefician los acusados.

Un ejemplo de ello es lo que ocurrió en Brasil con el Lava Jato donde fue el Ministerio Público Fiscal el que hizo las distintas delaciones premiadas con los arrepentidos para que declaren como tal en las múltiples investigaciones.

En Argentina, indican los especialistas, es que el Ministerio Público Fiscal no actúa de forma coordinada sino que "cada uno juega su partido" y eso permite justamente el aprovechamiento de los imputados para favorecerse de las fallas del sistema.