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Diego Santilli es vicejefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo cual implica que, según el art. 71 de la Constitución de la Ciudad, es la máxima autoridad de la Legislatura porteña.
De este modo, y pese a que excepcionalmente, tiene la función de suplir al Jefe de Gobierno en su ausencia, está claro que es un integrante del Poder Legislativo. A tal punto esto es así que se la carta magna local le reconoce las siguientes facultades: conducir los debates, tener iniciativa legislativa y votar en caso de empate.
El principio de división de poderes exige que estén diferenciados quienes ejercen funciones en cada poder. Por esa razón, no puede Santilli continuar siendo vicejefe de Gobierno y asumir la conducción del Ministerio de Seguridad. O es máxima autoridad del Legislativo o es un empleado a las órdenes del Poder Ejecutivo.
Más allá de la discusión sobre si Santilli tiene o no trayectoria como para desempeñarse en materia de seguridad, dado que ni su profesión de contador ni su trayectoria política lo acreditan, preocupa que en lo más alto del poder de la Ciudad no exista apego a principios básicos del derecho constitucional. Y preocupa, también, una prensa y una oposición anestesiadas que naturalizan una situación inadmisible.
Del mismo modo que se aceptó pasivamente, salvo contadas excepciones, que miembros electos por el Congreso para el Consejo de la Magistratura de la Nación, no contaran con los requisitos constitucionales.
¿Vale todo? ¿Esto no es parte del cambio? ¿Cuál es el interés de dejar sentados precedentes que minan la institucionalidad de uno de los distritos más importantes del país?
No vivimos en un país perfecto, y menos en lo referente a la calidad de sus instituciones. Las conductas de los dirigentes, además de conducirnos, sirven para hacer docencia. Y la conducta exhibida hasta ahora por Santilli y por quien lo ha nombrado, Horacio Rodríguez Larreta, no sirve para explicarle a un chico en edad escolar, a un futuro ciudadano, en qué consiste la división de poderes.
Y no sirve para explicarle a un simple ciudadano que quien tiene la tarea de velar por nuestra seguridad, arranca violando la Constitución. Sólo por eso debería renunciar. Al menos a uno de los dos cargos.
