En las últimas horas se ha instalado una fortísima discusión en torno al protocolo de actuación de utilización de armas de fuego, por parte de las fuerzas federales de seguridad.

Este reglamento, del cual surge un análisis que obedece al abordaje de una situación muy discutida en la Argentina. Donde nadie en el anterior gobierno, tuvo la valentía de discutir, aun en años en los cuales los números de funcionarios policiales muertos en acto de servicio treparon a niveles más que alarmantes, haciéndose habitual enterarnos sobre el fallecimiento de los encargados de cuidar la seguridad pública.

Es dable decir que el reglamento de utilización promovido por el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich da por tierra viejos conceptos que aumentaban altamente la peligrosidad para el personal policial en el ejercicio de sus funciones.

Realmente era lógico que aquellos amantes de la justificación injustificada de quien sabe que derechos humanos de los que agreden sin motivo el tejido social y que cuando atacan al ciudadano poniendo en peligro su integridad, cercenando familias, arruinado vidas, dejando hijos sin padres y padres sin hijos, atentando contra las personas ya sea por la ventaja de quien no tiene nada que perder y que no le importa hacer daño, siendo su única finalidad imponer su voluntad de apoderamiento de la vida los bienes y la dignidad de aquellos que son ciudadanos de bien, entre los que se encuentran como primer respondedor los funcionarios policiales. No les importa.

Pretender que el policía que se encuentra circunstancialmente frente a delincuentes con arma en mano se identifique como tal esperando a que le efectúen un disparo para poder responder condenándolo al suicidio ya que, en un enfrentamiento armado, donde casi siempre el funcionario se encuentra en inferioridad de condiciones un segundo tiene el peso importante que hace la diferencia entre la vida y la muerte del funcionario.

Imponer la ventaja táctica al funcionario, no es violar el derecho humano del delincuente, es simplemente poner las cosas donde deben ir, es cuidar a quienes nos cuidan y que con una hidalguía encomiable son capaces de entregar su vida por cualquiera de nosotros, los ciudadanos de bien, que trabajan, estudian y respetan el ordenamiento legal.

Se escucha permanentemente un reduccionismo absurdo en el que dicen algunos que se creen expertos que ahora las fuerzas federales tienen permiso de matar por la espalda y nada está más lejos de la verdad.

El policía no pretende matar, solo pretende desactivar y hacer cesar una situación de peligro para terceros y para sí mismo, en la que se ve obligado a actuar ya que responderá de no hacerlo ante la justicia por el incumplimiento de sus deberes y ante la institución a la que pertenece por la debilidad moral expuesta en la omisión del lógico accionar al que lo obliga su estado policial. Si un delincuente escapa de un hecho y sigue en posesión del arma que utilizó en el hecho del cual huye, seguramente provocará lesiones o muerte de cualquier persona que se cruce en su camino de fuga ya que la tomará de rehén o la amedrentará con el arma para despojarla de su vehículo para poder huir.

Si no le damos esta potestad al policía es nuestra responsabilidad como sociedad, haber permitido que el delincuente en su huida cause un daño que no podemos mensurar. El delito es una escalera ascendente, nunca descendente, es obligación del funcionario desactivar al delincuente y ampararlo en el estado de necesidad, es una responsabilidad de las autoridades superiores del estado, que tienen la obligación de plantear las normas de conducta para desalentar el crecimiento de la escala criminal y la peligrosidad de los autores de estos delitos violentos.

Por último, realmente es muy destacable la actitud de la Ministra de Seguridad de la Nación, quien con una gran honestidad política y con una gran vocación de cuidar a aquellos que nos cuidan, ha salido a enfrentar los mal intencionados o por lo menos obtusos intereses de aquellos que siguen pensando que el paradigma policial es el mismo de los años 70, siendo que las fuerzas federales han demostrado en numerosas oportunidades compromiso con la sociedad, que cuida y respeta.

Son las mismas fuerzas federales que separan a aquellos funcionarios corruptos y es prueba de ello el éxito que están teniendo las pruebas de confianza policial que el Ministerio de Seguridad realiza en forma permanente y sorpresiva, sin importar jerarquías y puestos de poder.

Luis Alberto del Valle Weckesser
Licenciado en Seguridad Portuaria Major en Antiterrorismo
Atlantic International University Usa