Luego de dilatar el derecho a una niña de 12 años violada que había solicitado junto a su madre la interrupción legal del embarazo (ILE), contemplada en el Código Penal desde 1921 para casos de abuso sexual y practicarle una cesárea, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, defendió el accionar llevado adelante, y aseguró que “se cumplió totalmente con el protocolo”, siendo que ahora afirma dichos insólitos que violan por completo lo que establecen todos los protocolos de adopción.

Como en la época del feudalismo, Morales afirmó que existe “una familia importante” de la provincia que está interesada en la adopción de la beba, luego la cesárea impuesta contra la voluntad de la niña.

Las afirmaciones de Morales pasan por encima de la ley de adopción en Argentina, que establece como requisito para ser adoptante la inscripción en el Registro de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos. Luego de ese paso, comienza la evaluación realizada por un equipo técnico que determinará la idoneidad jurídica, médica, psicológica y socio-ambiental de los postulantes para poder ingresarlos a la “Nómina de Aspirantes”. Momento donde se procede a abrir el legajo correspondiente.

Sin embargo, para Morales hay “familias importantes” (léase poderosas) por las que se podría hacer una excepción a la ley. Parece raro decirlo, pero pasar por encima de la ley es... sí, ilegal, y que lo respalde un gobernador es inadmisible.

Directamente, Morales desconoce que pasar por encima del sistema de adopciones y que una familia elija un bebé como si fuera un objeto -o peor, una serie de Netflix- es literalmente robo de bebés.

Decenas de artículos ha escrito en este medio el colega Julio César Ruiz sobre robo de bebés en democracia en el norte argentino, amparado por hospitales, políticos y jueces poderosos y otras “familias importantes”, con el mismo modus operandi, hace años. Aún nada sucede.

Que el Estado obligue a una niña o mujer a continuar un embarazo en condiciones amparadas por la ley y ratificadas por la Corte Suprema, es lo más cercano a la tortura y eso es un crimen de lesa humanidad.

Que el mismísimo gobernador de Jujuy exprese públicamente que para "subsanar" esa tortura va a promover el robo de un bebé hace preguntarse por qué aún sigue en su cargo.

Y no es el único con la idea de apropiarse ilegalmente de bebés, entre la población que quiere “salvar las dos vidas” a fuerza de secuestro, ese pensamiento atroz también está presente.

Sí, en pleno siglo 21 estas cosas continúan siendo una práctica común en algunas zonas del país.  Tratar un ser humano como si fuera mercadería, y "darlo" como quien da un perrito que encontró en una caja de cartón en la calle. "Saltear todo el papelerío engorroso" como si fueran papeles que hay que firmar para sacar préstamo. Un perverso nivel de egoísmo, ahora avalado oficialmente.