La Oficina Anticorrupción (OA) solicitó la elevación a juicio oral de un segundo tramo de la causa que investiga el presunto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz en favor de las empresas pertenecientes al grupo encabezado por el detenido Lázaro Báez.

En el marco de ese expediente, ya se encuentra pronto a comenzar un primer proceso, que tiene como fecha de inicio el 21 de mayo próximo, con la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, y los detenidos Julio De Vido, José López y Lázaro Baéz, entre otros, en el banquillo de los acusados.

Según informó el organismo encabezado por Laura Alonso, ahora la OA pidió que también se eleve a la instancia de juicio oral y público un segundo tramo del expediente, con otros cinco ex funcionarios como imputados.

Se trata de Carlos Alonso, quien cumplió funciones en el cargo de subadministrador general de Vialidad Nacional; Sergio Passacantando, ex gerente de administración de la Dirección Nacional de Vialidad; Sandro Férgola, ex gerente de Obras y Servicios Viales; Jorge Gregorutti, también ex gerente de Obras y Servicios Viales; Gustavo Gentili, ex titular de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control; y Fernando Abrate, también ex gerente de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control.

Además, según lo informado por la Oficina Anticorrupción, en su pedido de elevación a juicio también solicitó la inclusión de uno de los hijos de Lázaro Báez, Martín Báez, como imputado por parte del sector privado.

En este expediente, que instruye en el juzgado federal a cargo de Julián Ercolini, se investiga la “planificación y ejecución de una serie de actos concatenados concebidos para beneficiar a Lázaro Antonio Báez con la adjudicación irregular y sistemática de contratos de obra pública vial en la provincia de Santa Cruz, los que como contrapartida perjudicaron los intereses económicos del Estado Nacional”.

En su pedido de elevación a juicio de un segundo tramo de la causa, la OA recordó que la maniobra investigada comenzó con “la formal conversión de Lázaro Báez, quien se desempeñaba como empleado del Banco de Santa Cruz -con categoría impositiva de monotributista-, en empresario de la construcción, de modo tal de poder ser adjudicatario de las contrataciones de infraestructura del Estado”.

En tanto, en noviembre de 2017, cuando la OA solicitó la elevación a juicio de una primera parte del expediente, había argumentado que, en su gestión, la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner había "continuado con las acciones de su antecesor, Néstor Kirchner, de dotar a la Dirección Nacional de Vialidad de elevados recursos económicos que luego, en gran medida, serían canalizados a través de la agencia vial de la provincia de Santa Cruz para beneficiar irregularmente a las empresas del grupo Báez con fondos del organismo nacional”.

Además, había señalado como uno de los pasos "para consumar la maniobra disvaliosa" el hecho de haber dotado a la Dirección Nacional de Vialidad "de mayor cantidad de fondos que en otros ejercicios", luego delegados a la Administración General de Vialidad Provincial.

“Los procesos licitatorios de las obras se caracterizaron por la presencia de múltiples irregularidades que, en definitiva, no hacen más que demostrar que el propósito final de todo este proceso era favorecer a las empresas de Báez”, concluyó el organismo encabezado por Laura Alonso en su requerimiento de elevación a juicio.

Este proceso oral y público será el primero que la ex presidenta y actual senadora nacional Cristina Fernández de Kirchner enfrentará, en su calidad de procesada como supuesta jefa de una asociación ilícita que benefició a las empresas del grupo Báez con la adjudicación del 85 por ciento de la obra pública en Santa Cruz.