El presidente Mauricio Macri y la dirigencia de la Sociedad Rural Argentina coincidieron este sábado en la necesidad de terminar en 2020 con la aplicación de los derechos de exportación, más conocidos como retenciones, tal como el propio Gobierno se comprometió en septiembre del año pasado, cuando se las reimplantó por las urgencias fiscales del momento en forma provisoria.

Pero el propósito oficial y el reclamo sectorial chocan con una realidad más prosaica que los criterios de justicia tributaria y de impulso a la competitividad del sector rural: el peso que las retenciones ganaron dentro del total de la recaudación tributaria las convierte en un gravamen difícil de eliminar sin consecuencias en el plano fiscal, más allá de los calificativos que se pronuncien en los actos de ocasión. Después de todo, es difícil encontrar en la historia reciente (y no tan reciente) algún período sin “urgencias fiscales”. Y lo que es peor, con impuestos “provisorios” que esas urgencias transforman en permanentes.

Un simple repaso de las planillas de recaudación que mes a mes da a conocer la Secretaría de Hacienda a través de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) permite comprobar la importancia de las retenciones para el fisco, mucho más en tiempos signados por la necesidad de cerrar un año con equilibrio primario (o al menos cercano a él) e incluso mejorar ese desempeño en 2020 con un superávit del que no se tienen noticias desde hace una década… precisamente en tiempos de retenciones.

Desde que se tiene memoria, la estructura tributaria argentina no está diseñada siguiendo criterios de justicia y equidad sino de urgencia y facilidad para recaudar. Eso se puede comprobar con la imposibilidad desde hace más de un cuarto de siglo de eliminar o al menos reducir la carga que representa el Impuesto sobre los Ingresos Brutos en las arcas provinciales. Economistas, tributaristas, empresarios y hasta las propias autoridades de las provincias reconocen el carácter distorsivo y retrógrado de ese impuesto, que se aplica en todas las etapas de la cadena de producción y comercialización en forma acumulada, con las consecuencias conocidas en los costos de producción y en los precios al consumidor.

Sin embargo, Ingresos Brutos sigue gozando de buena salud por una razón que por estos tiempos parece superior a cualquier estudio del más capacitado de los especialistas. Es el impuesto que encabeza por lejos la recaudación propia de cada uno de los 24 distritos y su reemplazo por otro gravamen menos distorsivo es un desafío que ninguna administración provincial se animará a llevar a cabo sin una garantía del Estado nacional.

Las retenciones corren el riesgo de convertirse en una dificultad similar para una administración federal urgida por presentarle a fin de año al FMI cuentas que en el peor de los casos muestren un déficit primario no mayor al 0,5% del PBI. Esto implica reducirlo en más de 2 puntos porcentuales respecto del año pasado, en un contexto recesivo en el que la recaudación lleva trece meses con aumentos nominales inferiores a la inflación. Y esa brecha respecto de los precios al consumidor sería mayor sin el aporte de las retenciones. Sin ir más lejos, si se las excluyera del cálculo, el 53,4% de incremento interanual de la recaudación de julio se reduciría a 47,1%. No es para menos, esos porcentajes empalidecen al lado del 298,7 de crecimiento de los derechos de exportación en doce meses.

Ese incremento desmesurado obedece a que en julio de 2018 las retenciones todavía no estaban generalizadas. Se circunscribían al complejo sojero y fue a partir de septiembre de ese año que volvieron a aplicarse a todas las exportaciones de bienes y, luego, también de servicios. Se descuenta que a partir de septiembre los aumentos interanuales serán más modestos y condicionados por la suba o la baja del volumen exportado, así como los precios valuados en dólares pero, a la hora de trasladarlos a la recaudación, expresados en pesos. Pero es precisamente esa diferencia abismal entre los dos julios la que pone en evidencia la dificultad para eliminarlas, en lo que constituye la enésima edición del clásico argentino entre las áreas fiscal y productiva en permanente tensión.

La comparación entre el peso proporcional de las retenciones en la recaudación global antes y después de su reimplantación es un dato insoslayable a la hora de planificar su desactivación en el 2020. El promedio de los cinco meses anteriores a su restablecimiento era del 2,82% del total de los ingresos tributarios informados por la Secretaría de Hacienda. En los once meses que van hasta el momento luego de su regreso, el valor se duplicó y llega al 5,63%. Podría tratarse de porcentajes exiguos en una economía con altas tasas de crecimiento y sin apremios de caja. No hace falta aclarar que no son precisamente esas las características de los tiempos que corren.

La convicción de Macri y sus funcionarios del área económica es la de volver a derogar las retenciones como ya hiciera en diciembre de 2015, en una de sus primeras medidas poco después de asumir la Presidencia. Y esa convicción se refuerza ante la necesidad de contar al sector agropecuario y a los exportadores en general como aliados en la presente campaña electoral. Pero para alcanzar ese propósito debe resolver un dilema de hierro: ¿Cómo resignar los ingresos por retenciones en tiempos en los que se cuentan las monedas para cumplir con las metas fiscales de las que depende la continuidad de la asistencia financiera del FMI?

Urgidos por las estrecheces fiscales y financieras, todos los gobiernos terminan haciendo lo que pueden antes que lo que quieren. Y más allá de los discursos y propósitos, la necesidad tiene cara de equilibrio fiscal. Marcelo Batiz