La Corte Suprema de Justicia nació a partir de la ley Nº 27 el 18/10/1862, recién asumido como presidente de la Nación Argentina, Bartolomé Mitre. El 25/8/1863, por ley Nº 48, la Corte debía, de ahí en más, aprobar “cuestiones federales”, para “establecer doctrina constitucional”.

La Corte empezó a funcionar como tal, el 11/10/1863. Estaba formada por 5 miembros, como hoy. Desde su nacimiento hasta ahora, la Corte ha cambiado el número de sus integrantes, la edad del retiro y otros ítems, lo que siempre mantuvo fue su prescindencia en tiempos electorales.

Perdidas las PASO, el Ejecutivo se apresura a tomar medidas para paliar la crisis económica. No hubo tiempo para consultar a las provincias y por DNU se dispuso rebajar el IVA a 14 alimentos esenciales y el aumento del 20% del mínimo no imponible del impuesto a las ganancias.

Quince provincias peronistas apelaron a la Corte para que la Nación no les redujera la coparticipación. Es curioso pensar que gobernantes PJ que declaran amar, proteger y ayudar a los pobres, se nieguen a rebajar el IVA de la comida de gente que lo necesita y de la clase media acogotada.

Por curioso que sea, los gobernadores consiguieron que la Corte fallara, a derecho, porque el fallo es justo, en un tiempo electoral, algo totalmente fuera de norma. En 146 años nunca había sucedido. La Corte, en fallos que implican hechos políticos, falló siempre al finalizar un mandato.

Una clara intromisión de un Poder en otro. Algo que prohíbe la Constitución y lo cometen los supuestos guardianes de la Constitución. Que eso deberían ser los jueces de la Corte. Obviamente, no lo son. Entre los miembros de la Corte hay dos jueces reconocidamente peronistas.

Se trata de Juan Carlos Maqueda, afiliado al partido justicialista, propuesto por Eduardo Duhalde como miembro de la Corte. Horacio Rosatti, fue ministro de justicia de Néstor K entre 2004 y 2005, afiliado al PJ. En cuanto a Ricardo Lorenzetti, fue propuesto por Néstor K, por consejo de Cristina.

En un cuerpo colegiado de 5 personas, 3 son mayoría. A eso hay que sumar el voto de Elena Highton de Nolasco, que siempre vota de acuerdo con la mayoría. El presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz votó en disidencia. El fallo es correcto, los tiempos son muy incorrectos.

Un ciudadano tiene el sagrado e inalienable derecho de votar por quien se le antoje. Por eso el voto es secreto. Un ciudadano tiene la libertad de hacer conocer sus preferencias políticas si así le place. Un juez no debe, no puede. A pesar del intendente de Areco, un juez no debe ser militante.

El hecho de serlo desvirtúa completamente su función de juez. El poder judicial es el fiel de la balanza del poder del Estado, tercia entre el poder Legislativo y el poder Ejecutivo. Como dueños del Derecho, no tienen derecho a inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Han de ser justos.

Este fallo, le cuesta al Ejecutivo Nacional $34.000 millones. Que muy probablemente no tiene. Entonces deberá darle a la maquinita, fabricar billetes cada vez con menos valor y echarle leña al fuego de la inflación. Todo eso porque la Corte no permitió que por 3 meses las provincias renunciaran a parte de su coparticipación.

En tiempos de Cristina, las provincias peronistas, mayoritarias en el país, no recibieron la coparticipación que merecían y necesitaban. Nunca protestaron. Salvo San Luis. Con Cristina no se animaban. Hoy, como hay República y se cumple con la Constitución, se protesta. La Corte ayuda.

Mientras, los pobres que pasen hambre, total ya votaron la ley alimentaria. Que la pequeña clase media que vive de un sueldo pague más impuesto a las ganancias, los gobernadores de las provincias PJ no quieren renunciar a sus impuestos. Las quintitas no se tocan. La gente no importa.