Franco Lindner no necesita presentación, es uno de los periodistas que mejor sabe decodificar la política vernácula. Editor de revista Noticias y autor de libros de alta relevancia, como "La cabeza de Macri" y "Los amores de Cristina", ahora ha decidido avanzar en un tópico que sorprende a propios y ajenos: la relación entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández.

¿Cómo piensan compartir el poder? O mejor dicho, ¿piensan compartirlo? ¿Quién se impondrá en la inevitable guerra que viene? ¿Cómo fue que se conocieron a espaldas del marido de ella, el último en integrarse al triángulo? ¿Por qué en el pasado él tuvo que enfrentarse a Kirchner para que ella no renunciara al gobierno? ¿A qué se refería el nuevo Presidente cuando, enemistado con su ahora vice, aseguraba que Cristina tenía «una enorme distorsión de la realidad», vivía en «su mundo dual» y debía «recuperar la cordura»? Alberto avisa: «Ella sabe que no me puede manejar. Un día ya le renuncié y estuvimos diez años peleando». Cristina no se conforma con dejar de mandar.

Lindner descorre el velo de una relación en la que nada es lo que parece en su nueva obra «Fernández & Fernández». Y ha decidido "regalar" un anticipo al Post, uno de los más polémicos, ya que revela los vínculos de Alberto Fernández con puntuales magistrados que acumulan polémica y escándalo por sus vínculos con la última dictadura militar.

El marido de la madre de Fernández, Carlos Pelagio Galíndez, fue juez en el ámbito porteño. Se casó con ella cuando Alberto tenía 2 años. Y también él, impulsado por ese padrastro, actuó como auxiliar de varios magistrados.

El mediático abogado Mauricio D'Alessandro, quien conserva buenas relaciones en la Justicia de la Capital, me confirma:

-Uno de los jueces para los que trabajó Fernández fue Ramón Montoya, de un juzgado federal porteño. Estaba con los militares.

-¿Simpatizaba con la dictadura? -repregunto por las dudas.

-Sí -dice D'Alessandro-. Y la hermana de Alberto trabajaba con otro juez, de apellido Somoza, también con los militares.

-¿La hermana?

-Le decían «La Piky». Linda era.

D'Alessandro agrega que los dos jueces que trabajaban con los hermanos Fernández, Alberto y Sara Valentina, provenían del Sur del país.

Y aporta un último dato:

-El juez Somoza, además de procesista, era el novio de la hija de Albano Harguindeguy, el que fue ministro de Interior de Videla.

Galíndez, el padrastro juez de Fernández y de su hermana «La Piky», fue quien les consiguió trabajo en aquel ámbito, y a los jóvenes no les importaba demasiado que sus jefes fueran simpatizantes o hasta familia de los dictadores.

El mencionado Harguindeguy fue procesado por delitos de lesa humanidad.

Otro pinche que trabajaba en el Palacio de Tribunales recuerda las bromas que disparaba el solemne bigote del joven Alberto, que lo hacía parecer mayor.

-Lo cargábamos por eso -dice-. La broma interna era que se había dejado el bigote porque tenía labio leporino.

-¿Trabajaba para el juez Ramón Montoya? -le pregunto.

-Sí -responde con seguridad el ex pinche, hoy integrante del PJ porteño-. Uno que estaba con la dictadura.

En su libro Justicia Era Kirchner, los periodistas Pablo Abiad y Mariano Thieberger también hablan de la desconocida carrera judicial de Alberto. Mencionan al tal Montoya. Y agregan otros nombres. Dicen: «Alberto Fernández no tenía bigote cuando empezó a trabajar en Tribunales. Recién cursaba el primer año de Derecho en la UBA y su padrastro, el defensor oficial Carlos Pelagio Galíndez, lo recomendó como pinche en el juzgado Correccional letra "I", en la calle Lavalle al 1600. El lunes 20 de septiembre de 1977, a los 18 años, se presentó de saco y corbata ante el juez Eduardo Sabattini. Coser expedientes fue su primera tarea. Con él entró a trabajar su hermana Sara Valentina, "Piky", que ejerce la abogacía de manera privada. Después de dos años, Alberto fue ascendido a la categoría de auxiliar de tercera en el juzgado de Instrucción número 12; dos años más tarde, a auxiliar de sexta en el juzgado 4. Y en junio de 1981 pidió el pase a la Justicia federal porteña para desempeñar, aunque con el mismo cargo, actividades más importantes junto a Ramón Montoya y Fernando Mántaras, jueces que hicieron carrera durante la dictadura. Fernández se recibió en 1983 y en marzo del año siguiente renunció a su puesto. Ya era profesor ayudante en una cátedra de Derecho Penal». Se refieren a la de Righi.

Es decir, Alberto estuvo con Montoya y su colega Mántaras entre 1981 y 1984. Y no solo estuvo: pidió estar.

Tal vez porque pensaban parecido.

Dicen los autores sobre Fernández en el mismo libro: «La secretaria de un camarista lo recuerda como un muchacho tranquilo y eficiente al que cada tanto se le escapaba alguna acotación un poco gorila».

Hay una breve alusión a Montoya en el libro Fuimos soldados, del historiador Marcelo Larraquy, un especialista en la violencia de los 70. Habla de un atentado de la guerrilla de Montoneros contra el empresario Francisco Soldati, en noviembre de 1979. Soldati termina muerto, pero también tres montoneros, a quienes les estalla un explosivo en las manos. Los dos que quedan vivos son arrestados, aunque nunca vuelve a saberse de ellos. Desaparecen. Sus nombres no están en las crónicas de los diarios, ni tampoco en el expediente judicial, a cargo de Montoya. Solo hay una alusión: «A raíz de un tiroteo con fuerzas de seguridad fueron abatidas tres personas, dos del sexo masculino, y resultaron con heridas de distinta consideración otras dos de diferente sexo».

El juez Montoya no indaga sobre su identidad ni su paradero. Se llamaban Patricia Ronco y Luis Lera y están en la lista de desaparecidos del Nunca Más.

Montoya también aparece mencionado en otro libro, El escuadrón perdido, de José Luis D'Andrea Mohr, un capitán retirado del Ejército que ayudó a investigar los crímenes del Proceso. El desaparecido en este caso es Juan Carlos Valle, evaporado en 1977. Dice el autor: «El hábeas corpus presentado ante el juez federal Ramón Montoya fue rechazado con el número 568/78».

El diario Buenos Aires Herald, el único que informaba sobre los casos y métodos del terrorismo de Estado, ese mismo año también habló de otro pedido de hábeas corpus rechazado por Montoya. Era el que solicitaba determinar el paradero de la adolescente de origen sueco Dagmar Hagelin, secuestrada por un grupo de tareas de la dictadura.

No, los hábeas corpus definitivamente no eran lo de Montoya.

El nombre del otro juez procesista, Mántaras, también figura en un libro sobre la misma temática. Lo escribió el dirigente frepasista y luego kirchnerista Eduardo Jozami y es un notable texto autobiográfico titulado 2922 días: Memorias de un preso político. Allí cuenta, además de sus siete años de encierro, cómo el magistrado en cuestión le rechazó un pedido de libertad condicional incluso en 1983, cuando ya la dictadura estaba en retirada. Escribe: «Como ya se respiraba un nuevo aire en el país y crecía la confrontación con los militares, hubiera podido pensarse que los camaristas buscarían mejorar su imagen». Y agrega, decepcionado: «No lo hicieron: el doctor Fernando Mántaras, presidente del tribunal, había actuado previamente en Santa Fe legitimando todos los procedimientos de la dictadura y, aun pocos meses antes de las elecciones, seguía siendo un orgánico del partido militar, como la mayoría de los jueces federales».

La actuación previa de ese juez en la provincia de Santa Fe tiene ribetes espeluznantes. Esto contaba Página/12, uno de los diarios favoritos de Alberto, en agosto de 2015: «El ex juez federal de la dictadura Fernando Mántaras era un orgánico del partido militar, y si viviera, estaría preso. Uno de sus laderos, Víctor Brusa, ya cumple dos condenas que se unificaron en 22 años de prisión por delitos de lesa humanidad. Y esta semana, el fiscal federal Walter Rodríguez pidió la indagatoria y detención del operador intermedio: el ex secretario del juzgado, Víctor Montti, quien era el segundo de Mántaras y jefe de Brusa. Lo acusó de haber judicializado declaraciones bajo tortura de catorce víctimas del terrorismo de Estado, no denunciar ni investigar los hechos y el "abandono agravado seguido de muerte" de una de ellas».

Además, un diario santafesino, El Litoral, recogió el testimonio de un ex secretario del juzgado federal de la provincia, Luis De Aguirre, al que Mántaras había cesanteado por considerarlo demasiado blando. De Aguirre le confirmó a la Justicia que el otro lo echó «por no apretar» a los interrogados. «El juez decía que había que apretar», reveló. Y definió a Mántaras como «un personaje nefasto», «un nazi» y «un militar frustrado».

Esos eran, según las fuentes citadas, los jefes del joven Alberto.

Con el regreso de la democracia, recordemos, Fernández abandonó aquellas compañías procesistas y pasó sin transiciones a ser ayudante de cátedra en la UBA del «Bebe» Righi, el ministro de Interior del peronismo en los 70, venerado por Montoneros.

Qué salto.