El conflicto sigue su curso. Evo Morales se va del poder detonando una bomba en el sistema político. La denuncia que hizo sobre un “golpe” no tienen tanto asidero en la realidad,como sí en la intención desnaturalizar y desacreditar al ecosistema político que surgirá de las próximas elecciones. Algo así como “si no estoy no es para nadie”.

Básicamente, va a decir que si no le permiten participar, el que gane no va a tener legitimidad, porque él fue proscripto. Y en realidad, la Constitución es la que no le permite.

De acuerdo con la ley de Acefalía boliviana Jeanine Añez Chavez sería la senadora a quien le correspondería asumir como presidenta interina y convocar a elecciones en 90 días, para que el país retome su curso normal. Es la segunda vicepresidenta del Senado. La Constitución de Bolivia obliga a que la Asamblea legislativa le acepte la renuncia al presidente y su vice, en caso de producirse. Técnicamente, Morales sigue siendo primer mandatario hasta que le sea aceptada su dimisión por el Congreso.

La situación es parecida a la ocurrida en Argentina en 2001, con la caída de De la Rúa y los 5 presidentes en una semana. Algunos calificaron aquello como “golpe de Estado”, pero en realidad lo que hubo fue un vacío de poder potenciado desde organizaciones sociales y el peronismo. La diferencia es que los militares argentinos de entonces no emitieron opinión y vieron todo por televisión desde los cuarteles.

En Bolivia ha existido un pronunciamiento de los militares. Una “sugerencia” a Morales de que renuncie. Sugerencia que también se puede interpretar como la negativa de las fuerzas de seguridad a reprimir las protestas callejeras. Tan solo parece una especie de llamado sutil del “partido militar”. Una señal de que ahí están, como lo están en Venezuela.

Morales podría haber convocado a elecciones y terminar su mandato. Tendría que haberse bajado como candidato aceptando la regla de juego básica del sistema, que le indica que su período concluyó. El MAS tendría que haber proclamado un candidato y presentarse. Todo eso implicaría institucionalizar el proceso político de Bolivia y que la izquierda reconociera la alternancia en el poder.

Pero han optado por vaciar el sistema. Lo que lleva a la conclusión de que si Evo no se puede presentar y es derrotado en elecciones, la izquierda no reconocerá lo que surja después en Bolivia. Pero eso también sería insuficiente. Aún así buscarían argumentos para desconocer a un próximo presidente que no sea del MAS. Denunciarían fraude o una conspiración de los medios de comunicación. La idea es profundizar la lucha contra “la derecha neoliberal”.

Lamentable Puebla

El grupo de Puebla que se ha reunido en Buenos Aires en estos días ha mostrado un papel lamentable y triste. Peligrosamente parece comprar los argumentos de Evo Morales. Sale en defensa del renunciado mandatario boliviano aceptando la teoría del “golpe de Estado”, lo cual tiene como consecuencia el desconocimiento de la validez y legitimidad de la oposición boliviana, porque bajo esta mirada es “golpista”.

El Grupo de Puebla calificar de “errores” a todos los movimientos de Morales destinados a quebrar la institucionalidad de su país, pero define rápidamente como “golpe” a la sugerencia militar.

Macri/Alberto

El gobierno de Mauricio Macri ha tenido una posición prudente. Se pronunció formalmente por las instituciones democráticas, pero buscó evitar considerar a Evo Morales como una víctima del conflicto. Lo hizo a través de un comunicado de la Cancillería.

La idea no ha sido la de avalar la teoría del golpe, para no descalificar a la oposición boliviana. El tema fue conversado con Alberto Fernández. El presidente electo le mandó mensajes de Whatsapp para pedirle que brinde asilo político a ex funcionarios del gobierno boliviano. Macri no le hizo caso, en principio.

El asilo lo dio México con López Obrador. Pero según trascendió, un ex ministro de Morales estaría en le embajada argentina a donde concurrió alegando que teme por su vida.